Con la llegada de las elecciones generales brasileñas en el próximo mes de octubre de 2018, algunas cuestiones relevantes se ponen en la agenda.
Se elegirá al presidente y al vicepresidente de la República, a los gobernadores de los 26 estados brasileños y del Distrito Federal, a todos los miembros de la Cámara de Diputados federal y de las Asambleas Legislativas estatales, como uno de los pleitos más imprevisibles de los últimos años, y dos tercios de los miembros del Senado federal.
Las discusiones políticas sobre las elecciones se revelan profundamente marcadas por los sucesivos escándalos recientes de corrupción desencadenados por la Operación Lava Jato, que involucraron a los principales partidos políticos del país y que pueden afectar su popularidad en las urnas. En los últimos meses la prisión del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, señalado por las encuestas como el candidato favorito al cargo de jefe del Poder Ejecutivo, añadió más dudas al escenario de incertidumbre sobre quién será el próximo presidente brasileño.
Los desafíos que aguardan al próximo mandatario no serán pocos. Desde el punto de vista económico, además de los efectos de la crisis que afecta al país desde 2014, tendrá que lidiar durante los próximos cuatro años con el déficit presupuestal del gobierno, la desindustrialización y el desequilibrio negativo de la balanza de pagos del país. Además, cuestiones como la política de precios adoptada por Petrobras, la propuesta de joint venture entre el fabricante brasileño de aeronaves Embraer y la compañía norteamericana Boeing y los recientes proyectos de reformas económicas deberán estar en la agenda económica de los próximos años.
Políticamente, todo indica que el horizonte no estará despejado para el candidato que tomará posesión a principios del próximo año. Además de los resultados imprevisibles generados por los incesantes escándalos de corrupción, el reajuste en el equilibrio entre los poderes republicanos provocados por el creciente protagonismo de los tribunales será un gran desafío para el próximo presidente.
Desde el punto de vista de las relaciones exteriores, Brasil también tiene diversos desafíos por delante. Los problemas generados por la crisis venezolana, traducidos en la creciente afluencia de refugiados en las fronteras del norte del país, tienden a acentuarse con el agravamiento de la situación política en el país vecino, y la búsqueda de soluciones negociadas debe seguir pautando la actuación del Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño. La búsqueda de soluciones colectivas también debe seguir siendo el principio cardinal de las relaciones de Brasil con los otros países del Mercosur en el fortalecimiento conjunto de sus economías, especialmente con relación a la formulación del estratégico acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Otro punto importante es la participación brasileña en el sistema de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. La ayuda de Brasil en este tipo de misiones, considerada esencial para la contribución del país al sistema mundial de seguridad colectiva y para la relevancia de su papel como actor global, fue sustancialmente reducida en octubre de 2017 con el fin de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah), que había contado con la participación de más de 37.000 militares brasileños desde 2004. Las negociaciones infructuosas sobre la posible participación de Brasil en una misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana, cerradas en abril de este año , no pueden ser vistas como una renuncia del país a participar de este tipo de misiones.
Las incertidumbres y expectativas que rodean las próximas elecciones brasileñas deberían fomentar el debate, pero aún no se observa tal discusión. Tenemos hasta octubre para discutir temas caros al país y decidir quién los administrará en los próximos cuatro años.
