El Salvador se encuentra inmerso en una crisis institucional. En la primera sesión plenaria del nuevo Parlamento, en el que los votos del oficialismo y sus aliados sobrepasan la mayoría absoluta, los congresistas destituyeron al fiscal general de la República y al máximo tribunal constitucional, este último el principal escollo que enfrentaba el presidente para su reelección. Con un Poder Legislativo que renunció a su papel de contrapeso y habiendo consumado el secuestro del Poder Judicial, Nuevas Ideas avanza de manera contundente en su agresiva estrategia para cooptar el Estado y concentrar el poder para cumplir con los caprichos del presidente.
La democracia salvadoreña nació con esperanza desde uno de los conflictos más cruentos que vio la América Latina en las postrimerías del siglo XX. Se esperaba que se asentara sobre un sistema de partidos políticos fuerte, que tuvo como protagonistas a la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y al exmovimiento guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Sin embargo, entre escándalos de corrupción, ineficiencia en la gestión pública e indiferencia hacia las necesidades de su población, el bipartidismo salvadoreño hirió de muerte a su naciente democracia, que agonizó lentamente a lo largo de treinta años.
En 2019, Nayib Bukele se convirtió en el primer presidente ajeno a las fuerzas políticas del bipartidismo y dos años después su partido político fue la fuerza política más votada en las elecciones legislativas y municipales en la historia del país, lo que le otorgó una Asamblea Legislativa con una mayoría absoluta que le permite hacer —literalmente— lo que quiera.
El bukelismo se encargó de debilitar a un ya débil Estado de derecho el 1 de mayo del 2021.
La lealtad ciega de los nuevos congresistas hacia Bukele ha diluido la independencia de poderes y amenaza con desbaratar la incipiente institucionalidad democrática del país. Lo que el oficialismo ha denominado como «jornada histórica» ha sentado las bases para que el bukelismo logre perpetuarse en el poder.
Haciendo gala de su capacidad para acuñar símbolos, el presidente tuiteó 3F/1J/28F/1M, en referencia a las fechas claves en las que su movimiento ha ido acaparando el poder político en los últimos dos años. Aunque de manera extraña no incluyó el 9F en la lista, no solo porque fue el día en que, escoltado por militares, asaltó la sede del Legislativo, sino porque —según sus palabras— fue el día en que Dios le habló.
La primera sesión plenaria de la bancada cyan degeneró en un espectáculo del gusto del presidente, con el que entretiene y mantiene las simpatías de su base.
El día de la toma de posesión de la nueva Asamblea, el pasado 1 de mayo, en solo horas los nuevos legisladores pasaron de congresistas a cómplices, y con una mayoría absoluta (64 de los 84 legisladores), los nuevos y leales diputados de Nuevas Ideas y sus aliados destituyeron a los magistrados de la Sala Constitucional —el máximo tribunal constitucional del país— y al fiscal general de la República, ignorando la institucionalidad democrática y los mecanismos contemplados en la misma Constitución.
De nada valió que los magistrados legítimos declararan inconstitucional el intento de destituirlos. En solo minutos, y airados por la burla del presidente a sus oponentes, la policía nacional civil tomó la sede del Poder Judicial y apoyó la instalación de los nuevos magistrados afines al oficialismo. Así, uno de los obstáculos más importantes para impedir la reelección presidencial fue minado por la bancada oficialista.
De regreso a la Asamblea Legislativa, y mientras los funcionarios recién nombrados usurpaban el recinto judicial, y con el eslogan que pedía un fiscal no partidista, la bancada oficialista designó como fiscal general, cómo no, a otro funcionario del que se espera lealtad completa al bukelismo.
Todo ello ilustra las formas que orientarán a la política salvadoreña en los años venideros.
