El enfrentamiento entre fuerzas del orden federales y narcotraficantes en la Ciudad de México saca a la luz una realidad acallada por años: la presencia y actividad del crimen organizado en la capital del país.
Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera ante elementos de las fuerzas armadas | Foto: Presidencia de la República, México
La respuesta de las autoridades ante la presencia del narcotráfico en México ha sido, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, ambigua y limitada, lejos de los reflectores y, salvo casos excepcionales, forzados por tragedias como la de los normalistas de Ayotzinapa, silente y casi siempre en secrecía.
Esto representa un contraste absoluto con su predecesor, Felipe Calderón, quien decidió enfrentar abiertamente a los grupos criminales que tenían el control de varias zonas del país, y logró así el desmantelamiento de los principales cárteles, hoy multiplicados en pequeños grupos que han centrado sus actividades en el nivel local.
En ambos casos, que cubren un periodo de más de diez años, la Ciudad de México permaneció al margen de los enfrentamientos provocados por la persecución de capos, libre de las redadas de las fuerzas públicas y bajo una calma que se rompió el pasado 20 de junio, cuando fue abatido el líder del llamado cártel de Tláhuac, en una redada organizada por la Marina Armada.
El uso de las fuerzas federales es común en estos casos, sobre todo por la infiltración que padecen las policías locales, lo que las hace incapaces de confidencialidad frente a estrategias que, en este caso, tomaron meses de planeación, acciones de inteligencia y de encubierto, para concluir en un enfrentamiento en las calles de la capital mexicana en el que fallecieron, además, una decena de criminales.
La operación sorprendió pues a una ciudad no acostumbrada a este tipo de acciones, que conllevaron consecuencias inmediatas como bloqueos de calles con camiones incendiados por los narcotraficantes, balaceras y persecuciones que hasta hace unos días se percibían lejanas e improbables en la sede de los poderes federales del país.
Preocupa, en este sentido, la reacción del jefe de gobierno (gobernador) Miguel Ángel Mancera, quien ante la magnitud de los hechos se limitó a negar la presencia de cárteles en la urbe y señaló que los fallecidos pertenecían a bandas de narcomenudistas. Hoy, no obstante, y a raíz de los sucesos del pasado jueves, se sabe que al menos tres grandes cárteles operan en la ciudad, además del llamado cártel de Tepito, intocado durante décadas y que opera con total impunidad a medio kilómetro de la sede del gobierno capitalino.
Han sido pocos, además, los medios de información que han investigado a fondo las acciones del narcotráfico en la ciudad: destaca, sobre todo, la pluma de Héctor de Mauleón, quien a través de la revista Nexos y del diario El Universal, de circulación nacional, documenta y recupera casi de manera semanal diversos casos relacionados con los grupos de narcotraficantes y sus actividades, y padece por ello amenazas e intimidaciones que ante estos casos trae consigo el oficio periodístico y que no pocas veces han terminado en el asesinato impune de informadores.
La escasa disposición de la autoridad para asumir el tema como uno de carácter urgente vulnera aún más a una población que mira con asombro cómo, frente a las aspiraciones a contender por su partido (la izquierda moderada del PRD) o por la vía independiente a la Presidencia de la República el próximo 2018, Miguel Ángel Mancera desdeña y minimiza hechos que podrían traducirse en una escalada mayor de violencia en el corto plazo.
Este caso involucra, también, al partido de izquierda extrema Morena, que gobierna la Delegación Tláhuac y cuyo delegado (alcalde) podría resultar implicado por complicidad y omisión frente a la presencia del crimen organizado en la demarcación; así, tanto Andrés Manuel López Obrador, presidente y futuro candidato de esa fuerza política, como Mancera tendrán en estos hechos escollos que demuestran su franco deslinde o incapacidad para enfrentar un tema de primer orden para el país.
Una vez más ha quedado demostrado que, ante una amenaza como la que es el narcotráfico en México, la estrategia de voltear a otro sitio, informar a medias o la franca indiferencia traen consecuencias aun mayores a las que se desprenden de reconocer la gravedad del problema y actuar, con la fuerza del Estado, en consecuencia.
Demuestra también, por otra parte, que los partidos que buscan aliarse en los comicios federales del próximo año deberán tener en cuenta mucho más que la aritmética electoral o la definición de una candidatura para construir una fuerza opositora confiable, capaz y garante del orden, la eficacia y la justicia que tanto urgen a México.
Carlos Castillo | @altanerias
Director editorial y de Cooperación Institucional, Fundación Rafael Preciado Hernández. Director de la revista Bien Común.