El deterioro de las condiciones de seguridad en Colombia convirtió nuevamente el orden público en uno de los principales determinantes de la contienda presidencial de 2026.
El contexto es complejo: la expansión territorial del ELN, el fortalecimiento del Clan del Golfo y de las disidencias de las FARC, el crecimiento de la extorsión y de las economías ilícitas, así como la persistencia de la violencia en regiones como el Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Catatumbo, Arauca y la frontera con Venezuela. Todo esto profundiza la percepción de pérdida de control estatal. A ello se suma la transformación del fenómeno criminal. Colombia ya no enfrenta únicamente insurgencias ideologizadas, sino estructuras híbridas y adaptativas que combinan control territorial, gobernanza criminal y articulación con redes transnacionales del narcotráfico y otras economías ilegales.
Diversos análisis sostienen que la política de “paz total” del presidente, Gustavo Petro, generó incentivos que varios grupos armados aprovecharon para expandir su presencia, fortalecer finanzas ilícitas y consolidar control sobre comunidades y corredores estratégicos. Especialmente los ceses bilaterales implementados sin suficientes mecanismos de contención territorial ni verificación robusta.
Las cifras reflejan esa expansión. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), los grupos armados ilegales superan ya los 27.000 integrantes entre combatientes y redes de apoyo. Es un crecimiento de 23,5% en apenas un año. Más de 5.000 personas ingresaron a estas estructuras durante 2025. El Clan del Golfo lideró ese crecimiento, seguido por el ELN y el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC.
El deterioro de la seguridad también se refleja en la intensificación de las disputas territoriales. De acuerdo con la FIP, 2025 fue el año con más confrontaciones entre grupos armados de la última década. Las disputas crecieron 34%, impulsadas por la competencia por corredores estratégicos, economías ilícitas y control de comunidades. Actualmente existen al menos 13 zonas del país en disputa activa, casi el doble de las registradas al inicio del gobierno de Petro en 2022.
Gobernanza criminal
El fenómeno no es solamente cuantitativo. También existe una mayor capacidad de penetración territorial y control social. En muchas regiones, los grupos armados ejercen funciones de gobernanza criminal. Regulan economías ilegales, imponen normas locales, administran conflictos comunitarios y condicionan la movilidad de las poblaciones. La disputa ya no gira únicamente alrededor del control armado, sino también alrededor de la legitimidad y del poder local.
Uno de los casos más dramáticos es el Catatumbo. A comienzos de 2025, la confrontación entre el ELN y las disidencias produjo más de 40.000 desplazados en cuestión de días. Es uno de los episodios de desplazamiento masivo más graves registrados en décadas recientes en Colombia. Naciones Unidas reportó además que el desplazamiento forzado aumentó 85% durante 2025, impulsado principalmente por la crisis humanitaria en esa región.
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En paralelo, el reclutamiento forzado de menores volvió a dispararse. La Defensoría del Pueblo reportó más de 250 casos documentados durante 2025, siendo el Cauca uno de los departamentos más afectados.
El conflicto también evolucionó tecnológicamente. Según la FIP, durante 2025 se registraron 277 ataques con drones cargados de explosivos, más del doble que en 2024. La mayoría de estos ataques fueron atribuidos al Estado Mayor Central, evidenciando cómo las organizaciones criminales incorporaron nuevas capacidades tecnológicas que desafían los esquemas tradicionales de seguridad y defensa.
Sin embargo, el problema no puede reducirse únicamente a una respuesta militar. Parte de la fortaleza de estas organizaciones proviene de las bases sociales y económicas que han construido en territorios históricamente abandonados por el Estado. En muchas zonas rurales, los grupos armados se insertan en dinámicas locales de empleo, regulación económica e incluso resolución de conflictos cotidianos. Esa legitimidad relativa no puede desmantelarse exclusivamente mediante operaciones militares.
En ese escenario, los tres candidatos que lideran las encuestas, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, representan visiones distintas sobre cómo responder al deterioro de la seguridad y cuál debe ser el rol del Estado frente al crimen organizado.
Las encuestas muestran, además, una paradoja política relevante: aunque la percepción sobre la seguridad empeoró, el oficialismo sigue siendo competitivo. Diversos sondeos ubican a Cepeda liderando la intención de voto en primera vuelta, aunque con escenarios abiertos en segunda vuelta frente a De la Espriella y Valencia.
Tres visiones distintas de seguridad
La propuesta de Iván Cepeda, candidato oficialista, se basa en el concepto de “seguridad humana”. Su enfoque prioriza la protección de las comunidades, la consolidación del Acuerdo de Paz y la negociación con actores armados como mecanismo para reducir la violencia.
El modelo busca fortalecer la presencia estatal en territorios vulnerables mediante inversión social, infraestructura y programas para jóvenes, junto con sistemas de protección para líderes sociales y mecanismos de participación ciudadana. La Fuerza Pública mantiene un rol importante, pero subordinado a una lógica de protección de la población más que de confrontación militar.
