La CELAC pretendía ser espacio de encuentro. Sin embargo, la última cumbre pareció un escenario para el intercambio de gestos polarizantes. Queda pendiente la construcción libre y democrática de acuerdos.

Fue durante la conmemoración del 238 aniversario del natalicio de Simón Bolívar en julio pasado que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció ante el cuerpo diplomático y funcionarios de embajadas la intención de incluir, como parte de la agenda para la siguiente reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), la propuesta de explorar una ruta para conformar una institución en relevo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Sin mayor detalle, el mandatario mexicano tildaba al organismo presidido por Luis Almagro desde 2015 de obedecer a intereses ajenos a la región, de estar lejana a la «historia», las «realidades» y las «identidades» latinoamericanas. Y es que, a partir de su instalación en 2011, la CELAC ha procurado ser un espacio de encuentro para abordar de manera común temas que afectan a la región, bajo la premisa, expresada por el entonces presidente de México, Felipe Calderón, de que «no podemos permanecer desunidos, no podemos tener éxito en el futuro en función de nuestras diferencias. Ahora nos corresponde a nosotros unirnos sobre la base de nuestras similitudes, que superan con creces nuestras diferencias».

El entorno local e internacional parecía en ese momento –julio de 2021– adecuado para la propuesta lopezobradorista: el país como sede de las charlas entre la oposición y el gobierno venezolanos; los resultados en la elección intermedia del Congreso mexicano, que aún se mantiene controlado por el partido presidencial –Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)–; los triunfos electorales de Pedro Castillo en Perú y de Alberto Fernández en Argentina; el rechazo de Cuba a las sanciones impuestas por Estados Unidos a causa de la represión contra disidentes y manifestantes en julio pasado…

Se configuraba así un ala en apariencia sólida, que ayudaría a medir el pulso frente a una OEA que ha condenado las represalias al derecho de protesta en la propia Cuba, los atropellos a la democracia, a las libertades y a los derechos humanos en Venezuela, el desgaste constante al que tiene sometidas las instituciones de la república Nayim Bukele en El Salvador, la persecución a partidos, representantes de la oposición y periodistas que ocurre ahora mismo en la Nicaragua de Daniel Ortega.

Un grupo de países que, o se encuentra en la esfera de lo que Federico Finchelstein llamó autoritarismo democrático (Del fascismo al populismo en la historia, Taurus, 2018), o son francas y abiertas dictaduras. Un grupo de países al que las posturas de la OEA le incomodan porque dan proyección internacional a los abusos de regímenes que se acercan o viven ya en la autocracia.

El ambiente previo a la VI Cumbre de la CELAC que se realizaría en Ciudad de México el 18 de septiembre dejó, no obstante, de lado aquella propuesta de López Obrador: el punto más delicado y que en verdad representaba un hito para la reunión fue relegado de la agenda pública y opacado por el anuncio de la Cancillería mexicana de que asistiría el presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

La noticia, confirmada dos días antes de celebrarse el encuentro, desató una andanada de críticas contra el Gobierno mexicano por periodistas, académicos, intelectuales, organismos de la sociedad civil, tanto del país como de la comunidad internacional; durante la noche anterior a la inauguración, además, la llegada de Nicolás Maduro sumó argumentos y detractores que incluyeron a partidos de la oposición en México, activistas y protestas ante las embajadas de Venezuela y Cuba.

El trato que López Obrador ofreció a ambos mandatarios los hizo protagonistas en una fecha simbólica para la sociedad mexicana: los festejos de la conmemoración de la independencia del 15 septiembre tuvieron como principales figuras a Maduro y Díaz-Canel, este último invitado a pronunciar un mensaje durante el desfile militar que conmemora el inicio de aquella guerra. En la conversación política nacional esto generó una división ante un festejo que de común logra un ambiente de unidad en el país, de un sano debate público sobre la propia historia y de conmemoración patria.

La polarización de la opinión pública es una estrategia habitual en el mensaje de la presidencia mexicana. Las decisiones, el lenguaje y las expresiones de López Obrador construyen una narrativa en la que es complejo hallar puntos de encuentro, y en la que el denuesto o la descalificación del adversario bastan como argumentos. En El ocaso de la democracia (Debate, 2020), Anne Applebaum desentraña estos métodos y analiza el daño que han generado en Hungría, en Polonia, en España o en Estados Unidos… Un repaso abundante, profundo y bien documentado de la forma en que la radicalización misma socava los cimientos de las democracias.

