Al igual que en el 2016 y el 2017, el pasado 2 de marzo, en el marco de un evento denominado 2M, el senador Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional de Uruguay, presentó una serie de propuestas con medidas concretas y posibles de ser implementadas por el gobierno durante el transcurso de este año.

Senador Luis Lacalle Pou

El documento se divide en dos partes. La primera presenta un conjunto de ideas que han sido elaboradas por los equipos técnicos del sector Todos. Abarcan grandes temas de la vida nacional como por ejemplo las tarifas públicas, pero también otros que, sin estar entre los de mayor importancia para la opinión pública, no dejan de ser preocupantes, como es el caso de los accidentes de tránsito.

En la segunda parte del documento se propone brindar apoyo en el Parlamento a tres proyectos de ley que han sido planteados por legisladores de otros partidos, dando así un primer paso en el camino cada vez más necesario de tender puentes hacia los demás partidos.

A continuación se presenta un brevísimo resumen sobre cada una de las medidas propuestas.

1. Efectivo cumplimiento del artículo 41 de la Ley General de Educación

La medida consiste en exigirle al gobierno del Frente Amplio el efectivo cumplimiento del artículo 41 de la ley 18437, promulgada por el presidente Vázquez en 2008, que dispone, por un lado, el fortalecimiento de «la gestión de los centros educativos públicos», concentrando la carga horaria «de los docentes en un centro educativo» y fomentando «su permanencia en el mismo». Por otro lado, la ley manda que cada centro educativo público disponga «de fondos presupuestales para el mantenimiento del local, la realización de actividades académicas y proyectos culturales y sociales de extensión». Una década después, ninguno de estos mandatos se ha cumplido.

2. Enfrentar la epidemia de muertes y lesiones causadas por el tránsito

Según el documento, el año pasado murieron 470 uruguayos en siniestros de tránsito. Eso significa más de un muerto por día. Hubo además 27.794 lesionados, es decir, algo más de 3 cada hora, a lo largo de todo el año. Los accidentes son la primera causa de muerte entre menores de 40 años.

Se le propone al gobierno desarrollar un Plan Nacional de Emergencia Vial, que incluya: a) una estrategia nacional de educación vial; b) un plan de actualización de señalización y normativa; c) un plan nacional de desarrollo de infraestructura segura, y d) un plan nacional de respuesta médica. A su vez, entre otras medidas, se propone: dotar a UNASEV de independencia técnica y presupuestal, dándole carácter de unidad ejecutora (hoy funciona dentro de Presidencia de la República) y crear, dentro de la Policía Nacional de Tránsito, un cuerpo especializado en atender los lineamientos impartidos desde la UNASEV.

3. Legítima defensa policial

En el año 2016, Lacalle Pou presentó un proyecto de ley proponiendo modificar el artículo 26 del Código Penal, para introducir una presunción simple a favor de los funcionarios policiales. No es una solución de gatillo fácil. Lo que se hace es invertir la carga de la prueba, en coherencia con los principios generales del derecho penal. Se presume que el policía actuó en legítima defensa, pero se admite prueba en contrario para evitar excesos.

La aprobación del proyecto permitiría dotar a la policía de mayor protección jurídica. En la actualidad, el funcionario policial que repele un ataque con su arma reglamentaria debe probar que actuó en legítima defensa. Eso puede ser difícil y da lugar a interpretaciones. El sentimiento de desprotección es tal que los policías esperan a estar en grave peligro antes de responder. Mientras ellos están así de inhibidos, los delincuentes se vuelven cada vez más violentos.

4. Organizar la próxima ronda de consejos de salarios pensando en todos los uruguayos

La ronda 2018 de los consejos de salarios será la más grande desde la vuelta a la democracia. En las negociaciones estarán involucrados más de 170 grupos y subgrupos, y las decisiones tendrán consecuencias sobre 1.623.151 trabajadores.

