Economía, corrupción y reacción antidemocrática

El año que comienza se espera que sea muy activo electoralmente, y por ello, no menos complejo en el ámbito económico. Las proyecciones de la CEPAL continúan desalentadoras para la región. Estima un crecimiento ligeramente por debajo del 1,7% que se espera para 2023. El organismo señala que, a pesar de la recuperación económica que experimentan algunas de las economías desarrolladas, esto no se traduce en cambios inmediatos para Latinoamérica, pues la política monetaria y tasas altas persistirán en el corto plazo.

Ello se traduce no solo en limitaciones para el acceso crediticio, sino además en dificultades para cumplir compromisos de pago a tasas más altas, considerando la caída en el PIB en un contexto de economías que todavía no se han recuperado por completo de los efectos de la pandemia. Ante este panorama resulta difícil descartar que el bajo crecimiento económico tendrá una significativa incidencia en la salud del mercado laboral. Esto afectará las posibilidades de una recuperación económica sostenible que incluye la propia capacidad del Estado para aumentar el gasto social.

Inestabilidad, corrupción y reacción

La discusión sobre la erosión democrática ha encontrado suficiente fundamento en la relación entre el deterioro económico y la corrupción. Así lo recoge el «Informe sobre el apoyo de los latinoamericanos a la democracia y las instituciones políticas» (Schiumerini y Lupu, 2023). Las adversidades económicas, especialmente aquellas que afectan a los sectores más vulnerables, terminan minando la confianza en instituciones democráticas incapaces de reducir la brecha social.

La corrupción representa el problema más severo en la región, de acuerdo con Latinobarómetro. Uno de los casos más sonados fue Lava Jato, que sacudió los cimientos del Poder Ejecutivo en varios países latinoamericanos. Sin embargo, la corrupción política no se limitó a un sector del espectro ideológico latinoamericano. Todos están representados, pero Perú es el país con mayor deterioro de la institución de la Presidencia.

Expresidentes latinoamericanos indagados y/o procesados por corrupción

Organizaciones delictivas

La institucionalidad democrática es la más afectada con la profundización de la corrupción. En los casos de Brasil, Argentina o El Salvador podemos observar que la reacción electoral frente a la corrupción puede llevar al apoyo de opciones que, lejos de promover y fortalecer la institucionalidad democrática, terminan agudizando sus debilidades.

La reciente crisis de seguridad en Ecuador obliga a reflexionar sobre los efectos de la inefectividad gubernamental y la penetración de las organizaciones delictivas en las estructuras del Estado. Las repercusiones de esta relación están a la vista en el avance de la criminalidad organizada y la inercia del gobierno. El impacto en la población suele expresarse en la desafección democrática y la confianza en formas extrajudiciales o paraestatales para la supervivencia en contextos económicos desfavorables, especialmente en el caso de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Inequidad y baja confianza

Una de las causas subyacentes de la desafección democrática en la región es la desventaja económica de los sectores más desprotegidos en las sociedades latinoamericanas. Latinobarómetro señala que «luego de la recuperación económica entre 2002 y 2010 no hubo cambios significativos en las inequidades sociales, pues el crecimiento favoreció a las clases medias, profundizando las brechas». Los efectos de la caída de los precios de los commodities incidieron sobre buena parte de las economías de la zona. Esto llevó a un retroceso en algunos logros en materia de lucha contra la desigualdad.

En el Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann (BTI), se considera que la desigualdad económica es una de las causas del deterioro democrático en la región. A esto se suma el ascenso de políticos con rasgos personalistas, antiélites y populistas. Esto se señala en el índice de Riesgo Político América Latina 2024, como una reacción a la ineficiencia de la clase política tradicional. En una aproximación similar, el Latinobarómetro considera además que la corrupción, la interrupción de mandatos y los interinatos contribuyen al debilitamiento de la democracia en la región.

Corrupción e instituciones

La región continúa plagada de amenazas antidemocráticas cuyas raíces pueden encontrarse en la corrupción y el debilitamiento institucional. El caso más reciente es la tortuosa transferencia de mando en Guatemala. Fue obstaculizada desde el mismo momento en que el presidente Bernardo Arévalo ganó la segunda vuelta. Las maniobras del llamado pacto de corruptos lograron poner en duda la posibilidad de su juramentación. Arévalo pudo tomar posesión horas después del lapso establecido por el protocolo constitucional. La crisis que desató el triunfo de Arévalo puede verse como una reacción orgánica de los sectores aliados a la corrupción enquistados en todos los niveles del Estado.

A su vez, como señala el Barómetro de las Américas en Latinoamérica, la reacción antidemocrática es más pronunciada entre quienes han sido víctimas de la corrupción, han experimentado condiciones económicas adversas y cuestionan el desempeño gubernamental. Las cifras son particularmente significativas en Chile, Colombia y Honduras, donde el deterioro de la satisfacción con la democracia supera el 30%.

Sin embargo, este sentimiento de rechazo y frustración puede llevar a los sectores más afectados a confiar en outsiders como Bukele, Castillo o Milei. La promesa de estos de desplazar a quienes han abusado del poder puede dar lugar a un cambio de actores más no de guion. Esta ha sido lamentablemente la experiencia en Perú y en El Salvador. La preocupación por el deterioro democrático no parece ser compartida por una población que justifica el sacrificio del Estado de derecho para garantizar un mínimo de seguridad personal. En el caso de Argentina, la crisis económica ha justificado el ascenso de Milei, pero está por verse si su política económica tendrá el resultado esperado, lo que invita a la vigilancia de los mecanismos para su implementación.