El 1 de octubre está programada la celebración de un nuevo referéndum de independencia en Cataluña. La ilegitimidad del proceso y la batalla jugada en el campo de la opinión pública han puesto la consulta secesionista en el ojo del huracán.
Como ya viene siendo habitual en los últimos años, hoy en España el foco de todas las miradas está puesto sobre Cataluña. La supuesta celebración de un referéndum de autodeterminación, que ha sido condenado por el Gobierno, tiene al país divido no solo en dos, sino en muchas partes. La Generalitat de Cataluña convocó este referéndum apoyándose en una ley que fue suspendida por el Tribunal Constitucional al día siguiente de su aprobación el pasado 6 de septiembre. La pregunta del referéndum es muy sencilla: ¿quieres o no una Cataluña independiente? Sin embargo, la complejidad del proceso ha dividido la opinión pública española en varios frentes.
El presidente del Gobierno Mariano Rajoy expresó que utilizaría todos los recursos a su alcance para evitar el referéndum: «No subestimen la fuerza de la democracia española», anunció. Sin embargo, parece que las «amenazas» lanzadas desde la Moncloa no asustan demasiado en Cataluña, ya que todo apunta a que la consulta separatista del 1-O seguirá adelante bajo la esfera de la ilegalidad. El Ejecutivo observa como última medida de urgencia la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que establece que si una comunidad autónoma no cumpliese con sus obligaciones o atentase contra el interés del país, el Gobierno podría obligarla al cumplimiento forzoso de la ley. Por tanto, la única manera legítima de realizar un referéndum de independencia en Cataluña sería a través de una reforma constitucional, un proceso mucho más complejo, que tomaría más tiempo y que no convence a los defensores de la secesión.
Por su parte, la comunidad internacional también se ha pronunciado sobre la cuestión catalana. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anunció que una Cataluña independiente saldría inmediatamente de la UE. Sin embargo, también expresó que ante la victoria del sí en una consulta realizada de manera legal se respetaría la decisión de independencia. El referéndum catalán tampoco fue reconocido por las Naciones Unidas, que se negó a darle aval internacional. Hay que tener en cuenta que una supuesta Cataluña independiente se pondría a la cola de Europa y tendría que apelar a un largo proceso para acceder a la ONU. Así, el nuevo territorio independiente quedaría durante sus primeros años como nación fuera de estas dos organizaciones y debería buscar hacerse presente en la esfera internacional por otros medios.
En América Latina, la noticia del referéndum también ha hecho eco y muchos dirigentes han manifestado su opinión acerca del tema. En Venezuela, Maduro calificó a Rajoy como «dictador» por su actitud ante la cuestión catalana y expresó su apoyo a la causa secesionista. Mientras tanto, Juan Manuel Santos manifestó su apoyo a la unidad y declaró que «si España se debilita, nos debilitamos todos». Otros países aún no han mostrado una postura clara o han expresado no querer inmiscuirse en temas internos, pero todo apunta a que la región estaría en los primeros temas de agenda de una nueva Cataluña independiente, por sus lazos históricos y por la cantidad de latinoamericanos que residen en su territorio. Lo que queda claro es que más allá de suelo ibérico también se está jugando una batalla en la esfera pública internacional y quien la gane se llevará un triunfo muy importante.
Las encuestas están también muy divididas. Algunas estimaciones señalan que un 56 % de catalanes consideran que el referéndum no puede ser válido ni legal. Otras recogen que un 60 % quieren participar de la consulta del 1-O. En este clima de manipulación de la información al gusto del consumidor, nada parece cierto del todo. Además, para sumarle hierro al asunto, también hay que tener en cuenta que muchos catalanes no independentistas no acudirán a las urnas porque consideran el referéndum como un mecanismo ilegítimo, por lo que contabilizar la verdadera opinión de la población es muy difícil.
Si los catalanes tienen derecho a un referéndum para decidir su futuro, este debería ser un proceso legítimo que incluyera a todos los partidos políticos, y no uno castigado por la justicia, en el que se tienen incluso que esconder las papeletas. El próximo 1 de octubre debería preguntarse a los catalanes: ¿a qué precio quieres la independencia?
Castellar Granados | @castegranados
Relaciones Internacionales y Traducción e Interpretación, Universidad Pontificia Comillas. Exbecaria de la oficina Montevideo de la Fundación Konrad Adenauer (2017)
