Dos renuncias y un precedente: el México de AMLO

Señalado por propios y ajenos como la cuarta transformación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se enfrenta al reto […]
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11 Jul, 2019
El gabinete de AMLO, fragilidades y renuncias | Fuente: www.gob.mx

Articulo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

Señalado por propios y ajenos como la cuarta transformación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se enfrenta al reto que pone en jaque a todos los populismos: la realidad.

El proyecto de país que encabeza López Obrador pretende insertarse a toda costa en la historia nacional junto a las grandes transformaciones del México republicano, y ser la cuarta etapa tras la independencia, la reforma y la revolución.

No importan los últimos treinta años de construcción de instituciones democráticas, de desarrollo de un modelo económico que, con sus deficiencias, logró insertar al país en los mercados globales, de fortalecimiento de los contrapesos que acotaron una otrora omnipotente figura presidencial: para la cuarta transformación la democracia empieza el pasado 1 de diciembre y todo lo anterior fue un proyecto fallido.

En teoría, el discurso que construye este nuevo periodo resulta infalible. Tiene un enemigo permanente que permite polarizar y dividir entre fieles e infieles, bautizado como la mafia del poder, culpable de todos los males que aquejan al país.

Cuenta con una narrativa aferrada al mesianismo, en la que el líder supremo se sacrifica, vela y protege a una entelequia señalada como el pueblo bueno.

Asume que su triunfo en las urnas le da la legitimidad suficiente para socavar los cimientos del diálogo y el acuerdo democráticos, para imponer sus proyectos y decisiones mediante la perversión del ejercicio de la política.

Ha diagnosticado, además y con mucho de acierto, que el mayor de los lastres nacionales de los últimos años es la corrupción, y apela a una austeridad en el costo del gobierno que comienza a cobrar sus primeras grandes consecuencias.

En menos de sesenta días, dos renuncias de integrantes del gabinete presidencial han dejado en claro que esa austeridad y ese combate a la corrupción se enfrentan a una realidad que supera el ideal y condiciona decisiones que, obedeciendo a criterios políticos, pasan por alto el conocimiento, la experiencia y la técnica que hace falta para conducir un gobierno.

Por una parte, Germán Martínez, director de la institución encargada de procurar la seguridad social a más de 50 millones de inscritos, dejó el cargo en mayo pasado, aduciendo el modo en que temas de política pública se abordan a partir de motivos políticos, así como la imposición de colaboradores que más allá de sus capacidades tenían como principal atributo la cercanía con el presidente.

Por la otra, Carlos Urzúa, encargado del Ministerio de Hacienda, hizo lo propio y por razones similares el pasado 9 de julio, y se suma a una decena de servidores públicos de alto nivel, incluida la titular de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que se han separado de un Ejecutivo que una y otra vez se enfrenta a una realidad que lo supera: desabasto de medicinas, malos manejos en las finanzas públicas, baja en las calificaciones internacionales respecto del clima de inversión, cancelación de proyectos viables e impulso a otros que obedecen más al capricho que a la viabilidad, como el nuevo aeropuerto y el llamado tren maya.

Esta suma de desaciertos, así como los señalamientos de ambos funcionarios en sus respectivas renuncias, exhiben que el nepotismo sigue alimentando una corrupción que no termina de extirparse por la vía del ejemplo presidencial, tal como lo prometió en campaña López Obrador, y que el ahorro del gobierno se realiza por capricho y no con base en decisiones fundadas en criterios técnicos, más cercanos a la necedad y la obstinación que al correcto desempeño de las distintas áreas de gobierno.

Aunado a lo anterior, un precedente peligroso para el orden democrático tuvo lugar el pasado 8 de julio, en el Congreso local del estado de Baja California, donde a puerta cerrada, en votación secreta y de noche, las y los diputados aprobaron que el periodo del gobernador recién electo, perteneciente al partido Morena, de López Obrador, podía extenderse de dos a cinco años.

Por principio, esta decisión es a todas luces ilegal, pues aplica de manera retroactiva una extensión de periodo para un gobernante ya electo; lo más grave, empero, es que de concretarse sentaría un precedente para que pudiese hacerse lo mismo en otras entidades del país y, a la postre, tomar una decisión similar respecto del gobierno del propio presidente.

Otro aspecto que destaca del caso Baja California es que fueron los propios representantes de la oposición quienes votaron a favor la posible extensión, incluidos los del Partido Acción Nacional, lo que advierte la fragilidad de los contrapesos y de la capacidad de los partidos fuera del gobierno para constituirse como una fuerza unida que pueda poner freno o al menos cuestionar los intentos antidemocráticos e incluso ilegales de Morena.

Dos renuncias en dos meses, en suma, que demuestran que la primacía de lo político sobre lo técnico genera costos que al gobierno de López Obrador le parecen menores frente al supuesto gran proyecto de país, la cuarta transformación.

Un precedente potencial que, de igual modo, debe servir para encender las alarmas de la importancia de contar con un bloque opositor cohesionado y firme en la defensa de los mínimos indispensables para que siga siendo funcional el sistema político mexicano.

Carlos Castillo

Director editorial y de Cooperación Institucional, Fundación Rafael Preciado Hernández. Director de la revista «Bien Común».

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