En Uruguay, la crisis del COVID-19 casi coincidió con el cambio de gobierno. Menos de dos semanas después de que un gobierno de centro bajo la presidencia de Luis Lacalle Pou asumiera el cargo, el 13 de marzo de 2020 ocurrieron los primeros casos. Desde el principio, el gobierno ha seguido una línea clara que ha continuado hasta nuestros días. Los elementos principales de esta estrategia fueron el llamado a un sentido de responsabilidad entre la población y la comunicación transparente de crisis.
Uruguay cerró rápidamente sus escuelas, centros comerciales, instituciones públicas y las fronteras, salvo algunas excepciones. Más tarde, el país aprobó la obligatoriedad del uso de barbijos en los supermercados y en el transporte público. Sin embargo, nunca hubo un toque de queda o un cierre obligatorio de restaurantes y comercios. En cambio, el presidente Lacalle Pou habló repetidamente de «libertad responsable” y pidió a sus compatriotas que siguieran las recomendaciones del gobierno.
Este lanzó una amplia campaña de información y pidió a la población, por ejemplo, que abandonara el hogar lo menos posible y que no viajara a otras partes del país. Carteles y letreros luminosos en todo el país llamaban a «quedarse en casa» y a estar informados sobre las normas de higiene. Los agentes del orden llamaron la atención sobre las medidas de distanciamiento social y distribuyeron barbijos. Todo esto fue acompañado por una aplicación de uso voluntario. Inicialmente, su objetivo era solamente brindar información, pero ahora podrá comprender una función de seguimiento anónimo en cooperación con Google. Esto último no tuvo consecuencias políticas explosivas en el país.
Es destacable además la comunicación regular y transparente del gobierno. Durante los primeros días de la pandemia, se realizaron diariamente conferencias de prensa en las que el mismo presidente u otros miembros del gobierno informaban sobre el número de casos y las últimas medidas. Más tarde estas conferencias se realizaron con menos frecuencia. Se evitó en forma sistemática cualquier retórica triunfalista respecto al éxito propio, mientras que el presidente enfatizó que el desarrollo positivo se debía a la disciplina de los ciudadanos.
El «camino uruguayo», como el propio Lacalle Pou llamó a esta estrategia, parece haber tenido éxito hasta ahora. Nunca ha habido más de 50 nuevas infecciones confirmadas en un día, y las capacidades de testeo se han ampliado a más de 1000 diarias. Con un total acumulado de 826 casos confirmados de corona y 23 muertes el 3 de junio, el país con 3,4 millones de habitantes hasta ahora ha tenido un desempeño extremadamente bueno en comparación con los otros.
Después de que las nuevas infecciones diarias confirmadas se redujeran mayoritariamente a menos de diez por día, se inició una cuidadosa reapertura de la vida pública y de varios sectores de la economía. Restaurantes, cafés, fábricas, comercio minorista e instalaciones públicas se abrieron nuevamente, mientras se implementaban protocolos de higiene (reglas de distancia, mediciones de temperatura, uso de barbijos). Las escuelas también deberían reabrir lentamente. Mientras tanto, se puede observar un descuido creciente de la población en cuanto al seguimiento de las recomendaciones higiénicas.
Uruguay fue el primer país de la región en reducir temporalmente hasta en un 20 por ciento los salarios altos del sector público, incluyendo al presidente y al equipo del gobierno. Los ahorros se utilizaron para poner en marcha un “Fondo Solidario Covid-19”, que se utilizará para financiar servicios de apoyo, como trabajo “part time” o ayuda estatal para empresas unipersonales. Como resultado de estas medidas, además de los paquetes de ayuda para los sectores vulnerables socialmente y empleados del sector informal, las demandas de la oposición de expropiación, impuestos especiales, un ingreso básico incondicional y una cuarentena obligatoria no tuvieron éxito. Por el contrario, el gobierno se benefició significativamente. Mientras tanto, la aprobación del liderazgo de Lacalle aumentó al 65 por ciento en las encuestas, mientras que solo alrededor del 20 por ciento de los encuestados calificaron como malo el trabajo del gobierno durante la crisis.
En general, la crisis del COVID-19 corona hasta el momento ha provocado poco potencial para la división social. Hasta ahora, la principal crítica al gobierno ha sido que, a pesar de la crisis, ha ingresado al Parlamento una ley de urgente consideración (llamada LUC) que comprende un paquete de temas relacionados particularmente con las áreas de seguridad, educación y economía, y que será debatida en sesiones maratónicas.
Con respecto a la dimensión internacional de la crisis, el gobierno y la ciudadanía están particularmente preocupados por la situación en Brasil, con el cual Uruguay comparte algunas localidades y cuya frontera seca no se puede hacer impermeable. La noticia del creciente número de casos de otros países y la acción errática del presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, en Uruguay seguramente contribuyeron a que la mayoría de la gente se adhiriera a las recomendaciones del gobierno. China ofreció suministros médicos y el embajador chino informó al presidente de sus experiencias en su país, pero esto fue solo una nota al margen para la opinión pública. Una desviación hacia estilos de gobierno autoritarios o antiliberales es tan poco probable en Uruguay, así como tampoco lo es un realineamiento de la política exterior como resultado de la crisis. Esta política continúa orientada hacia el multilateralismo, el libre comercio internacional y la integración regional. También es de esperar que Uruguay, más pronto que tarde, esté dispuesto a reabrir en gran medida sus fronteras.
Traducción: Manfred Steffen
