¿Hasta qué punto puede la Unión Europea controlar su propia frontera exterior si depende de la voluntad política de un país vecino? En esta entrevista, Markus Rosenberger, responsable de la oficina de España y Portugal de la Fundación Konrad Adenauer, y Martin Friedek, coordinador de proyectos KAS Madrid, explican el dilema.
Los analistas repasan la relación entre España y Marruecos, pasando de disputas territoriales a una cooperación pragmática atravesada por la seguridad y la migración. Explican cómo esa dependencia puede convertirse en una herramienta de presión política.
También abordan un dilema que excede el caso español: cómo equilibran los partidos democráticos —presionados por el avance de fuerzas populistas— el control fronterizo con el respeto a los derechos humanos. También sostienen que hay una «brecha parcial» entre el discurso institucional europeo con lo que ocurre efectivamente sobre el terreno.
La relación bilateral es clave
¿Cómo evalúa el estado actual de la cooperación entre España, Marruecos y la Unión Europea, y qué margen de maniobra real tiene Bruselas frente a crisis bilaterales que afectan directamente las fronteras exteriores de la UE?
La relación entre España y Marruecos ha evolucionado desde las disputas territoriales de la descolonización hacia una cooperación pragmática basada en la seguridad, el comercio y la gestión migratoria. Sin embargo, sigue siendo una relación marcada por crisis recurrentes y por una clara interdependencia.
Un punto de inflexión reciente fue el cambio de postura del Gobierno español en 2022 respecto al Sáhara Occidental. Pedro Sánchez respaldó el plan de autonomía marroquí, rompiendo con la posición mantenida durante décadas a favor de un referéndum organizado por la ONU. Esta decisión se produjo tras la grave crisis diplomática desencadenada por el tratamiento hospitalario en España del líder polisario Brahim Ghali y la posterior llegada masiva de migrantes a Ceuta en mayo de 2021.
Desde el punto de vista económico, la importancia de Marruecos para España suele sobreestimarse. Aunque la cooperación comercial es relevante, la dimensión estratégica de la relación está más vinculada a la seguridad y al control migratorio. Marruecos desempeña un papel clave en la contención de los flujos migratorios hacia la UE. Pero esta externalización genera una dependencia que puede convertirse en instrumento de presión política cuando surgen tensiones bilaterales.
Existe, por tanto, una paradoja estructural. Aunque la frontera entre Ceuta y Marruecos es frontera exterior de la UE, su gestión práctica depende en gran medida de la cooperación marroquí. La UE puede apoyar a España, pero no sustituir la relación estratégica bilateral, que sigue siendo el principal factor para la estabilidad de la frontera sur europea.
Entre el control y los DDHH
Este tipo de crisis migratorias y diplomáticas suele plantear dilemas morales para los partidos. ¿Qué implicancias políticas tiene el auge de las fuerzas populistas en este debate para los partidos democráticos?
El Partido Popular (PP) se define como una fuerza de centroderecha que intenta equilibrar dos objetivos. Por un lado, mantener una línea de gestión responsable. Por el otro, evitar la fuga de votantes hacia opciones más duras como Vox, partido que se presenta como una derecha soberanista. Esta situación obliga al PP a combinar el cumplimiento de los compromisos europeos con la respuesta a las preocupaciones de las regiones más afectadas por la inmigración irregular.
En la práctica, el PP defiende un refuerzo del control de las fronteras. Especialmente en Ceuta, Melilla y la ruta canaria, mediante una mayor implicación de las fuerzas de seguridad, una cooperación más estrecha con Frontex y procedimientos más ágiles para la devolución de inmigrantes en situación irregular. Al mismo tiempo, subraya la importancia de una inmigración legal y ordenada, vinculada a las necesidades del mercado laboral y a una integración eficaz basada en el respeto de los valores constitucionales. Asimismo, respalda la cooperación con los países del Magreb y del Sahel para la gestión de los flujos migratorios, en línea con la política migratoria de la Unión Europea.
El debate actual español refleja un dilema más amplio que afecta a muchas democracias europeas: cómo combinar un control eficaz de las fronteras con el respeto de los derechos humanos fundamentales. Mientras los partidos populistas han logrado convertir la inmigración en una cuestión identitaria ligada a la seguridad y la soberanía nacional, los partidos tradicionales se enfrentan al reto de encontrar un equilibrio sostenible entre eficacia, legitimidad democrática y responsabilidad humanitaria.
Gestionar con coherencia
¿La respuesta europea a este tipo de episodios ha sido consistente con sus propios principios y compromisos, o hay una brecha entre el discurso institucional y la gestión efectiva sobre el terreno?