Las medidas en este sentido consisten en: a) encomendar al Consejo Superior Tripartito la elaboración de un acuerdo marco en el que se fijen criterios para gestionar conflictos (el documento debería establecer pasos y procedimientos, libremente acordados, para la aplicación de medidas tales como la interrupción de tareas y los cortes de vía pública); b) presentar pautas salariales tempranas y precisas, que ayuden a reducir los tiempos (la experiencia enseña que, cuanto menos precisos sean los lineamientos, más compleja se volverá la discusión); c) exigir el estricto cumplimiento de plazos; d) encomendar al MTSS que provea los medios materiales necesarios para que los 170 grupos puedan reunirse a en forma ágil y sin verse entorpecidos por carencias de infraestructura; e) encomendar al Consejo Tripartito la elaboración de un informe final de carácter público, en el que se evalúe la calidad de las negociaciones cumplidas, se cuantifiquen los conflictos y las pérdidas generadas por ellos y se hagan recomendaciones.

5. Plan de respuesta global a la crisis del agro

Entre diciembre de 2007 y diciembre de 2016 desaparecieron 6.177 empresas agropecuarias. Eso significa casi dos empresas por cada día del año, mayoritariamente pequeñas. Al cierre de 2017 estaban cotizando en el BPS 12.578 empleados agropecuarios menos que un año antes. A su vez, las inversiones en el sector agropecuario promovidas por la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP) fueron en 2017 la mitad que en 2016 y casi la tercera parte que en 2014.

El 83% de las empresas ganaderas, y el 50% de las agrícola‐ganaderas, no están logrando un resultado que les permita cubrir la canasta básica que publica el semanario Búsqueda (74.000 pesos por mes). La deuda del agro con el sistema bancario, que era de 400 millones de dólares en el año 2005, superó los 2.400 millones a fines del 2017. También está creciendo la deuda agropecuaria vencida. Estos datos no incluyen la deuda acumulada con proveedores.

Frente a la situación, el documento propone dos medidas de carácter estructural, a lograr progresivamente, y un paquete de medidas inmediatas. Las dos medidas estructurales son la reducción del déficit fiscal y la superación del aislamiento comercial del país. Las medidas inmediatas son: libre importación de combustible, reducción de costos de la energía eléctrica, alivio impositivo (se propone que el impuesto al patrimonio pueda descontarse del impuesto a la renta) y plan de mejoramiento de la seguridad rural.

6. Terminar con los precios abusivos de la nafta y el gasoil

Se propone la libre importación de combustibles; compromiso de alineamiento de precios por el Poder Ejecutivo, que deberá obligarse a fijar precios dentro de un rango centrado en el precio promedio de la región o en el precio de paridad de importación; fortalecimiento del rol de la URSEA; habilitación de estaciones de servicio de bandera blanca; apertura del mercado de distribución y transporte; y un conjunto de medidas relativas a ANCAP que incluyen concentrarse en el negocio fundamental, abandonar las funciones de contralor y cambiar su política de precios.

7. Terminar con los precios abusivos de la energía eléctrica

Al igual que ocurre con los combustibles, las tarifas eléctricas son caras en términos comparativos, por este motivo el documento propone cuatro líneas de acción dirigidas a mejorar el funcionamiento del sector eléctrico. Estas son: a) transparencia de información; b) concentrar a UTE en su negocio fundamental; c) separar los roles institucionales y d) ordenamiento fiscal.

También se propone aprobar una Ley de Fortalecimiento de la URSEA, asimilándola a órganos de contralor como el Tribunal de Cuentas; convertir a la URSEA en único proponente preceptivo de tarifas ante el Poder Ejecutivo; otorgar a una URSEA fortalecida potestades tales como la de auditar las cuentas de UTE (sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas) y determinar qué información se hará pública; trasladar a la URSEA el rol de comprador único en el marco de la ley 16832 (Ley de Marco Regulatorio), lo que le permitirá determinar en forma independiente las necesidades de potencia y energía para satisfacer la demanda, y hacer llamados, subastas u otros mecanismos parejos para todos los generadores.

