La importante victoria en el referéndum abre la posibilidad de una fase de reformas.
En un referéndum celebrado el 9 de diciembre, la gran mayoría de los votantes apoyó las reformas propuestas por el presidente Martín Vizcarra. Si bien las implicancias de estas propuestas son limitadas, el impresionante grado de apoyo que obtuvieron, legitiman y fortalecen el mandato de Vizcarra, quien no fue elegido para el cargo. La prioridad ahora es utilizar el claro mandato que emana de los resultados del referéndum para superar la actual situación de bloqueo político, que ha impedido la implementación de reformas y ha estancado al país por los últimos dos años y medio. Para ello, el Ejecutivo deberá trabajar con los recientemente electos gobernadores regionales, algunos de los cuales han tenido problemas con la justicia.
El 9 de diciembre tuvieron lugar en Perú de forma paralela dos importantes procesos electorales. Por un lado, en 15 de las 25 regiones del país se celebró una segunda vuelta electoral para elegir gobernadores regionales. Por el otro, toda la ciudadanía debió votar por sí o por no a las cuatro propuestas de reforma planteadas en un referéndum. Los resultados de este son contundentes: más de 85 % de los votantes votaron de acuerdo con lo que el presidente había propuesto.
La primera pregunta estaba vinculada a la reforma del sistema de elecciones de jueces. En este caso, triunfó el sí con 89 % de los votos. Así, se conformará la Junta Nacional de Justicia para elegir a los magistrados de forma más transparente y meritocrática. Esta junta reemplazará al Consejo Nacional de la Magistratura, el cual, después de graves escándalos de corrupción, fue disuelto por el Congreso.
La segunda pregunta proponía una reglamentación más estricta en la regulación del financiamiento de los partidos políticos. En este caso, ganó también el sí con 85 %.
Con el mismo porcentaje fue aprobada la tercera propuesta del referéndum, que prohíbe la reelección inmediata de congresistas. Perú, así, se vuelve junto con Costa Rica el único país de la región que tiene esta prohibición, la cual estaba limitada a algunos funcionarios electos, como el presidente de la República y los gobernadores regionales.
La cuarta y última propuesta, que planteaba regresar a la bicameralidad –el Senado en el Perú fue eliminado durante el gobierno autoritario de Alberto Fujimori— fue rotundamente rechazada con un 90% de votos por el no.
Si bien Vizcarra había propuesto originalmente la restauración del Senado, el presidente retiró su apoyo a esta iniciativa, luego de que el Congreso hiciera cambios importantes a la propuesta original del Ejecutivo y, por ejemplo, eliminara la propuesta de dividir los escaños del Parlamento de forma equitativa entre hombres y mujeres. Adicionalmente, el Congreso introdujo cambios controversiales que dificultaban los mecanismos legales mediante los cuales el Ejecutivo puede disolver el Congreso.
Indignación con la labor del Congreso
El contenido de las cuatro preguntas fue discutido, antes de las elecciones, solo de forma superficial y en círculos especializados. Para gran parte de la población, el punto central fue la prohibición de la reelección de los congresistas. El Congreso cuenta con un muy débil 10 % de aprobación. Esta situación es en gran parte resultado del actuar desordenado y autodestructivo de los 73 (de un total de 130) congresistas con los que originalmente contaba la bancada del Partido Fuerza Popular (FP), [1] liderado por la hija del autoritario expresidente Alberto Fujimori. A causa de disputas internas, dicho número se ha visto reducido a 59. En un último incidente, FP expulsó de sus filas al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien había ejercido sus funciones con independencia y muchas veces había criticado a su propia bancada. A esto se le suma la mala conducta pública de varios parlamentarios. A comienzos de diciembre dos parlamentarios de FP fueron acusados de acoso sexual. Asimismo, se descubrió que una parlamentaria de esta misma bancada habría pagado por obtener su título de escuela secundaria. Otros parlamentarios han sido descubiertos en presuntas situaciones de conflicto de interés.
Particularmente negativo para FP fue la sentencia de 36 meses de prisión preventiva dictada a inicios de noviembre contra Keiko Fujimori y miembros de su círculo más cercano, por los cargos de lavado de dinero en el marco del escándalo de corrupción de la empresa Odebrecht. Si bien ciertas personalidades cercanas a Fujimori conjeturaron sobre una persecución política, el fiscal a cargo de la investigación, José Domingo Pérez, fue aplaudido cuando acudió a votar en el referéndum.
Pareciera que para muchos ciudadanos el votar a favor de la prohibición de la reelección de congresistas constituye una vía para castigar a los parlamentarios impopulares. En este contexto, el argumento repetido por diversos especialistas de que es una tarea de la población elegir cuáles congresistas merecen ser reelegidos y cuáles no, pesó menos que la indignación popular contra el Congreso de la República.
