Desde la operación contra Nicolás Maduro el 3 de enero, el presidente de EEUU, Donald Trump, no promueve un cambio de régimen, sino un camino híbrido que responde a los intereses de Washington. La estructura tejida por Maduro permanece intacta, pero ahora alineada con la estrategia de hegemonía en América Latina, orientada a contener la influencia de China y asegurar el acceso a recursos estratégicos como petróleo y minerales críticos.
Como ha explicado Daniel Yerguin, vicepresidente de S&P Global, el orden económico parece encaminarse a una nueva era de imperialismo de los recursos. “Hemos dejado atrás la era de confianza en los mercados y entrado en otra donde la mano de los gobiernos es mucho más visible”, resumió el historiador que ha seguido de cerca la geopolítica de la energía al Financial Times.
Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del planeta y la intervención de Washington no solo abrió el sector a las grandes empresas estadounidenses y europeas. Además ejerce una tutela sobre el uso de los recursos como mecanismo de control y de estabilización de una economía en la que nueve de cada diez dólares provienen del barril.
Al ascender a la Presidencia, Delcy Rodríguez aceptó las condiciones impuestas por Washington. Los petrodólares que corresponden al Estado venezolano se depositan en una cuenta bajo supervisión del Departamento del Tesoro, que aprueba cada mes el presupuesto de gasto presentado por Caracas.
En paralelo, Venezuela ha redirigido los envíos de petróleo —que antes iban principalmente a China— hacia las refinerías de EEUU, adaptadas para procesar el crudo pesado de la Faja del Orinoco, y hacia India, un destino que la administración de Donald Trump quiere desligar progresivamente de los barriles rusos.
Las inversiones
Antes de la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, Venezuela producía 3,1 millones de barriles diarios de petróleo. Actualmente produce un millón y las proyección es que a fin de año alcanzará 1,3 millones de barriles diarios.
Empresas ya presentes en el país, como la estadounidense Chevron y las europeas Repsol, ENI y Shell, firmaron contratos para ampliar la producción en los campos que operan e incorporar nuevos bloques. Al mismo tiempo, compañías como Exxon Mobil y ConocoPhillips enviaron ejecutivos a Caracas para evaluar un eventual retorno tras las expropiaciones sufridas durante el gobierno de Chávez.
En un contexto en el que la inestabilidad en Medio Oriente difícilmente desaparezca en el corto o mediano plazo, los pozos de petróleo de Venezuela ganan atractivo. Sin embargo, la infraestructura petrolera del país está averiada y sufre por los constantes cortes de electricidad. Para alcanzar los tres millones de barriles diarios se necesitará una inversión colosal de 100.000 millones de dólares, de acuerdo con expertos como Francisco Monaldi del Instituto Baker.
Está por verse si, en un escenario donde la democratización de Venezuela parece relegada en la lista de prioridades de la Casa Blanca y con la posibilidad de que Donald Trump pierda el control del Congreso en las elecciones de medio término, las empresas extranjeras estarán dispuestas a invertir masivamente en el país.
Desplazar a China
En su ofensiva para reducir la dependencia de China en minerales críticos —insumos vitales para la defensa, la transición energética y la industria tecnológica— la administración Trump busca convertir los yacimientos de América Latina en una fuente estable de abastecimiento.
Pekín consolidó un cuasi monopolio sobre estos recursos y llegó a restringir su flujo en respuesta a los aranceles impuestos por Trump durante la guerra comercial. Aunque después hubo una tregua —con reducción de aranceles por Washington y flexibilización de restricciones por China—, EEUU tomó nota de su vulnerabilidad.
Durante la restricción que impuso Pekín, casi un tercio de los programas de adquisiciones del Pentágono enfrentó riesgo de desabastecimiento, al igual que industrias clave como la automotriz y la energética. La capacidad de China para volver a cerrar el grifo persiste, y las exportaciones de tierras raras con aplicaciones de doble uso —militares y civiles— siguen en gran medida bloqueadas, debilitando los esfuerzos de rearme de Occidente.
Minerales críticos
En este escenario, Venezuela —al igual que Chile, Brasil, Bolivia, Perú, Argentina y gran parte de la región— se ha convertido en un objetivo por su riqueza mineral. En marzo, el secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum, llegó a Caracas acompañado por veinte representantes de empresas mineras. La misión fue explorar condiciones para iniciar operaciones en yacimientos que, según datos oficiales, concentran aparte de 644 toneladas de oro minerales que Washington incluye en su lista de recursos críticos.
Venezuela, aunque no ha certificado oficialmente sus reservas, cuenta con una amplia variedad de minerales estratégicos. Entre ellos destacan el níquel, clave para fabricar baterías; el carbón metalúrgico, esencial en la producción de acero; el coltán, indispensable para la electrónica; el cobre, vital para las redes eléctricas; el antimonio, usado en el sector militar como retardante de fuego y en aleaciones; y el manganeso, fundamental para reforzar el acero y producir baterías.
El 9 de abril, el Parlamento venezolano reformó la Ley de Minas para abrir el sector a la inversión privada y extranjera. La norma regula los derechos mineros, establece categorías para la explotación a pequeña, mediana y gran escala, introduce el arbitraje independiente en caso de controversias y fija concesiones de hasta 30 años, renovables dos veces por períodos de 10 años.
La explotación minera enfrenta un obstáculo central: desplazar a los grupos armados colombianos —como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC— de los estados fronterizos y de la región de Guayana, en el sur de Venezuela, donde se concentran los principales yacimientos. El pasado 25 de abril el presidente de Colombia, Gustavo Petro aterrizó en Caracas y tras reunirse con Delcy Rodríguez afirmó que habían acordado “configurar un esfuerzo común, coordinado a fondo” para combatir a los grupos armados en la frontera.
El plan de Washington sigue en marcha y se aproxima a una fase más aguda: el combate a la narcoguerrilla, con el objetivo de asegurar el dominio sobre los minerales críticos de Venezuela, tal como ya lo ejerce sobre el sector petrolero.
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