El 24 de febrero de 2016 Nicolás Maduro anunció la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero, en decreto presidencial n.º 22148. Es un territorio ubicado al sureste del país que ocupa 112.000 km2. Bajo tierra se esconde la segunda reserva de oro más importante del mundo: 4.300 toneladas certificadas. Junto al oro, también hay diamantes, coltán y bauxita.
Después de cuatro años de su creación, es un territorio que está reservado para grupos nacionales e internacionales que saquean las riquezas y mantienen en estado de sitio a la población civil. Es una extensión marcada por la violencia, la extracción ilimitada de bienes no renovables y la destrucción medioambiental. Nuestro análisis busca alertar sobre las dimensiones del problema y está dividido en tres partes: i) Arco Minero y la aplanadora revolucionaria; ii) Arco Minero y Estado gangsteril; y iii) desafíos.
Arco Minero y la aplanadora revolucionaria
El Arco Minero surgió para aliviar los efectos políticos de la destrucción económica de la Revolución chavista. Fue creado para alimentar la lealtad de sus aliados. Sus fines de poder explican la devastación que ha dejado a su paso. La urgencia política apartó cualquier consideración sobre el impacto humano o ambiental. Lejos de buscar el desarrollo integral de la nación, buscó fortalecer los vínculos que permiten su dominación política, económica y social.
El primer obstáculo que debió enfrentar Maduro para avanzar fue la depuración de la dinámica natural de las minas. Sustituir a los productores locales —quienes extraían el oro de manera ilegal— por los nuevos explotadores exigió medidas de fuerza que fueron ejecutadas por cuerpos de seguridad del Estado en alianza con grupos irregulares y bandas de crimen organizado.
El 5 de marzo de 2016 ocurrió la Masacre de Tumeremo. Testigos afirman que civiles armados —miembros de la banda El Topo— y fuerzas de seguridad del Estado dispararon contra los mineros y asesinaron a 28. Cuatro años después solo se tiene el testimonio de las familias de las víctimas y los relatos de los pobladores.
Después de la Masacre de Tumeremo se emitió un decreto que convirtió a los municipios del Arco Minero en zona militar especial. Según el diputado chavista Héctor Rodríguez, la militarización permitiría «garantizar el orden». Sin embargo, no fue así. Se extendieron los llamados operativos y aumentaron los asesinatos. No existen datos oficiales que registren la situación. Investigaciones periodísticas y el trabajo de asociaciones no gubernamentales denuncian a cuentagotas y es difícil totalizar la magnitud del daño. Así opera la aplanadora socialista.
Arco Minero y Estado gangsteril
Al profundizar en este tema surgen consideraciones de tipo político. Comencemos por la situación del Estado venezolano. Existen distintas aproximaciones al problema. Fund for Peace alertó sobre su condición casi fallida, voceros internacionales hablan de un narcoestado y otros destacan su relación con el crimen organizado. Su categorización es un ejercicio complejo que no agotaremos en esta oportunidad.
Encontramos en la literatura especializada un concepto que parece describir con mayor precisión el fenómeno que nos ocupa. Se trata del concepto de Estado gangsteril, de Katherine Hirschfeld [1]. En el Arco Minero encontramos aspectos que coinciden con lo descrito por la autora. En 2016 el Estado venezolano se propuso imponer un monopolio extractivo en el sureste del país. La tarea incluyó al alto mando militar, a grupos guerrilleros, a redes de crimen organizado internacional y a empresas de capital extranjero. La consolidación del monopolio exigió medidas de fuerza que acabaron con la vida de cientos de mineros y de población civil. La consolidación del monopolio extractivo derivó en el establecimiento de un sistema cleptocrático de dimensiones globales integrado por miembros de la fuerza armada, del crimen organizado, de grupos terroristas y de aliados internacionales como Rusia, China y Turquía.
Conviene ahora detenernos en las consecuencias ambientales. La diputada a la Asamblea Nacional María Gabriela Hernández alertó que la legislación vigente prohíbe la explotación del oro. Denunció que estas actividades afectan las fuentes acuíferas del país. Y explicó que las consecuencias son irreparables y se extienden hasta el Parque Nacional Canaima, en donde está ubicado el famoso salto Ángel.
Desafíos
Adentrarse en el Arco Minero es encontrarse con devastación. La poca información que tenemos es extraoficial. Y la opacidad lo arropa todo. ¿Cuántas masacres ha habido desde 2016? ¿Quiénes las han ejecutado? ¿Cuántos asesinatos ha habido hasta el momento? ¿Cómo es la relación entre las empresas estatales y los capitales extranjeros? ¿Cómo interactúan el ELN y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¿Cuál es la profundidad del daño medioambiental? Además, nos preguntamos por el futuro político: ¿cómo avanzar en un proceso de democratización cuando el Estado, depositario de las formas de gobierno, ha derivado en una transnacional criminal?
Las inquietudes imponen desafíos. En lo inmediato es urgente promover instancias que registren las violaciones a los Derechos Humanos y acumular testimonios que permitan ofrecer caminos de justicia. También es necesario documentar el daño ecológico que trasciende a las fronteras venezolanas y adquiere dimensiones globales.
El Arco Minero es quizás el lado más perverso de la Revolución chavista. Esta dinámica ha permitido que el país se convirtiera en aliviadero para la guerrilla, el crimen organizado y terroristas. Venezuela, lejos de ser una tierra sin ley, es un lugar en donde «la ley» es administrada por los criminales en búsqueda de fuentes de legitimidad política y financiera que les permitan expandir sus actividades. El daño es integral: humano, ambiental e institucional.
Nota: [1] Katherine Hirschfeld. (2015). Gangster states: organized crime, kleptocracy. political collapse. Londres: Palgrave Macmillan, p. 68.
N. de R.: Un abordaje más extenso de este tema se ofrece en el artículo homónimo publicado en la revista Diálogo Político de mayo de 2020.
