El expresidente señaló a su llegada que será candidato en 2021 y que luchará contra quienes traicionaron el proyecto de la Revolución ciudadana. ¿Qué significa eso en la actual coyuntura política que vive el Ecuador, con un partido oficialista dividido y un vicepresidente tras las rejas por el escándalo Odebrecht?
El expresidente ecuatoriano Rafael Correa llegó el pasado viernes 24 de noviembre a la ciudad de Guayaquil, en un vuelo privado de la compañía Searca proveniente de Bogotá. Su agenda de diez días en el país rompe con la promesa de no regresar en el corto plazo para permitir gobernabilidad a su suceso, y tiene como punto central la participación en la convención nacional del movimiento oficialista Alianza País, con miras a expulsar al actual presidente Lenín Moreno.
En el aeropuerto José Joaquín de Olmedo lo esperaban decenas de simpatizantes y detractores, estos últimos liderados por el expresidente Abdalá Bucaram (1996-1997). El solo anuncio de su arribo generó provocaciones e incidentes en la terminal aeroportuaria, incluyendo el lanzamiento de bombas lacrimógenas por la policía. Después de lo sucedido, Correa salió por una puerta secundaria y no dio declaración alguna a la prensa.
El líder de la fracción hoy minoritaria de Alianza País vuelve a Ecuador en medio de un ambiente político conmocionado: por un lado, la escandalosa cantidad de denuncias de corrupción y atropellos a los derechos humanos por varios funcionarios de su gobierno; por otro lado, el llamado a consulta popular desde el Ejecutivo con reformas sustantivas, todo esto en medio de una situación económica sumamente complicada. [1]
Pero, ¿cuál es el verdadero motivo para que Correa regrese a Ecuador? Seguramente medir fuerzas con su sucesor, el presidente Lenín Moreno, no solo dentro del movimiento que llevó a ambos al Palacio de Carondelet [2], sino también en la esfera pública. Es claro que Correa tiene intereses en el ámbito político-electoral. Por ello, no son pocos los que creen que regresa con el objetivo de impedir que la mencionada consulta popular se realice, ya que, de ganar el sí, lo dejaría inhabilitado para ser candidato; pero además vuelve con miras a retomar el poder de su movimiento.
La disputa por la dirección de Alianza País empezó hace rato. Hay que recordar que el pasado 31 de octubre la secretaria de ese grupo, Gabriela Rivadeneira, anunció la destitución de Lenín Moreno como presidente del movimiento, decisión sobre la cual Moreno solicitó medidas de protección y, al respecto, el Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe se pronunció a su favor, señalando que hubo una violación al debido proceso, por lo cual solicitó al Consejo Nacional Electoral que no admitiera la inscripción de un nuevo presidente de la tienda política.
Antes de la llegada de Correa, Moreno convocó a una sesión extraordinaria de la dirección nacional de Alianza País, en la que se sancionó a Rivadeneira (expresidenta de la Asamblea Nacional) y a su actual vicepresidente Ricardo Patiño (excanciller), por la destitución de Moreno sin cumplir con el proceso establecido.
Lo que pase con la dirección del movimiento Alianza País está ahora en manos del Consejo Nacional Electoral, y será determinante para el futuro político, tanto de Correa como de Moreno. No hay que olvidar que el próximo año inicia la carrera hacia las elecciones seccionales de 2019, y quien pierda el control del movimiento deberá afrontar este proceso sin la estructura y la marca AP, lo que podría significar perder un importante espacio en el poder seccional, con repercusiones posiblemente nefastas para la vida política de cualquiera de los dos personajes.
El escenario no es fácil. Si Correa quiere volver al poder, deberá recuperar adeptos y el control sobre la dirección de Alianza País, e impedir que se realice la consulta popular. Además, tendrá que convencer a la gente de que no está inmerso en los actos de corrupción que señalan a sus más allegados, como su excompañero de fórmula, el vicepresidente Jorge Glas, quien se encuentra detenido por el escándalo Odebrecht.
Moreno, en cambio, tendrá que evitar un desgaste político que empieza a relucir debido al cuestionado manejo económico del país, y lograr, por otro lado, que la Corte Constitucional permita la consulta popular.
[1] Véase, por ejemplo, «¿Cuáles son las siete preguntas de la consulta popular y el referéndum en Ecuador?». El Universo, 2.10.2017.
[2] Sede del gobierno y residencia oficial del presidente de la República de Ecuador.
Carla Bonilla | @ CarliBonilla
Periodista y comunicadora. Máster en Gerencia Política y Gobernabilidad