El principal cuestionamiento a esta propuesta es que llega en medio de un deterioro acelerado de la seguridad. Insistir en negociaciones sin una posición de fuerza suficiente podría profundizar la expansión criminal y consolidar el control territorial de los grupos armados. También existen dudas sobre algunas propuestas vinculadas a la sustitución de cultivos ilícitos, como la compra estatal de hoja de coca, cuya viabilidad económica y operativa ha sido ampliamente cuestionada.
Abelardo de la Espriella representa el discurso más confrontacional frente al crimen organizado. Su propuesta se centra en el fortalecimiento coercitivo del Estado mediante operaciones militares contundentes, bombardeos selectivos, reactivación de la fumigación aérea y una ofensiva frontal contra el narcotráfico. También propone megacárceles para criminales de alto impacto, planes de choque para recuperar territorios y estrategias específicas contra la extorsión. Su narrativa conecta con un electorado que percibe pérdida de autoridad estatal y demanda respuestas rápidas frente al deterioro de la seguridad.
No obstante, el principal desafío de esta propuesta es evitar repetir errores del pasado. La experiencia colombiana muestra que las ofensivas militares pueden generar reducciones temporales de violencia sin consolidar control institucional sostenible. Recuperar territorios exige no solo fuerza, sino también justicia, inteligencia financiera, presencia estatal y gobernanza local.
Paloma Valencia plantea una posición intermedia entre la seguridad democrática clásica y la modernización institucional. Su propuesta combina aumento del pie de fuerza, modernización tecnológica, fortalecimiento de inteligencia y ciberseguridad, reactivación de fumigaciones y mejoras en la coordinación entre Policía y Fiscalía. Todo ello articulado en su estrategia de las “4R”: reducir rentas criminales, robustecer la Fuerza Pública, recuperar confianza ciudadana y restablecer la legalidad.
A diferencia de De la Espriella, Valencia pone más énfasis en la institucionalidad y en la necesidad de fortalecer capacidades estatales de largo plazo. Su enfoque parte de reconocer que el crimen organizado actual requiere actualización doctrinal, modernización tecnológica y fortalecimiento sostenido de inteligencia. El reto de esta propuesta será demostrar que puede ofrecer resultados distintos a modelos anteriores de seguridad que lograron contención parcial, pero no desmantelamiento sostenible de economías ilícitas.
La paradoja política del oficialismo
Quizás el dato más llamativo de esta elección es que el oficialismo sigue siendo altamente competitivo pese al deterioro de la seguridad. Las razones son múltiples. Primero, porque la inseguridad no es la única variable electoral. La polarización política, la fragmentación de la oposición y la persistencia de bases sociales progresistas mantienen competitivo al candidato oficialista.
Segundo, porque parte importante de la ciudadanía sigue percibiendo que las respuestas exclusivamente militaristas tampoco resolvieron estructuralmente el problema de la violencia. Y tercero, porque existe una creciente conciencia de que el crimen organizado contemporáneo no puede enfrentarse únicamente con fórmulas tradicionales de guerra contrainsurgente.
Sin embargo, el deterioro de la seguridad sí parece haber reconfigurado el tono de la campaña. Incluso sectores cercanos al oficialismo han tenido que incorporar discursos sobre control territorial, fortalecimiento estatal y capacidad coercitiva.
La elección de 2026 no enfrenta simplemente a tres candidatos. En realidad, enfrenta tres lecturas distintas sobre la naturaleza de la amenaza criminal y sobre el tipo de Estado que Colombia necesita para responder a ella. La discusión ya no es solo entre paz o guerra. El verdadero debate es cómo reconstruir la capacidad estatal frente a un ecosistema criminal cada vez más sofisticado, transnacional y adaptable.
El fracaso de las lecturas tradicionales de seguridad
Uno de los elementos centrales del debate actual es que el ecosistema criminal cambió más rápido que la capacidad del Estado para adaptarse. La pandemia aceleró transformaciones en los mercados ilegales, reorganizó cadenas criminales y profundizó vacíos de gobernanza territorial. Sin embargo, la respuesta estatal continuó anclada en marcos tradicionales que no necesariamente corresponden a la naturaleza actual de la amenaza.
Hoy Colombia enfrenta una amenaza asimétrica: grupos armados que combinan control territorial, gobernanza criminal, economías ilícitas, redes urbanas y capacidad de intimidación social. Más que estructuras insurgentes clásicas, funcionan como sistemas adaptativos complejos.
En ese contexto, el debate no es únicamente militar. También es político e institucional. La discusión pasa por la capacidad del liderazgo civil para comprender la dimensión de la amenaza y formular una política de seguridad coherente con las nuevas dinámicas criminales. La sensación creciente entre sectores especializados es que ni el gobierno actual ni parte de la oposición han logrado reformular integralmente la estrategia estatal frente al crimen organizado.
La incapacidad de contener la expansión territorial de los grupos armados responde, en buena medida, a una comprensión insuficiente del fenómeno. El problema ya no puede abordarse únicamente desde una lógica de paz o negociación; requiere una política de seguridad que combine acción militar, policial, judicial, tecnológica, económica y social.
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