A través de la propuesta de prohibir la reelección de congresistas, Vizcarra consiguió canalizar el descontento popular de tal forma que este pudiera manifestarse en el referéndum. Su aprobación en las encuestas era del 65% a mediados de noviembre, uno de los mejores resultados de un presidente desde el fin del régimen de Fujimori. Esta cifra, seguramente, aumentará después de los resultados del referéndum. En este contexto, estos resultados representan una victoria personal para Vizcarra, quien accedió al cargo debido a la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) en marzo de este año.
El factor Alan García
En los días previos al referéndum, la atención pública estuvo fijada en el pedido de asilo del expresidente Alan García en Uruguay y la confrontación entre el exmandatario y el presidente Vizcarra. Poco después de que Vizcarra convocara al referéndum durante su mensaje a la nación por las fiestas patrias del 28 de julio, García, quien fue presidente de la República en 1985-1990 y 2006-2011, criticó duramente a Vizcarra afirmando que este no tenía legitimidad. Asimismo, García advirtió que el referéndum podría generar desorden e incluso el fin de la presidencia de Vizcarra.
Desde hace algún tiempo García es investigado por estar supuestamente involucrado en el escándalo de corrupción de la empresa Odebrecht. La Fiscalía lo ha acusado de haber recibido pagos ilegales para favorecer en la concesión de grandes proyectos de infraestructura, entre ellos, el del metro de Lima.
No obstante, García viajó desde Madrid (donde tiene un departamento) a Lima el 15 de noviembre atendiendo una citación de la Fiscalía. El 17 de noviembre la Fiscalía emitió un impedimento de salida contra García. Este inmediatamente fue a la residencia del embajador del Uruguay y solicitó asilo, alegando persecución política. Vizcarra se comunicó con el presidente uruguayo Tabaré Vázquez y le aseguró que el Perú es un Estado de derecho donde no hay persecución política. El 3 de diciembre Uruguay decidió no concederle el asilo a García. Vizcarra celebró esta decisión y afirmó que fortalece la lucha contra la corrupción en el Perú.
En este momento, García se encuentra en libertad. Tanto él como los congresistas de su partido APRA acusan al Gobierno de haber intervenido sus comunicaciones privadas. Sin embargo, dado que García cuenta con una aprobación de apenas 8 % y es uno de los políticos más impopulares del país, la confrontación solo ha beneficiado a Vizcarra y a su imagen de ser un luchador incansable contra la corrupción.
La esperanza de una agenda de reformas
A través del apoyo masivo a sus iniciativas en el referéndum, Vizcarra ha ganado legitimidad y es el único político que, en medio de un clima generalizado de desprestigio de la política, ha fortalecido su posición. De esta manera, el presidente, quien no proviene de las élites políticas tradicionales, ha probado empatizar con la sensibilidad del votante peruano promedio. Sin embargo, se puede afirmar, a modo de crítica que, para conseguirlo, Vizcarra se ha valido de una medida populista y poco constructiva, como lo es la prohibición de la reelección inmediata de congresistas. Aunque cabe también señalar que puede aprovechar la debilidad política de sus adversarios para impulsar reformas durante los dos años restantes de su mandato.
Una señal importante fue el anuncio, durante la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), el 30 de noviembre, de reformar el mercado laboral para reducir los costos no salariales en el sector formal y, así, combatir la informalidad. En el Perú, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INEI), el 73 % del mercado laboral es informal. Algunos economistas señalan que el sector formal está de tal manera sobrerregulado que esto genera incentivos para el incremento del sector informal. Sin embargo, sobre todo debido a la acción de los sindicatos, no ha sido posible implementar una reforma del mercado laboral. Después del anuncio de Vizcarra, renunció Cristian Sánchez, ministro de Trabajo y crítico de la liberación del mercado laboral.
Algunas reformas claves sobre la mesa son la modernización de la deficiente infraestructura de transporte, una definición más clara de las competencias entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales, una reforma profunda del sistema electoral, político y de la administración de justicia, así como el fortalecimiento de los mecanismos de prevención y lucha contra la corrupción, y la reducción de la brecha entre las ciudades y el campo. Además, se debe mejorar la calidad de los mecanismos de consulta previa para poblaciones originarias antes de la realización de proyectos de infraestructura. Solo así se podrá garantizar el desarrollo a largo plazo de estas comunidades y evitar conflictos sociales. Con relación a este tema, no le será fácil al Ejecutivo entablar diálogo con algunos de los controversiales gobernadores regionales que acaban de ser elegidos.
A pesar de la complejidad del sistema administrativo, el presidente Vizcarra tiene una oportunidad única de usar el capital político generado por la victoria del referéndum para impulsar una agenda de reformas que el país, después de una larga fase de bloqueo político, necesita con urgencia. Será interesante ver cuáles contenidos priorizará el presidente y cómo desarrollará su estilo de liderazgo.
