Abril de 2015 marca para Guatemala el inicio del llamado despertar ciudadano.[1] Desde entonces, especialmente los días sábado, se dan cita en la Plaza Central de Guatemala miles de personas; el objetivo inicial fue demandar la renuncia de las dos principales figuras del Organismo Ejecutivo y exigir el fin de los altos niveles de corrupción en las instituciones del Estado, a lo que se ha agregado la exigencia de reformar diversos cuerpos legales para garantizar la inclusión, representación y participación plena de la ciudadanía en la vida política, social y económica del país.
El escándalo público que estalló en abril al develarse una red de defraudación aduanera integrada por funcionarios de diverso nivel y personas particulares, dirigida por el secretario privado de la vicepresidenta de la República, generó una ola gigantesca de repudio y condena que no deja de producir energía y condiciona la actuación de funcionarios de los tres poderes del Estado, partidos políticos, candidatos a puestos de elección, medios de comunicación, etcétera. La ola se ha convertido en un tsunami político, con un epicentro muy preciso: las investigaciones realizadas coordinadamente por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP). Pasemos rápida revista a sus efectos más significativos hasta ahora.
La caída de la vicepresidenta sepulta al partido oficial
La vicepresidenta se vio forzada a renunciar al cargo al no poder enfrentar y solventar correctamente los diversos señalamientos de encubrimiento de los miembros de la red de defraudación denominada La Línea; principalmente porque el personaje señalado como la cabeza de la organización era su secretario privado. Además, sobre ella ya pesaban acusaciones e investigaciones periodísticas que la relacionaban con la adquisición de diversos inmuebles y otros beneficios, algo difícil de justificar a partir de su historial patrimonial.
Su renuncia profundiza la crisis política que vive Guatemala, al confirmarse el poder político que ella representaba, en muchos casos mayor que el del propio presidente. Su salida es producto de varios factores y no solo por la demanda ciudadana. El partido de Gobierno, del cual era secretaria general hasta hace algunos meses cuando fue obligada a dejar ese cargo por incompatibilidad con su función pública, comienza a quebrarse en su cúpula; ya no hay fidelidad, renuncian cuadros políticos reconocidos. Producto de la crisis, el partido pierde a su precandidato presidencial, y con él se caen las pocas posibilidades de una victoria electoral.
Las aguas llegan al presidente
La renuncia de la vicepresidenta deja al Ejecutivo sin estrategia para enfrentar la crisis y al presidente necesitado de completar el binomio presidencial para recuperar algo de tranquilidad y reflejar fortaleza.
Sin tiempo para recomponerse, el Ejecutivo es golpeado por un sucesivo escándalo de corrupción que estalla en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). El actor principal del escándalo había sido secretario privado del presidente, quien en su momento lo había respaldado para asumir la presidencia ejecutiva del Seguro Social. Este segundo escándalo ya no solo es de corrupción, pues implica elementos de responsabilidad penal y moral a causa del fallecimiento de afiliados al Instituto por falta de atención adecuada a su condición de enfermos renales.
Aún fresca la dimisión de la vicepresidenta como resultado de la presión ejercida por el movimiento ciudadano, el nuevo escándalo abrió la vía para que también se demandara la renuncia del presidente, con el argumento de que como cabeza del Ejecutivo él es responsable político de lo que está ocurriendo. Es tanta la indignación que algunos incluso llegaron a reclamar que también renuncie el recién nombrado vicepresidente.
En un intento de bajar la presión a que está sometido, el presidente realizó algunos cambios de ministros y otros funcionarios, mientras que algunos más renunciaron por razones no establecidas plenamente. También renunció el ministro de Gobernación, el más cercano al presidente, y tampoco indicó las razones de tal decisión. En su momento se dijo que podría ser por presiones internacionales.
A pesar de estos cambios, a lo largo de todo mayo y junio la demanda ciudadana no cesó e insistió en reclamar la renuncia del presidente. Es evidente que la crisis del sistema político se agudiza.
¿Y el proceso electoral?
Por esas paradojas de la historia, a las pocas semanas de haberse instalado la crisis política, el Tribunal Supremo Electoral, en cumplimiento de lo previsto en la ley de la materia, convocó el 2 de mayo a la realización de elecciones generales, previstas para el 6 de septiembre.
El sistema de partidos políticos en Guatemala se ha caracterizado por su debilidad y poca representatividad; los partidos son estructuras construidas alrededor de una persona o de un grupo cerrado de personas y es imposible fiscalizar sus fuentes de financiamiento.
A la vista de los guatemaltecos, los partidos solo están interesados en obtener el respaldo electoral para capturar puestos de elección popular, y después dedicarse a trabajar para los fines patrimonialistas de sus financistas o de los caudillos del partido.
La profunda crisis que afecta al Ejecutivo y la mala reputación de la práctica política partidaria hace que tome fuerza la demanda de realizar cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) en pleno proceso electoral. Las reformas apuntan a democratizar los partidos, controlar las fuentes de financiamiento y fortalecer al Tribunal Supremo Electoral, así como garantizar la representación e inclusión en las listas de postulación.
El escenario resultante se podría simplificar en tres posiciones: los que aspiran a modificar ahora la LEPP y que las reformas se implementen inmediatamente; los que proponen una nueva ley para ser implementada a partir del año 2016; y quienes no desean mayores modificaciones.
El desarrollo de la campaña política está condicionado por la demanda ciudadana de transparencia, respeto a la LEPP, inclusión y nuevas prácticas político partidistas. Esto ha provocado una extraña percepción del período de campaña, que por momentos parece entrar en pausa y no logra transmitir y contagiar un clima de fiesta electoral. Para acabar de complicar el cuadro, los candidatos presidenciales postulados por los dos partidos mayoritarios —según las encuestas— están sujetos a eventuales procesos legales por haber incurrido en delitos electorales.
La incertidumbre política, las demandas de reforma de la LEPP, los procesos judiciales de candidatos y la campaña política aún en el refrigerador podrían constituir la marca del actual proceso electoral en Guatemala.
La crisis como una oportunidad
La democracia se instaló formalmente en Guatemala en 1985. Desde entonces, los partidos políticos y la institucionalidad del Estado han realizado escasos esfuerzos por construir una ciudadanía efectiva, por educar en valores para la convivencia en democracia; los derechos y obligaciones cívicas y políticas han pasado a formar parte del discurso de muchos pero han significado el trabajo de pocos.
Nos olvidamos de hacer orgánica la democracia, de renovarla en sus expresiones de liderazgo político, de comprometernos con su institucionalidad, de reclamar y ganar espacios auténticos de participación política partidaria.
El poder se alcanza desde la acción partidaria y se legitima con el apoyo electoral de la ciudadanía, pero se valida cotidianamente con una gestión política ética y responsable de los funcionarios electos.
Toda crisis es una oportunidad para mejorar. Guatemala debe tenerlo presente. La crisis demuestra que muchos de los problemas actuales llevan la corresponsabilidad ciudadana.
El futuro institucional de la democracia guatemalteca reclama el desarrollo de cultura política; el sistema político será fuerte y eficiente si la materia prima es de calidad. Para ello necesitamos más y mejores ciudadanos.
Rubén Hidalgo Rosales, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos | @sociopolitic
[1] Hombres, mujeres, jóvenes y niños de los más diversos orígenes sociales tomaron la Plaza Central de Guatemala, así como las de las principales ciudades del país, como epicentro para manifestar su descontento e insatisfacción con el sistema político y especialmente con la corrupción en el sector público.
