En su gira relámpago por Barranquilla, Quito y Lima, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, selló una alianza operativa con Abelardo De la Espriella, Daniel Noboa y Keiko Fujimori para intensificar el combate al crimen organizado. Con este paso, Washington afianzó su visión de transformar la lucha contra el narcotráfico en una cruzada contra “grupos terroristas transnacionales” que desestabilizan la región y amenazan la seguridad estadounidense.
El ascenso casi simultáneo de gobiernos de derecha, alineados con la política de mano dura de Donald Trump, abrió para la Casa Blanca una oportunidad inédita: consolidar la adhesión formal de Colombia, Ecuador y Perú al Escudo de las Américas. Con esta iniciativa, Washington busca coordinar operaciones conjuntas, compartir inteligencia e interceptar las rutas del narcotráfico sin el costo político de una actuación unilateral.
“Soberanía intacta”
En Lima, tras reunirse con la presidenta Fujimori, Rubio advirtió que la impunidad con la que operan las bandas criminales en el hemisferio constituye una amenaza directa para EEUU. Subrayó además que la Estrategia de Seguridad Nacional coloca a la región como “una prioridad real” y no meramente “simbólica”. “Lo que ocurre en este hemisferio nos afecta directamente”, expresó.
Rubio dejó claro en Lima el fundamento del dispositivo: para enfrentar a los grupos delictivos transnacionales es necesario actuar dentro del territorio soberano de los países y hacerlo en colaboración con ellos. “A esos gobiernos les interesa avanzar en esa dirección —remarcó—, por eso existe el Escudo”.
Desde que asumió el poder, la administración Trump ha catalogado a 24 grupos criminales de América Latina y el Caribe como “organizaciones terroristas extranjeras”. En paralelo, desde septiembre de 2025, los ataques de EEUU contra embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico han dejado al menos 200 muertos. Y en agosto, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció que Washington pretende incluir en esta campaña operaciones terrestres.
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En una rápida muestra de los límites que enfrenta la propuesta de Hegseth, Keiko Fujimori advirtió en la rueda de prensa conjunta con Marco Rubio que cualquier ingreso de tropas extranjeras requiere autorización especial del Congreso. “La soberanía del Perú está intacta”, subrayó. En Colombia y Ecuador también se prevé resistencia de sectores políticos y obstáculos legales frente a una intervención de este tipo.
La presidenta agradeció “las acciones y asistencia que desplegará el Comando Sur” y el apoyo que reciben del FBI, la DEA y otras agencias federales, como una forma de precisar en qué consiste por ahora el ingreso al Escudo de las Américas en medio de un escenario marcado por la inseguridad. Solo en agosto se registraron 169 homicidios atribuidos en gran medida al crimen organizado, las denuncias por extorsión se multiplican, el país se mantiene como uno de los principales productores de cocaína del mundo y Lima fue declarada en emergencia.
Plan Patriota
En Barranquilla, el presidente De la Espriella presentó a Rubio el “Plan Patriota Siglo XXI”. Está orientado a modernizar aviones, radares, drones, helicópteros, defensa aérea, inteligencia y fuerzas especiales con apoyo de Washington. El secretario de Estado habló de “una nueva etapa de cooperación sin precedentes” entre los dos países.
Las cifras reflejan la magnitud del desafío que enfrenta De la Espriella. Según la Fundación Ideas para la Paz, en julio las estructuras criminales sumaban 28.802 integrantes, un incremento de 90% respecto a 2022. A ello se suma el récord histórico de 261.000 hectáreas de coca registradas por la ONU, que mantienen a Colombia como el principal productor mundial.
Previo a la gira de Rubio, Washington anunció un paquete de asistencia de 1.000 millones de dólares, aún pendiente de aprobación en el Congreso. Si se desembolsara en un solo año, la cooperación con Bogotá alcanzaría su nivel más alto desde el Plan Colombia, aprobado por Bill Clinton en 2000. En paralelo, la Casa Blanca ya concretó el traslado de 52 millones de dólares en ayuda militar desde Europa y Medio Oriente hacia Colombia, Perú, Ecuador y Panamá.
La agenda colombiana incluye un giro en la frontera con Venezuela, donde operan el ELN y las disidencias de las FARC. Rubio reconoció que se han discutido bombardeos y patrullajes en la zona. Es una coordinación facilitada por el tutelaje que Washington ejerce sobre el gobierno interino de Delcy Rodríguez tras la operación militar con la que capturó a Nicolás Maduro y lo trasladó a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico.
El secretario de Estado subrayó que cualquier acción será coordinada y seguirá formando parte de las conversaciones tanto con las autoridades interinas de Venezuela como con un eventual gobierno democrático, dado que resolver el problema tomará tiempo.
El mejor aliado
Ecuador representa el eslabón más crítico de la cadena logística. Situado entre Colombia y Perú, su territorio es el canal de salida del 70% de la cocaína andina hacia mercados internacionales. Las alianzas entre bandas locales, carteles mexicanos y mafias albanesas han disparado la violencia hasta una tasa de 51 homicidios por cada 100.000 habitantes.
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En Quito, Rubio definió al gobierno de Daniel Noboa como el “mejor aliado en la región” y anunció que pedirá al Congreso 45 millones de dólares para desmantelar grupos terroristas, además de otros 55 millones destinados a combatir el crimen organizado y la minería ilegal.
La cooperación marítima incluye la entrega de un buque guardacostas y 12 patrulleras rápidas estadounidenses para interceptar narcolanchas. Estos patrullajes combinados en el Pacífico ya provocaron el hundimiento de seis embarcaciones sospechosas, en medio de denuncias de organismos civiles por presuntas violaciones de derechos humanos, lo que expone las tensiones inherentes a una respuesta militarizada.
La gira de Marco Rubio consiguió articular un corredor andino bajo las prioridades de seguridad de la Casa Blanca. El cerco militar busca eficacia inmediata, pero el riesgo es que la urgencia de la seguridad erosione los equilibrios del Estado de derecho.
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