Corrupción y recesión son la dupla que gobierna por estas horas la agenda empresarial argentina. Por si faltaba algo para la jungla nacional, un nuevo temblor internacional recordó que la crisis aún no terminó, que el dólar volvió a subir y la inflación también, al menos según la inminente difusión del índice de precios al consumidor del INDEC, que estaría otra vez en torno del 3%.
Hay caras largas por la baja de los reintegros a la exportación, internas feroces por las futuras elecciones en algunas entidades como la Sociedad Rural y especial desconfianza por «amistades» rotas en torno al pago de coimas. El sector empresario no predica las lealtades del ámbito político.
El mundo de los negocios está seco. Solo un dato cercano: en septiembre se licitan los subtes, ¿qué consorcio empresario estará limpio completamente para competir? Qué difícil zapato calzará el Gobierno porteño en manos de Horacio Rodríguez Larreta. Además, ya hay dudas sobre la tracción del campo en el tercer trimestre. De todos modos, siempre hay optimistas que ven luz al final del año de la mano de la minería, el campo a pesar de todo, las energías alternativas, las tecnológicas y el turismo. Con todo, la frazada es peligrosamente cada vez más corta.
La coyuntura judicial se está llevando puesto todo. El precoloquio que el Instituto para el Desarrollo Empresarial de Argentina (IDEA) realizó en Rosario el 16 de agosto fue testigo de esta situación. Allí la mesa chica de la entidad ratificó que está de acuerdo en que todo salga a la luz y con que la justicia actúe velozmente para poder dar vuelta la página. En IDEA, donde las asociadas son empresas y no personas, aprobaron en asamblea en abril pasado un código de ética que bajaron a todas las compañías asociadas y que contempla las conclusiones, entre otros trabajos previos, que sobre financiamiento político se discutieron en el coloquio del año pasado, en Mar del Plata.
En este contexto, resulta extraño que hasta ahora no haya habido un comunicado formal de entidades empresarias condenando la corrupción, exceptuando a las que tienen a alguno de sus expresidentes presos o arrepentidos (aunque sin condena firme hasta ahora). Son los casos de Carlos Wagner, extitular de la Cámara Argentina de la Construcción, y de Juan Carlos Lascurain (extitular de la Unión Industrial Argentina), por segunda vez preso, aunque en esta ocasión difícilmente pueda pagar una fianza de 100.000 pesos para quedar libre como en la primera causa (presuntas irregularidades en una obra para Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
De acuerdo, aún no hay sentencia. Sin embargo, lo que sí hay es un escandaloso desconcierto y bronca por los volúmenes de dinero que se repartían entre corruptos. Wagner admitió que era el garante de que se efectuaran los pagos de las coimas (y no las dádivas en negro para las campañas electorales, como otros arrepentidos o citados a indagatoria quisieron mostrar). Dentro de la CAC hay opiniones divididas. Hay quienes sostienen que es dificultoso imponer desde Buenos Aires un comunicado que condene la corrupción cuando en las provincias las pequeñas y medianas constructoras tienen hoy otras realidades y están más atentas a las altas tasas, los problemas que se agudizan en las cadenas de pagos, las dificultades con el financiamiento y las eventuales demoras en los pagos de algunas certificaciones de obras. Hay otros que, aun siendo pymes, ven en este momento una oportunidad de crecer haciendo negocios transparentes y quieren sacarse de encima la mochila de corrupción.
Hasta ahora Lascurain no se arrepintió, aunque en público durante su gestión, por ejemplo, admitió creerle a la inflación del intervenido INDEC y negó haber participado en reuniones políticas de mesa chica en las que sí participaba con frecuencia. Mirando hacia atrás, ahora se explica la obsesión del matrimonio Kirchner por poner sus propios alfiles en las entidades empresarias. Como pasaba con Wagner, ¿Lascurain también habría sido el garante de algún circuito non sancto en el ámbito industrial? Dentro de la UIA, las miradas también recaen sobre su vice primero, Luis Betnaza, ejecutivo clave del poderoso Grupo Techint, quien fue a declarar la semana pasada. Lógicamente, hasta ahora, la lista de sospechosos recae mayoritariamente sobre la construcción debido a la información que se conoce hasta el momento.
También es cierto que no es lo mismo el empresario que las empresas, las «compañías pantalla» que las tradicionales; por eso parece ser momento de que la institucionalidad y la transparencia ocupen en serio a los CEO. Para separar la paja del trigo, los ejecutivos más poderosos del país le exigen velocidad de rayo a la justicia y que vaya al hueso. También es cierto que hay entidades cuyos miembros son las personas y allí también reina el silencio. En Brasil se resolvió sacando a las personas y no a las empresas de juego y con multas por un total de 3000 millones de dólares.
Por cierto, en las entidades ya descuentan que se vienen aires de cambio pero, como ocurrirá en el Senado, nada será de la noche a la mañana. Hay entidades que abogan por el regreso de empresarios de fuste al frente de cámaras y de equipos técnicos en las bases. Algo que se intentó hacer muchas veces sin éxito.
El sector privado tiene su imagen por el subsuelo y debe reaccionar. Un relevamiento de Taquion que se realizó antes de que estallara este escándalo de los cuadernos reveló que el 79,8% de la sociedad cree que los empresarios son muy corruptos o corruptos; esa imagen negativa está cabeza a cabeza con las del Poder Judicial (79,3%) y del sindicalismo (79,2%). Y, en este caso, ganar por una cabeza no tiene «charme».
Artículo publicado en Cronista.com, el 14 de agosto de 2018.
