Hacen nueve años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos». El Gobierno federal de Morena sigue demostrando una alarmante falta de compromiso genuino con la verdad, la justicia y los derechos humanos en el caso Ayotzinapa. Esta fecha triste y conmemorativa debería ser un recordatorio perenne de la necesidad de abordar este caso con la seriedad y la urgencia que merece.
La «verdad histórica» presentada por el entonces titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, fue una afrenta a la inteligencia y a la búsqueda de justicia. A pesar de las promesas y las declaraciones grandilocuentes, esta versión ha sido refutada de manera concluyente por expertos independientes. Esto demuestra un claro intento de encubrimiento del Gobierno anterior.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) brindó una esperanza en la búsqueda de la verdad. Pero su labor se vio obstaculizada y finalmente interrumpida por el Gobierno. Esta interrupción, junto con la campaña mediática para desprestigiar su trabajo, plantea serias dudas sobre el compromiso del Gobierno con la verdad y la justicia.
A pesar de la creación de instituciones como la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), el Gobierno de Morena ha desafiado constantemente los esfuerzos para obtener justicia. La cancelación de órdenes de aprehensión contra militares son un testimonio claro de la falta de voluntad para llevar a los responsables ante la justicia.
Falta de transparencia
El reciente Segundo Informe de la COVAJ y la demanda de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para obtener más información subrayan la falta de transparencia y cooperación. Es inaceptable que las familias de las víctimas tengan que luchar incansablemente por obtener documentos e información que deberían haberse proporcionado hace mucho tiempo.
La hipótesis sobre la participación del Ejército es un tema importante que debe investigarse de manera exhaustiva y objetiva. Pero no debemos desviar nuestra atención de la búsqueda de la verdad en su totalidad. La prioridad debe ser encontrar la verdad y brindar justicia a sus familias, en lugar de centrarse en la culpabilidad de una institución.
Hoy, más que nunca, es evidente que este Gobierno no ha cumplido con su deber de garantizar los derechos humanos y la justicia para las víctimas de Ayotzinapa. La sociedad no debe aceptar más promesas vacías y evasivas políticas. La verdad y la justicia para Ayotzinapa son imperativos morales que deben buscarse sin descanso. Este caso seguirá siendo un recordatorio constante de la necesidad de defender los derechos humanos y la justicia en México.
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