El nombramiento de Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba, en reemplazo de Raúl Castro, representa la cerrazón de un gobierno que históricamente ha dado la espalda a sus ciudadanos, a su sociedad civil, a su pueblo, para perpetuar un régimen sostenido por la fuerza y la represión.
Un cambio de régimen implica una transformación gradual: marcos legales que sienten las bases de ordenamientos que a fuerza de establecer nuevas prácticas empujan conductas, costumbres, hábitos; el proceso en su conjunto construye poco a poco una nueva cultura.
Las transiciones a la democracia son, bajo esa premisa, rutas que trazan objetivos en el corto, mediano y largo plazos, en las que convergen la voluntad de actores políticos y sociedad civil, con la intención final de constituir un régimen que haga valer la decisión de una mayoría que elige en libertad.
Si bien hay una elite o grupo que encabeza esos cambios, su fuerza radica en la legitimidad que otorga el empoderamiento de la ciudadanía: libertad para reunirse en una organización o en un partido político; libertad para expresar ideas, críticas o acuerdos; libertad para dialogar con el que piensa distinto y generar acuerdos en torno de coincidencias; libertad para disentir en el marco de la ley, ser respetado y no temer ni represalias ni persecución.
Todo ello, por supuesto, no por el capricho o la generosidad de un grupo privilegiado sino, al contrario, en el marco de una normatividad que encauce a través del orden institucional la voluntad ciudadana de sumarse, de aportar y participar.
Esa suma de valores fue la que estuvo ausente el pasado jueves 19 de abril durante la investidura de Miguel Díaz-Canel como nuevo presidente de Cuba, a manos del heredero de Fidel Castro, su hermano Raúl.
Una ceremonia donde la Asamblea Nacional, sin oposición o crítica alguna, aplaudió al sucesor de la dinastía en unánime coro, estruendosa loa a quien de ahora en adelante ejercerá el cargo de premier de la isla.
Mandato que, no obstante, contará con la vigilancia y, a final de cuentas, la venia de quien permanecerá como primer secretario del Partido Comunista: el propio Raúl Castro, a resguardo de una herencia que desde 1959 solo ha tenido dos jefes máximos, llamados timoneles en otras latitudes, designados por la historia o la divinidad en otros tiempos.
Díaz-Canel llega al poder como una suerte de legatario impuesto quizá por la necesidad, quizá también por estrategia: un rostro nuevo y un nombre nuevo que no obstante representa al mismo gobierno que ha perseguido y encarcelado disidentes, que prohíbe hablar y disentir en público, que asesina, que reprime a la oposición por la necesidad, por la degradación de la dignidad o la amenaza latente de que no existe norma, código o ley que proteja a nadie del capricho del Estado.
Una dictadura con todas sus letras, con todas las características que distinguen a los regímenes donde cualquier conato de imaginación o de iniciativa personal o grupal son vistas como culpables de atentar contra un orden decidido por los menos, impuesto por la fuerza y mantenido por el miedo.
Así ha sido desde el 1 de enero de aquel año. Y nada permite prever que podría ser de otro modo. No hay espacio para las alternativas que supongan la creación de un partido, el ejercicio de un referendo, la demanda de mayor participación de la sociedad o la inclusión de voces que se reúnan para proponer un cambio.
La decisión de esa cúpula que vitoreó a Díaz-Canel no es representativa del pueblo cubano porque omite cualquier reflexión o idea que contravenga los designios de la plana mayor: ya sea la academia, la sociedad civil organizada, el exilio o algún gobierno democrático que decida elevar una crítica al totalitarismo cubano, toda crítica contra quienes se asumen representantes del «pueblo» es injerencia extranjera, imperialismo opresor, atropello contra la «autodeterminación», toda esa retórica que en pleno siglo XXI habla como si el mundo se hubiera detenido en el culmen de la guerra fría.
Queda, no obstante, el reto de implementar las reformas económicas que han permitido una apertura que el régimen vigila con celo y precaución: un mercado conducido por el Estado que ya fracasó en Venezuela, que estuvo al borde de llevar a Argentina a la quiebra, que intenta justificar con el término justicia social más opresión, control y, al final de cuentas, beneficios para los menos en detrimento del grueso de la población.
Difícil, en ese contexto, hablar de un cambio, mucho menos augurar una probable transición, porque quienes están instalados en la comodidad de la cúpula nada harán porque algo cambie, pues ello implicaría ceder privilegios, ceder la estabilidad alcanzada para dar paso a la mayor y más soberana de las incertidumbres: la libertad.
Carlos Castillo | @altanerias
Director editorial y de Cooperación Institucional, Fundación Rafael Preciado Hernández. Director de la revista Bien Común