—Existe una brecha parcial entre el discurso institucional europeo y la gestión práctica de las crisis migratorias en las fronteras exteriores.
Por un lado, la UE mantiene compromisos claros con el derecho de asilo, los derechos fundamentales y la protección de las personas vulnerables. Al mismo tiempo, insiste en una gestión ordenada de la migración. Además, financia programas de cooperación con Marruecos que incluyen tanto control fronterizo como apoyo a la protección de migrantes.
Por otro lado, cuando se producen episodios de presión migratoria repentina, la prioridad política suele desplazarse hacia la contención inmediata y la estabilidad fronteriza. En la práctica, la UE depende en gran medida de la cooperación marroquí para controlar los flujos. Esto lleva a algunos críticos a cuestionar si la externalización del control migratorio está plenamente alineada con los principios que Bruselas defiende públicamente.
En síntesis, no diría que exista una contradicción absoluta, pero sí una tensión permanente entre valores normativos y necesidades de gestión y seguridad. Cuanto mayor es la presión migratoria, más difícil resulta para las instituciones europeas demostrar que ambas dimensiones pueden aplicarse simultáneamente sobre el terreno.
Gestionar la crisis
¿Qué lecciones podrían extraerse de esta crisis migratoria en Ceuta para otros gobiernos que enfrentan sus propios desafíos migratorios y de política exterior con países vecinos?
Una de las principales lecciones es que ningún Estado debería depender exclusivamente de un país vecino para el control de sus fronteras. Una dependencia excesiva puede convertir la migración en un instrumento de presión política o chantaje político. Por ello, la cooperación con terceros países debe complementarse con una capacidad propia y eficaz de control de las fronteras exteriores de la Unión Europea, apoyada por Frontex y las fuerzas de seguridad nacionales.
Igual de importante es mantener canales diplomáticos estables y una cooperación continua entre los servicios de inteligencia, incluso en periodos de tensión. La prevención y el intercambio de información suelen resultar más eficaces y menos costosos que la gestión de una crisis una vez desencadenada. Además, las autoridades deben disponer de mecanismos de respuesta rápida. Una crisis fronteriza puede desarrollarse en pocas horas y requiere una coordinación estrecha entre fuerzas de seguridad, administraciones civiles y socios internacionales.
Otro aspecto clave es la transparencia en la comunicación pública. Una información clara y coherente ayuda a reducir la polarización política y limita la difusión de discursos simplistas o extremistas. Asimismo, la ayuda financiera europea o bilateral debería vincularse al cumplimiento verificable de objetivos en materia de gestión migratoria y cooperación en los retornos.
Por último, el control fronterizo, aunque necesario, no basta por sí solo. Para lograr resultados sostenibles es imprescindible abordar las causas estructurales de la migración mediante la cooperación económica, el desarrollo regional y la creación de vías legales de movilidad. Solo una combinación equilibrada de seguridad, cooperación y desarrollo puede reducir de forma duradera la presión migratoria.
Resonancia en América Latina
¿Cómo deberían los líderes políticos y los partidos democráticos de América Latina comunicar y gestionar crisis similares, sin ceder terreno a narrativas polarizantes?
Los partidos suelen preservar mejor su credibilidad cuando combinan firmeza, empatía y honestidad, evitando tanto el alarmismo como la minimización del problema.
En primer lugar, conviene hablar con transparencia sobre los desafíos reales. Como la presión sobre los servicios públicos, la seguridad o la gestión fronteriza, sin exagerarlos ni presentar a los migrantes como los únicos responsables. Negar estas dificultades suele alimentar la desconfianza ciudadana.
Asimismo, los líderes deberían centrar el debate en soluciones concretas, explicando qué medidas se adoptan y cuáles son sus límites. Para ello, pueden recurrir a un discurso basado en el orden, la legalidad, la soberanía y el control territorial, entendidos como cuestiones de justicia y responsabilidad hacia los ciudadanos. En este contexto, resulta importante diferenciar claramente entre la migración legal, ordenada y limitada, y los flujos migratorios irregulares e incontrolados. En algunos casos, han favorecido la expansión transnacional del crimen organizado, el tráfico de personas, la sobrecarga de servicios públicos y recursos financieros locales, generando tensiones para las instituciones del Estado.
También es fundamental distinguir entre la migración irregular como fenómeno y los migrantes como personas. Un gobierno puede defender el cumplimiento de la ley y el control de las fronteras sin recurrir a discursos que fomenten el miedo o la hostilidad hacia grupos enteros.
Finalmente, la cooperación regional debe presentarse como una cuestión de interés nacional y no como una cuestión de soberanía, ya que los flujos migratorios suelen superar la capacidad de respuesta de un solo país.
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