La transición del sistema de salud pública en México propuesta por el gobierno de López Obrador arremetió contra un esquema que atendía a la población más vulnerable, para proponer uno nuevo que aún se encuentra en fase de implementación y no cuenta todavía con herramientas, recursos e insumos suficientes para proporcionar servicios especializados.

Esta situación llevó a una serie de desgracias que, documentadas por la prensa e ignoradas o desestimadas por las autoridades, demostraron la ineficacia inicial del nuevo modelo de salud pública: falta de tratamientos para niñas y niños con cáncer, carencia de insumos básicos —material de curación, equipo de protección médica— en buena parte de los hospitales e incluso la adquisición de medicamentos sin las normas necesarias de calidad, lo que en Tabasco, estado natal del presidente, ha costado la vida a casi una decena de pacientes sometidos a hemodiálisis.

El sistema mexicano de salud pública enfrenta en esas condiciones de escasez y precariedad a la pandemia de coronavirus, que comenzó hace unos meses en China y hoy transforma poco a poco los hábitos, las costumbres y la convivencia humanas; un reto como pocos y tan urgentes de los que hayan aparecido a escala mundial y que, en el caso mexicano, a diferencia de otros países, toma por sorpresa a un gobierno que además debe enfrentar otra epidemia provocada por el propio gobierno: la polarización social.

La suma de ambas circunstancias es un polvorín de alto riesgo. Un sistema de salud deficiente y una autoridad que ha dedicado meses a dividir el debate público entre quienes están con López Obrador y quienes son críticos de sus decisiones; un gobierno que ha tratado a la pandemia con desdén y restándole importancia, y una ciudadanía que debe atenerse a las indicaciones de un presidente ausente, imbuido en su propia agenda e incapaz de consolidarse como un factor de unidad ante una potencial tragedia.

Cartel del Gobierno de México sobre el coronavirus (detalle) | Fuente: Gobierno de México

López Obrador sigue, en este como en otros casos, una estrategia de comunicación que confronta a quienes desde la opinión pública, la academia o el propio sistema de salud advierten sobre los enormes riesgos que se ciernen sobre la población mexicana, contra las autoridades que se empeñan en desestimar la importancia y gravedad de la pandemia, justifican la continua aparición del presidente en eventos masivos o defienden declaraciones en las que el mandatario afirma que el mejor «escudo protector» es la honestidad.

Activar los mecanismos de la posverdad en tiempos de una pandemia es una irresponsabilidad que podría traer consecuencias trágicas para todos los sectores de la sociedad. Desinformar o informar a medias, no contar con un número certero de casos por no aplicar las pruebas y diagnósticos que permitan tener certeza de la realidad a la que se enfrenta el Gobierno, continuar con las descalificaciones que señalan a opositores o críticos como exagerados, la tardía cancelación de eventos masivos y la debilidad del sistema de salud son, en suma, una bomba de tiempo.

Las cifras oficiales han anunciado que, al momento de escribir estas líneas (21 de marzo), se presentaban en el país 203 pacientes confirmados y dos defunciones por coronavirus. Las acciones preventivas del Gobierno apenas empezaron a promoverse y se espera que en los próximos días y semanas se pase de la llamada fase 1 a la fase 2 de la enfermedad, cuando un probable crecimiento en el número de contagios comience a registrarse a nivel nacional.

Las reacciones más oportunas, no obstante, provienen de las autoridades de estados y ciudades gobernados por la oposición donde, desde hace un par de semanas, se han implementado medidas de prevención y atención en aspectos de salud pública, economía local y confinamiento voluntario. Así, el contraste entre la esfera local y la nacional va construyendo una narrativa contradictoria y que, a partir de la frase del propio López Obrador de «yo tengo otros datos», genera confusión e incertidumbre en la ciudadanía.

La posverdad en tiempos de una potencial emergencia nacional es un riesgo que pone en juego el papel articulador y organizador que debe tener todo gobierno ante cualquier tragedia.