«Por favor, mantengan alejada su “democracia” de nuestro país». Con estas palabras, el presidente salvadoreño Nayib Bukele respondía a Juan González, director senior para el hemisferio occidental en la Casa Blanca.
Un día antes, en declaraciones a EFE, González espetaba: «Usar la popularidad para debilitar un sistema democrático lo hemos visto en otras partes de Latinoamérica. Y vamos a trabajar con la comunidad internacional para prevenir que El Salvador se convierta en otra Venezuela».
Que El Salvador se haya convertido en el primer país del mundo que ofrece un (ambiguo) marco jurídico que convierte a la criptomoneda del bitcóin en moneda de curso legal, ha opacado una serie de desafortunados sucesos que han terminado por dinamitar los cimientos del frágil régimen democrático salvadoreño.
El bitcóin se convirtió en la moneda legal a inicios de septiembre. A poco mas de un mes de su implementación, es difícil saber qué significa para el sistema financiero nacional tal apuesta. Lo que sí se sabe es que la mayoría de la población estaba en contra de su uso en vísperas de su implementación. Sin embargo, más de dos millones y medio de salvadoreños —según el presidente— han descargado la billetera digital Chivo Wallet, la mayoría de los cuales lo hicieron con el propósito de monetizar en dólares el bono de USD 30 que el Gobierno daba a cada usuario para promover su uso.
También se sabe que el Gobierno ha destinado USD 200 millones de dólares de fondos públicos para la adopción del bitcóin en el país, sin que se brinde detalles de su uso; y que la aplicación creada (Chivo Wallet) no es una herramienta oficial, sino un servicio privado gestionado por personas de confianza del presidente que, además de ser sumamente invasivo con los datos privados de los ciudadanos, tiene importantes problemas de seguridad.
Además, medios de prensa han revelado que la decisión de implementar el bitcóin es solo el primer paso de una estrategia para digitalizar la economía, un proceso en el que el presidente y su familia tiene intereses privados particulares.
De momento, la vigencia de la criptodivisa como medio de pago no ha representado un cambio sustancial en la dinámica económica del país. La mayor parte de las transacciones se continúan realizando en dólares y muchos ciudadanos se muestran suspicaces ante la posibilidad de un cambio abrupto del circulante.
Sin embargo, con el ruido que causaron las monedas digitales al caer, Bukele compró la atención de la opinión pública internacional logrando, con relativo éxito, distraer de las decisiones con las que los cómplices del Ejecutivo en los demás poderes del Estado sentaban las bases para garantizar la continuidad del Ejecutivo a toda costa.
Las tres apuestas de Bukele son la cooptación, el voto de los salvadoreños en el exterior y, como seguro, la fidelización personalista de las fuerzas armadas.
Así, solo cuatro días antes de que la ley del bitcóin entrara en vigencia, el máximo tribunal constitucional —impuesto por el Ejecutivo de manera arbitraria en mayo pasado—, en contra de la letra y el espíritu de la Constitución vigente, aprobó la reelección inmediata del presidente Bukele, disposición sobre la cual cuatro de los cinco magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de manera pusilánime, se limitaron a señalar que estaban dispuestos a acatar.
En declaraciones a la prensa, un diputado oficialista hacía eco de la aberrante e irrisoria interpretación que hizo la Sala de lo Constitucional, en la que esencialmente señalan que la prohibición no es para el presidente en ejercicio, sino para la persona que ejerció el cargo en el «periodo anterior», entendiendo como tal el que precede al Ejecutivo en curso.
Una semana después de que la ley del bitcóin entrara en vigor, llegó el turno de la Asamblea Legislativa. La bancada oficialista y sus aliados aprobaron la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero.Un tercio de la población salvadoreña —más de tres millones de personas— viven en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. Si bien la ley responde a un aspecto importante para la ciudadanía, ha sido señalada de«ambigua y discrecional» por la oposición y otros sectores de la sociedad civil.