8. Creación de un grupo de trabajo que avance en el diseño de una regla fiscal

El diseño de una regla fiscal es complejo. Requiere una metodología clara, recursos humanos altamente calificados y tiempo de trabajo. Para lograr el objetivo, Lacalle Pou propuso un enfoque metodológico que abarca once dimensiones diferentes: cobertura institucional, tipo de regla a emplear, metodología para calcular la variable objetivo, objetivo numérico a alcanzar, forma de ajuste al ciclo económico, mecanismos de cálculo para medir impacto factores extraordinarios, cláusulas de salida ante escenarios extraordinarios, participación de especialistas independientes, articulación con el proceso presupuestario, consecuencias ante incumplimiento y compromiso político que sustente la regla.

El documento aporta algunos lineamientos para definir estos temas y propone la urgente creación de un grupo de trabajo que incluya funcionarios del gobierno y técnicos presentados por los partidos políticos con representación parlamentaria.

9. Reformar el mecanismo de PPP para responder a la emergencia de infraestructura

A casi siete años de aprobada la Ley de Participación Público Privada (PPP), solo se ha iniciado una obra vial. Las razones por las cuales las PPP no han funcionado en esta materia son muchas: complejidad del mecanismo, burocracia innecesaria, resistencias sindicales, etcétera.

Para sortear los obstáculos que hoy existen, el documento propone: a) concentrar obras para atraer a grandes empresas (que son las únicas que tienen espalda para ejecutar PPP); b) separar lo grande de lo urgente (y resolver lo urgente mediante procedimientos tradicionales, en los que sí pueden participar empresas medianas y pequeñas); c) modificar la ley 18786 (Ley de Participación Público‐Privada), con el propósito de concentrar competencias en OPP, modificar los topes de contratación y mejorar la estructura de incentivos.

Las tres propuestas compartidas con el resto de los partidos políticos de oposición son las siguientes:

10. Aprobar el proyecto de ley sobre vivienda popular presentado por Asamblea Popular

El 23 de julio de 2015, el diputado Eduardo Rubio, de Asamblea Popular, presentó un proyecto de ley titulado Plan Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública. Desde ese día, el proyecto ha avanzado lentamente a lo largo del proceso legislativo.

Se propone apoyar el proyecto de Rubio con algunas modificaciones y comprometer al presidente Vázquez a que promueva dentro de su fuerza política un rápido trámite legislativo del proyecto.

11. Aprobar el proyecto de ley sobre custodia de zonas fronterizas presentado por el Partido Independiente

El 8 de enero pasado el Poder Ejecutivo promulgó un decreto que encomendó a las fuerzas armadas «tareas de vigilancia en las zonas de frontera», pero el decreto no les otorga a estas ninguna potestad para hacer uso de la fuerza, ni siquiera cuando sean objeto de agresiones. El senador Pablo Mieres, del Partido Independiente, presentó en febrero un proyecto de ley que aspira a resolver este problema.

Al igual que en el punto anterior, el sector de Lacalle Pou compromete sus votos en apoyo a la iniciativa e insta al presidente Vázquez a que instruya a su bancada parlamentaria en el mismo sentido.

12. Aprobar el proyecto de ley sobre portabilidad numérica presentado por el Partido Colorado

Los usuarios de teléfonos celulares en nuestro país tienen libertad para elegir un prestador de servicio de telecomunicaciones pero tienen dificultades para cambiarlo. Sabido es que el teléfono celular se ha convertido en una herramienta de trabajo y por lo tanto se ha vuelto necesario garantizar que si el usuario «se va» de una empresa, pueda llevarse su número con él.

En esta última medida se vuelve a comprometer el voto de los legisladores de sector Todos en apoyo al proyecto de ley presentado por el senador Amorín Batlle, del Partido Colorado.

Nicolas Martinelli | @Ni_Martinelli
Uruguayo. Abogado. Diputado nacional suplente por el departamento de Montevideo. Miembro del sector Todos, del Partido Nacional