Costa Rica se encuentra hoy al borde de una crisis financiera severa, a raíz de prácticas económicas nada saludables, arrastradas a lo largo de muchos años. Sin embargo, no es algo extraño para la memoria colectiva de los costarricenses.
Ya durante los años ochenta Costa Rica enfrentó una inflación sin precedentes Esta situación afectó la rutina cotidiana de la mayoría de sus ciudadanos y produjo un crecimiento enorme en sus índices de pobreza.
Hoy el panorama es similar. En una escueta síntesis, los ingresos del gobierno de Costa Rica no alcanzan para cubrir sus gastos, una situación que es considerada normal en cualquier Estado, y se le denomina déficit fiscal. Pareciera que actualmente todos los Estados están bajo la presunción de tener un déficit establecido, por el cual deben velar, regular y sostener a márgenes aceptables por los organismos internacionales y, en especial, por las denominadas calificadoras de riesgos. Estas juegan un rol sumamente importante en la crisis actual que vive Costa Rica.
Las calificadoras de riesgos evalúan la capacidad de pago y cumplimiento a estándares de préstamos de deuda externa. Más sencillo, si la calificadora Z dice que el país tiene X% de riesgo, se complica el financiamiento externo de este y, por ende, su manejo económico.
En el caso concreto de Costa Rica, algunas calificadoras determinaron que existe un desfase entre el crecimiento económico y el déficit fiscal, los cuales eventualmente generarían un panorama económico insostenible. Su recomendación es que Costa Rica apruebe urgentemente una medida: un paquete fiscal con nuevos ingresos.
La propuesta que se encuentra actualmente en la Asamblea Legislativa presenta un trueque que pareciera sencillo de plantear: el Estado cobrará más impuestos a los ciudadanos y, a cambio, tomará medidas en contención del gasto para equilibrar las finanzas públicas. Pero esto, claro está, no puede ser analizado con tal sencillez. Por ejemplo, el compromiso del Estado de reducir el gasto mediante una serie de decretos, los cuales, en primer lugar, debieron haber sido implementados hace algún tiempo y, a su vez, por principios legales, pueden ser revertidos por cualquier decreto que así lo manifieste. En contraste, los impuestos muy probablemente nunca más bajaran para los costarricenses, ya que requieren de la aprobación de 29 votos en la Asamblea Legislativa de los 57 diputados electos.
Existe un dogma político que establece que todo impuesto es impopular. Sería análisis de otro escrito investigar si alguna campaña política exitosa tuvo como eje central de comunicación el incremento de los rubros impositivos. Esto se genera por una razón lógica: las personas no quieren un costo de vida más caro, y tienden a pensar que los gobiernos podrían y deberían administrar mejor sus recursos.
La transición de impuestos que se quiere dar en Costa Rica suma un elemento de resistencia más a la mesa: pasar de un impuesto de venta a un impuesto de valor agregado que gravaría servicios hoy exentos, y que por lo tanto subirían su precio: taxis, abogados, médicos, Netflix, alquileres, peluquería, entre otros. Asimismo, una nueva tabla de impuesto a la renta también traería un significativo aumento.
El Estado promueve una fuerte contención del gasto, y con esto abre un frente más de impopularidad. Las medidas giran en torno al recorte del empleo público, rubro que ha tenido un crecimiento descontrolado, en parte por el plan escudo ante la crisis del 2008, cuando se crearon múltiples plazas para mejorar la situación económica del país en tiempos de inestabilidad internacional.
Al mismo tiempo, estos recortes generan gran efervescencia en los sindicatos, que defienden aumentos salariales, convenciones colectivas, anualidades y el congelamiento de pagos por rubros que se han extrapolado en los salarios de la mayoría de los funcionarios públicos.
Por todo esto, Costa Rica se encuentra cursando la tercera semana de huelga indefinida y en medio de un debate multisectorial, con un choque cruzado de opiniones, que una vez más vuelve a calar en los escritos cuasivinculantes de las calificadoras de riesgo. Se evidencia la falta de un consenso social de años, pues se fueron posponiendo acciones para evitar una crisis de la que todos estábamos informados. Ahora, todos debemos colaborar para encontrar una salida negociada, que no golpee a los sectores más vulnerables de la población.