La oposición sospecha que ante un creciente descontento ciudadano que amenace una eventual y ya de por sí ilegal reelección, Bukele busque entre los salvadoreños en el exterior los votos suficientes que garanticen su continuidad. Pero sin mecanismos rigurosos que garanticen la transparencia y el proceso electoral en el exterior, se teme que el régimen —que se esfuerza por mantener una fachada democrática—, si también es incapaz de obtener estos votos, simplemente tratará de fabricarlos.
Y es que, a dos años de haberse convertido en presidente, Bukele tiene —por primera vez— razones para dudar del apoyo popular.
El 15 de septiembre, El Salvador conmemoraba el bicentenario de su independencia. Fue un día muy distinto al que se podría haber imaginado un jefe de Estado con marcados rasgos narcisistas. En vez de escuchar su nombre y un coro de vítores a su favor, y a pesar de solicitar una suma millonaria para la celebración, la festividad no solo fue discreta, sino que se vio opacada —para el oficialismo— por multitudinarias marchas en la capital salvadoreña en contra de distintas medidas del Gobierno.
Principalmente, la multitud reclamaba en contra de la introducción arbitraria del bitcóin, de la cuestionable destitución de jueces y magistrados y en contra de las aspiraciones de reelección del autoritario millenial.
Esa noche, durante su discurso frente a los embajadores y las fuerzas armadas, a Bukele se le vio temeroso y presa de los nervios. Parecía que le costaba reconocer las grietas en lo que hasta ahora creía un sólido apoyo popular.
«Lamentablemente son protegidos por algunos amigos de la comunidad internacional
Solo un mes después de aquellas palabras, la oposición convocó otra vez a movilizaciones y dejó en entredicho las palabras del presidente. La prensa denunciaba que, en diferentes puntos del país, controles policiales impedían que ciudadanos se sumaran a las marchas en contra del Ejecutivo y, solo unos días después, los diputados oficialistas aprobaron medidas para prohibir concentraciones de personas, amenazando penar con cárcel a quienes las convoquen. Así, Bukele traicionaba la primera de las garantías ofrecidas.
Mientras que, sobre la segunda de sus aseveraciones (que en las próximas elecciones son libres de elegir a otro presidente), se cierne la incertidumbre.
La manera de hablar manifiesta alienaciones ocultas, ha advertido Fromm. Y quien se ha autodenominado como un instrumento de Dios, el dictador más cool del mundo e, incluso, emperador de El Salvador, busca cada vez con más desesperación fortalecer su ejército, el cual aspira que se convierta en su garantía en el poder.
Como lo hemos venido advirtiendo en Diálogo Político por más de un año, la acción más decisiva —y de la que peligrosamente poco se habla— es la relación clientelar que construye el Ejecutivo con los portadores de armas del país.
Solo un mes después de la aprobación de la ley del bitcóin, a través de redes sociales el presidente avisó que, en el marco de su plan de seguridad (al cual denomina secreto), el Ejército salvadoreño —y no la Policía nacional civil— aumentaría el número de efectivos, duplicándose en los próximos cuatro años. Es decir, el ejército pasaría —según datos brindados por el mismo Bukele— de 20.000 a 40.000 tropas en los próximos cinco años.
El mensaje conlleva una advertencia para los ciudadanos y constituye un peligro manifiesto para la democracia. Lastimosamente, las manifestaciones ciudadanas no han sido suficientes para sacar del poder a los regímenes en Nicaragua y Venezuela, que parecen constituir los “modelos democráticos” del bukelismo. Y, como hemos señalado, cuando Bukele tenga que elegir entre los ciudadanos y los soldados, estos últimos tendrán siempre prioridad para el presidente.
La historia nos ha ensañado que con el tiempo Bukele perderá su apuesta antidemocrática. De momento, es importante el apoyo a los nuevos liderazgos; la discusión pública amplia, tolerante, pedagógica y crítica en todos los medios, tanto en redes sociales y demás medios – incluyendo los digitales – así como fomentar espacios de encuentro ciudadano y, finalmente, procurar organizaciones amplias, incluyentes y coordinadas.
Solo los salvadoreños pueden defender su democracia.
