Cualquiera que sea el resultado de la votación del impeachment a la presidenta Dilma Rousseff el próximo domingo, un solo pronóstico probará ser cierto: la política brasilera terminará este episodio en peores condiciones de las que estaba cuando comenzó.
Es bueno aclarar que, a diferencia de lo que sostienen los petistas más compenetrados, el impeachment no implica un golpe. Es un proceso previsto en la Constitución brasilera. Es cierto, de todas formas, que las acusaciones contra Dilma son frágiles. Si gobernadores, intendentes y otras autoridades electas fueran juzgadas por irresponsabilidad fiscal con el mismo rigor que le cabrá a la presidenta, quedarían muy poco políticos en Brasil. También es ingenuo el argumento que sostiene que el impeachment requiere la comisión de un delito de responsabilidad fiscal comprobado. ¿Alguien acaso ha visto parlamentarios investigar en serio —quien diría más, probar—, cualquier cosa que fuese, en cualquier lugar del mundo? El hecho de que exista un mecanismo constitucional que permita al Parlamento destituir al presidente indica que este sea, claramente un proceso político. Si cae, Dilma habrá perdido la guerra política.
Si el impeachment de Dilma no es un golpe, tampoco se trata de un repentino acto de conciencia de los impolutos parlamentarios brasileros, guiados por el propósito de poner fin a la corrupción en el país. Los 35 honorables diputados investigados o procesados que integraron la comisión que aprobó el proceso de impeachment no parecen haber atravesado una súbita modificación de su personalidad en los últimos meses.
Entonces, si el impeachment no es ni golpe ni combate a la corrupción, ¿qué es? El impeachment es, como sucede siempre en la política, un cúmulo de intereses vernáculos. Muchos de los congresistas que votarán el impeachment —entre ellos el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha— sueñan que la caída de la presidenta devolverá la calma a las calles, llenas de gente indignada por una economía moribunda y denuncias de corrupción. Esperan, de este modo, sacar la operación Lava Jato del horno y colocarla en el congelador. Otros tantos no quieren perder un futuro puesto en el gobierno del hoy vicepresidente Michel Temer, mientras que otros intentan protegerse de la ira de un electorado frente al que deberán comparecer en las próximas elecciones municipales de fin de año.
Ese electorado está realmente furioso. Aun cuando las encuestas de opinión pública del último mes muestran una disminución en la desaprobación de la gestión del gobierno de Dilma (probablemente por un estancamiento de la inflación), 61% de los brasileros esperan ver caer a la presidenta. La opinión publica no es el principal motor para lograr los votos a favor del impeachment, aunque su respaldo es fundamental para que el proceso se pueda llevar a cabo.
De ser aprobado por la Cámara de Diputados, el proceso deberá pasar todavía por el Senado. Aún así, a esa altura ya será evidente que la presidenta perdió la capacidad de gobernar, y Temer estará sentado en el sillón, pluma en mano. Con la consumación del acto, no habrá senador interesado en oponerse a una fuerza política que ha probado ya poseer más de dos tercios de apoyo en la Cámara.
Ningún Congreso sería capaz de voltear un gobierno con altos niveles de apoyo popular. Las multitudes que piden el impeachment lo hacen por causa de malas decisiones de la presidenta en materia económica, que minaron sus bases de apoyo en el electorado. La primera enseñanza que dejará el proceso de destitución de Dilma por el Congreso, ¿será algo así como que un mal gobierno no se cambia en las urnas, sino que se lo saca a la fuerza?
¿Y si ocurre un milagro y Dilma consigue frenar la destitución? Eso significará que haber transformado el Palacio de Planalto en un mostrador de almacén, donde se negocian cargos y apoyos parlamentarios a cambio de votos contra el juicio político, dio un resultado provechoso. Entonces, la moraleja será otra: Brasil consolidará la tradición de un presidencialismo rengo, en el que es necesario transar con Dios y con el diablo para no perder el cargo por falta de apoyo parlamentario.
Lucas de Abreu Maia | @lmaia
Periodista y estudiante de doctorado en ciencia política de la Universidad de California, San Diego.
[Traducción: Federico Irazabal, de la redacción de Diálogo Político]
