Tres factores fueron cruciales para que la mafia albanesa y otros clanes balcánicos convirtieran a Ecuador en una incubadora del crimen transnacional: la debilidad institucional y la corrupción latentes en los organismos de control, una economía dolarizada con incipientes controles antilavado, así como el aumento significativo de la producción y demanda de cocaína en Europa.
En el viejo continente, el mercado del alcaloide se cuadruplicó en los últimos 15 años. En este lapso, casi todos los países de América Latina se han convertido en eslabones importantes para el tráfico de cocaína, ya sea como productores, procesadores, transportistas de la droga o paraísos para el lavado de activos. La región produce ahora más del doble de cocaína que hace una década. El cultivo de coca en Colombia, origen de la mayor parte de esa droga en el mundo, se triplicó, llegando a 3.000 toneladas anuales, según cifras de la ONU.
Los inicios
Hacia 2009, llegaron los primeros albaneses a Ecuador. Seguían las directrices de la mafia italiana Ndrangheta, que buscaba acceder directamente a la compra de la cocaína desde Colombia para comercializar en Europa. Los albaneses se encontraron con una serie de ventajas, especialmente en la ciudad costera de Guayaquil, con una estructura robusta de ocho puertos. La mayoría se abocaban a la exportación de banano y otros productos hacia Europa y otros continentes. Visualizaron que las exportaciones, por su gran magnitud de carga en contenedores, serían un vehículo ideal para el trasiego del estupefaciente.
En esa época, el foco de las investigaciones policiales eran los envíos de droga por las playas y puertos artesanales de Manabí y Esmeraldas, en lanchas rápidas hacia Centroamérica y Estados Unidos. El cartel de Sinaloa era hegemónico, no tenía competidores al frente para transportar por Ecuador, por vía terrestre, marítima y aérea, la droga que le vendían los narcotraficantes colombianos. Su socio en Ecuador, a cargo del transporte y la logística, era la banda de Los Choneros.
En 2007, acababa de llegar al poder Rafael Correa, quien tomó una serie de decisiones que marcarían el rumbo del Ecuador en cuanto al debilitamiento del control antinarcóticos, de manera irreversible. Desde 2008 rompió formalmente relaciones con Colombia y, de facto, con EEUU. El detonante fue el bombardeo de aviones colombianos al campamento de las FARC en Agostura.
Esto implicó la suspensión abrupta de intercambio de información, cooperación y operaciones conjuntas contra grupos de narcotraficantes en la frontera. Correa desmanteló los sistemas de inteligencia que coordinaban con Colombia y EEUU. Quitó las competencias del control portuario a la Marina, transferidas al Ministerio de Transporte. Desde entonces la vigilancia marítima quedó en acefalía. La cereza en el pastel fue la aprobación, en la nueva Constitución (2009), de la figura de la Ciudadanía Universal, que permite el ingreso de cualquier extranjero sin necesidad de una visa ni un pasado judicial. Pocos meses después de que comenzaran estos ingresos, redes del crimen organizado de Rusia, Medio Oriente y China abrieron nuevas rutas para el tráfico de personas con destino a EEUU.
Modus operandi
Aunque inicialmente el plan de los albaneses era instalarse en Colombia, prefirieron ensayar su fórmula criminal en Ecuador: Guayaquil fue su principal laboratorio.
En esos primeros años llegó a esa urbe porteña el albanés Arber Çekaj. Fundó una empresa de exportación de banano, que usó para ocultar narcóticos en buques cargueros, actuando como representante de la ‘Ndrangheta italiana. En esa misma época, Dritan Gjika —figura descollante de la mafia albanesa— arribó a Ecuador con una visa de visitante temporal. En 2012, aterrizó Dritan Rexhepi, considerado el capo pionero del cartel albanés transnacional Compañía Bello en Ecuador.
Inicialmente se quedaban entre uno y dos meses, luego, permanentemente. Obtenían documentos falsos de identidad en el Registro Civil o pagaban por visas de residencia permanente o de inversionistas. También, se casaban con ecuatorianas, pagándoles por prestarse a la simulación.
A través de colaboradores locales, detectaron facilidades en el sistema societario y bancario. Comenzaron a comprar y constituir decenas de empresas exportadoras de frutas y mariscos. Emplearon la fachada de jóvenes empresarios. Eso los catapultó para permear con relativa facilidad en la alta sociedad guayaquileña (conocida por su espíritu osado para los negocios). Aprendieron rápidamente español, además de otros idiomas. Con esa estrategia tejieron contactos y se hicieron buenos amigos de empresarios, políticos, altos oficiales en la Policía y la Marina, jueces y fiscales. Era el inicio del contagio.
El contagio institucional
Discretamente estas estructuras de los Balcanes se infiltraron en las instituciones de la sociedad ecuatoriana. Su objetivo era hacerse con el control de partes clave de la cadena de suministro de cocaína y desencadenar un diluvio de droga en Europa: un mercado de cocaína anual de más de 12 mil millones de dólares. Estas ganancias precisamente les permitieron diversificar su portafolio de ingresos, no anclarse únicamente al narcotráfico, cuyos ingresos invirtieron en otras actividades, como la minería ilegal de oro. Según estimaciones oficiales, avaladas por el presidente Daniel Noboa, actualmente las economías criminales, lideradas por mafias balcánicas, tienen ingresos por unos 26 mil millones de dólares, equivalente al 20% del PIB.
Este lucrativo negocio criminal tiene graves secuelas. Desde 2021 la inseguridad se desbordó en Guayaquil y con los años se extrapoló a las principales ciudades del país, incluida Quito. Unas 50 bandas operan actualmente en Ecuador. Buena parte de estos grupos dan servicios, indistintamente, para transportar y acopiar la coca en Ecuador, a los carteles, no solo de los Balcanes sino a Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Las disputas por copar más territorios para delinquir detonaron la violencia.
En enero del 2024 el gobierno declaró el estado de guerra contra los grupos criminales pero sin un norte claro para revertir este fenómeno. La tasa de homicidios pasó de 6 a 50,9 muertes violentas por cada 100 mil habitantes entre 2019 y 2025. Ecuador se convirtió en el país más violento e inseguro de Latinoamérica en apenas cuatro años.
En medio de esta crisis, EEUU y la Unión Europea aumentaron significativamente su cooperación desde perspectivas distintas pero complementarias. El enfoque europeo es más integral. Busca atacar las causas estructurales de la delincuencia con capacitación, apoyo a planes sociales e intercambio de inteligencia. EEUU mantiene línea de dotación de equipos e infraestructura para la fuerza pública así como de inteligencia. Pese a todos sus esfuerzos, con énfasis en acciones punitivas, con más militares y policías en las calles y detenciones constantes de miembros de las bandas, el Estado no puede salir de la etapa reacción-contención. Perdió su capacidad preventiva y de recuperación real de los territorios, cada vez más extensos, donde impera la gobernanza criminal.
Hasta el momento el gobierno carece de una estrategia eficaz, multidimensional, para superar la crisis de inseguridad, que es el principal problema que atenaza al Ecuador y amenaza su supervivencia democrática.
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