El protagonismo de dos dictadores como invitados a la Celac fue parte de esa narrativa polarizante, una estrategia comunicativa y política llevada a cabo con precisión por el gobierno obradorista y ahora elevada al ámbito internacional. La propuesta de una institución alternativa a la OEA se insertaba también en una agenda que, a partir de la descalificación desde la vocería presidencial, lleva al debilitamiento de las instituciones y sus representantes: así se ha hecho en México con los organismos electorales, así se pretendía hacer desde el encuentro del pasado 18 de septiembre.

La Cumbre inició así bajo un ambiente polarizado y tenso, tejido con antelación pero al que se contraponía, justo la noche en que Nicolás Maduro aterrizaba en México, la moción del Parlamento europeo de condenar al Gobierno cubano por las flagrantes violaciones a los derechos humanos durante las protestas del pasado 11 de julio, que en cálculos de organismos de la sociedad civil asciende a más de mil arrestos.

Fallaban también los aliados: la ausencia de Alberto Fernández luego del resultado electoral argentino dejaba fuera a uno de los países fuertes de la región, candidato también a presidir la CELAC, lo que deja a la instancia internacional como plataforma para el propio López Obrador; Brasil y Chile, por su parte, también sin representación presidencial, se sumaban a los faltantes y dejaban a la reunión sin tres de los principales actores para impulsar cualquier agenda que pretendiera poner frente a la OEA un organismo legítimo y representativo.

Y si hasta ese momento eran dos dictadores la principal noticia de la Cumbre, su asistencia fue aprovechada durante la sesión plenaria por el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, para increpar a Díaz-Canel respecto de la falta de libertades en Cuba. Bastaron así los breves minutos de su intervención –incluido un fragmento de la canción Patria y vida que acompañó las protestas del pasado julio–, para que ese protagonismo quedara desplazado y se convirtiera más bien en vergüenza pública. Se sumó la voz de Mario Abdo Benítez, de Paraguay, quien desconoció el régimen de Maduro y defendió el papel de la OEA, y la de Guillermo Lasso, de Ecuador, que señaló la importancia del crecimiento conjunto de países «donde se respeten los derechos humanos y las libertades políticas de los opositores».

Así, la propuesta que pretendía algún acuerdo en torno a la creación de una nueva institución fue presentada por el gobierno de Bolivia, solo tuvo el respaldo de México, Cuba y Venezuela, y se desvaneció sin mayor eco, mientras prosperaban acuerdos como el de asumir una postura conjunta ante la próxima COP26 en octubre o la creación de un fondo común de la región para desastres naturales.

La imagen de López Obrador envuelto en una gabardina negra, sentado con la espalda encorvada y el rostro adusto era el reflejo de un encuentro donde, ya hacia el final, la intención de una alternativa a la OEA quedaba relegada, dejando a México como escenario internacional de reunión de figuras autoritarias, y donde ni el mensaje transmitido del presidente chino Xi-Jinping logró opacar el reclamo democrático de tres países, Uruguay, Paraguay y Ecuador, que eligieron anteponer la defensa de los derechos fundamentales y el reclamo frente al atropello a las libertades, a cualquier acuerdo que pretenda pasar por alto la situación de pueblos como el cubano o el venezolano.

La declaración final conjunta de la VI Cumbre de la CELAC incluye, no obstante, aquellas coincidencias que, más allá de personalismos o megalomanías, rescatan temas de gran trascendencia para la región como la migración o los asuntos ambientales: realidades y necesidades urgentes en Latinoamérica, capaces de armonizar esfuerzos y sumar intereses que antepongan la premisa de la dignidad humana.

Ahí donde mayor dolor padecen los pueblos latinoamericanos es donde los esfuerzos internacionales deben enfocarse, porque es precisamente ahí donde la generación de consensos y acuerdos permite atender las necesidades más sentidas: las que ponen en el centro de las decisiones a la persona y su eminente dignidad.

Queda, además, el debate de trasfondo que acompañó a la Cumbre, y que tiene que ver con la forma en que ese autoritarismo democrático convive con democracias sólidas y consolidadas, con la complejidad de continuar instalados, tanto a nivel regional como a nivel mundial, en una polarización que agota y desgasta a las instituciones y a los actores políticos… con la complicación de construir en conjunto, cuando ni criterios preeminentes de coincidencia, como podrían –deberían– ser los derechos humanos, son capaces de generar un mínimo consenso: el consenso que permite salir de los extremos a través de la política enfocada en la construcción libre y democrática de acuerdos.

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