Respecto a la Asamblea Legislativa, es evidente que los diputados oficialistas limitarán su trabajo a consumar, con su única y sencilla promesa de campaña, «hacer todo lo que el presidente pida». Los legisladores han demostrado que están dispuestos a cumplir ciegamente con las órdenes de Bukele, incluso si esto amenaza al Estado y a la institucionalidad que han jurado defender. El 1M enseñó que la agenda legislativa salvadoreña estará sometida a los deseos del presidente.
Observamos también una preocupante manifestación de perversa y mutua lealtad de parte de los portadores de armas del Estado. La relación que con tanto esmero ha sembrado el presidente desde su toma de posesión ha florecido. Obedientemente y de noche, la policía nacional civil asaltó la sede del Poder Judicial y de la Fiscalía de la República para que se instalaran los nuevos funcionarios afines al bukelismo. Con la tarea cumplida, a través de su cuenta de Twitter, el presidente se refirió como héroe al director de la Policía, el mismo que carga con un cuestionado historial de irrespeto a los derechos humanos y del que hace solo pocos días el tribunal constitucional (el mismo al que destituían) había aceptado una demanda en contra de su nombramiento.
Aunque de momento solo se ha prestado atención marginalmente al papel de la policía en la jornada, es importante tener presente el creciente rol político que se está otorgando a los portadores de armas del Estado. Como en los viejos tiempos, las nuevas ideas del bukelismo apelan a las armas para perpetuarse en el poder. El régimen de Bukele ha tolerado abusos de las fuerzas del orden y alentado la politización de la institución armada, en detrimento de uno de uno de los más elementales principios democráticos; todo esto con el propósito de garantizar su estadía en el poder ante presiones externas e internas.
El bukelismo está dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias el desbaratamiento del Estado. En medio de la agitación causada por las destituciones, el presidente advirtió a los amigos de la comunidad internacional que está limpiando la casa y eso no es de la incumbencia de aquellos.
Tres días después de la destitución de los funcionarios, el presidente convocó a los embajadores en el país para explicar su versión de lo ocurrido. La reunión privada se convirtió en una cadena nacional (en contra de lo acordado con las representaciones diplomáticas) con la notable ausencia de la representación estadounidense; y a partir de débiles y forzados argumentos legales, recurriendo al uso de comparaciones falaces y una interpretación conveniente y simplista de la Constitución, el presidente hiló un mensaje dirigido no a los embajadores sino a su base política; una explicación que legitimaba sus acciones y en las que buscó mostrar a sus seguidores que en El Salvador ocurre lo mismo que ha pasado en otros países; que las condenas se basan en interpretaciones e informaciones parcializadas; y que quienes condenan lo sucedido simplemente están mal. La limitada definición de democracia del presidente está restringida a la cantidad de votos obtenidos; y deja por fuera la división de poderes, el respeto a las instituciones y la independencia del Poder Judicial.
Y es que a pesar de la condena internacional, entre cuyas voces están las del secretario de la OEA, el director de Human Rights Watch, senadores y congresistas estadounidenses, funcionarios del Departamento de Estado y la vicepresidente de Estados Unidos, solo un puñado de salvadoreños se manifestó en las calles contra el golpe blando a la institucionalidad democrática del país.
Esta es quizá la más preocupante señal de la jornada: la indiferencia de los salvadoreños ante lo que está pasando en el país. Si bien la actitud displicente de la ciudadanía frente a las actuaciones del bukelismo puede parecer coherente con el voto masivo entregado a su partido político recientemente en las urnas, los salvadoreños no deben olvidar que las instituciones y los mecanismos de vigilancia en los regímenes democráticos pretenden prevenir el despotismo (Rosanvallon, 2007) y que el ejercicio de cooptación por parte del bukelismo pone el peligro las libertades y garantías judiciales para todos los ciudadanos.
De esta manera, lealtades perversas y la indiferencia ciudadana están dando forma a la política salvadoreña. Ojalá los salvadoreños sean capaces de discernir lo que está pasando y decidan recuperar el control de su Estado antes que sea demasiado tarde.
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