Sin duda, deberíamos mirar de cerca el caso Taiwán a la hora de enfrentar esta terrible pandemia del coronavirus COVID-19.
En este sentido, es interesante analizar las medidas que fueron ejecutadas desde el Centro de Comando Epidémico Central de dicho país:
- El control de sus fronteras: a través de la prohibición de los vuelos desde y hacia Wuhan y otras ciudades de la República Popular China;
- El uso de la tecnología para detectar nuevos casos: monitoreando la temperatura en los aeropuertos y disponiendo cuarentenas de 14 días a los pasajeros;
- Suministro de herramientas de protección: el Gobierno taiwanés dispuso, de inmediato, la prohibición de exportación de barbijos, e implementó un sistema de racionamiento y fijación del precio en solo 16 centavos cada uno;
- La educación de la población: en ningún momento se estableció cuarentena obligatoria y los niños siguen yendo a clases, pero se alertó a la población respecto de las medidas que había que llevar adelante, tales como la higiene y el distanciamiento social, difundiendo mensajes sistemáticos de las autoridades sanitarias por medio de radio y la televisión;
- La pena y castigo a los incumplimientos.
Al momento de redactar estas líneas, el Taiwan Centers for Disease Control (CDC) de Taiwán, organismo dependiente del Ministerio de Salud y Bienestar, señala que los casos confirmados de coronavirus COVID-19 son 440, de los cuales 349 son casos importados, 55 locales y 36 correspondientes a personal del buque Panshi, de la Fuerza Naval de Taiwán. Para destacar: hace ya más de un mes que no hay casos locales y una semana completa sin casos importados de COVID-19.
Al analizar estos números, fácilmente nos damos cuenta de que un país con 24 millones de habitantes atendió y actuó rápidamente ante esta crisis.
Este fenómeno puede explicarse a raíz de la experiencia de la epidemia del síndrome respiratorio agudo grave (SARS), reportada por primera vez en 2003, que, además, les permitió disponer de infraestructura y equipamiento, así como también estar en situación de preparación constante ante posibles amenazas de enfermedades emergentes infecciosas. Pero ello no sería suficiente, si no fuera acompañado de un despliegue transparente para encarar emergencias de estas magnitudes.
En este aspecto, las autoridades taiwanesas informaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en diciembre de 2019, acerca de la existencia de una neumonía atípica, al aparecer los primeros casos en la ciudad de Wuhan, República Popular de China. Lamentablemente, no hubo respuesta de este organismo internacional ante las reiteradas advertencias. Haber oído a tiempo esta alerta, ¿no hubiera reducido al mínimo el desastre que vivimos al día de hoy?
Esto nos lleva a analizar otro tema: la falta de reconocimiento oficial del país (para la OMS, por ejemplo, Taiwán sigue siendo parte de la República Popular de China) y su inadmisión como miembro de la ONU y de la OMS, que, no cabe duda, influyó a la hora de hacer omisión a las mencionadas advertencias.
Las enfermedades no conocen fronteras. ¿De qué otra manera puede garantizarse este principio fundamental si no es a través de la cooperación entre los países y el intercambio de experiencias, en este caso, en materia de salud pública, y la contribución para combatir esta pandemia que avanza de manera agresiva?
Excluir por consideraciones políticas no ayuda a este objetivo y la OMS, y sus agencias conexas no deberían desatender ningún tipo de colaboración a la seguridad sanitaria global de ningún país.
La 73.ª sesión de la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) —órgano encargado de la toma de decisiones de la OMS— que se celebró entre el 18 y el 19 de mayo, era una oportunidad excepcional que tenía la Organización Mundial de la Salud para reivindicarse y hacer honor a los principios establecidos en su Constitución. Excluyendo nuevamente a Taiwán, lamentablemente la ha desaprovechado.
