Más de 47.000 niños han sido detenidos desde octubre del año pasado por ingresar en forma ilegal a los Estados Unidos. Provienen principalmente de El Salvador, Honduras, Guatemala y México y la cifra ya duplica las 24.493 detenciones hechas durante todo el 2013. Para fin de año se espera que alcancen los 90.000 casos. Este aumento exponencial llevó al presidente Barak Obama a hablar de una “situación humanitaria urgente” y a tomar medidas inmediatas. Se ha creado un programa de apoyo para estos niños, con fondos de USD 2.000 millones, y se han abierto refugios de emergencia en bases militares de Oklahoma, Texas y California para apoyar al refugio existente en Arizona.
La magnitud del problema está fuera de discusión. El debate se centra ahora en la solución que se puede ofrecer a estos niños. Actualmente, se intenta ubicarlos en Estados Unidos con un familiar que se haga responsable de ellos mientras se desarrolla el juicio de deportación. Si esto no es posible, son trasladados a refugios de emergencia y quedan a cargo del Departamento de Salud y Servicios Sociales. Sin embargo, una vez que se termina el juicio no resulta claro qué sucede con quienes no cuentan con un familiar que los reciba en su país de origen. Ante esta situación, el gobierno de Honduras analiza presentar acciones legales, alegando que la deportación masiva de menores contraviene tratados internacionales. Por su parte, diversas organizaciones civiles están presionando a Naciones Unidas para que se declare el estado de emergencia en la zona fronteriza y se otorgue a estos niños el estatus de refugiados.
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