La democracia y el reconocimiento de los Estados como asunto regional en América Latina.
Nicolás Maduro emite su programa dominical de TV desde el Palacio de Miraflores | Foto: Eneas De Troya, via Flickr
El pasado 10 de enero Nicolás Maduro asumió por segunda vez como presidente de Venezuela. El acto estuvo acompañado de una vívida discusión entre países de la región y, más allá de esta, sobre la procedencia o no de reconocer su mandato, surgido de unas elecciones en mayo de 2018 que según los oponentes del jefe de Estado venezolano carecían de los estándares mínimos de un comicio democrático. Estados Unidos y la Unión Europea negaron su reconocimiento a esta nueva presidencia de Maduro, igual que la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Lima, que comprende 14 Estados de la región. Estos, en una declaración aprobada unos días antes por todos sus integrantes con la excepción de México, «instan a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia» y piden que «respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y le transfiera, en forma provisional, el poder ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas».
Esta posición contrasta con la de otros países como Uruguay, cuyo ministro de Relaciones Exteriores afirma que su país «no reconoce gobiernos, sino que reconoce Estados» y que «no se puede tipificar un gobierno» de legítimo o ilegítimo. El mismo gobierno venezolano expuso «su mayor perplejidad ante la extravagante declaración» del Grupo de Lima, calificándola de «hecho sin parangón en la historia de la región».
El objetivo de las líneas que siguen no será juzgar la naturaleza del actual gobierno venezolano ni la pertinencia o no de reconocerlo. Se tratará de esclarecer si la actual controversia es realmente algo insólito en la historia de la región, o si, por el contrario, la tensión entre el principio de no intervención por un lado y el apoyo regional a la democracia por el otro, son rasgos permanentes de la política exterior en este subcontinente.
Las declaraciones del ministro uruguayo aluden a una concepción tradicional y rígida del principio de no intervención, ligado a la idea de la soberanía de los Estados, que se estableció como un pilar del sistema internacional después de la Paz de Westfalia en el siglo XVII: los Estados reconocen y respetan mutuamente su existencia y se abstienen de interferir en los asuntos internos de los demás. Prestándose este concepto como escudo de los Estados menos poderosos contra los más potentes, no es de extrañar que haya jugado un papel importante en América Latina, región de países afectados, prácticamente desde su independencia, por intentos no siempre pacíficos de las potencias europeas y de los Estados Unidos de hacer valer sus intereses políticos y económicos en esta parte del Nuevo Mundo. Desde mediados del siglo XIX intelectuales y políticos latinoamericanos desarrollaron el principio de no intervención e intentaron anclarlo en declaraciones y acuerdos internacionales e interamericanos, acumulando muchos fracasos y algunos éxitos, como el Tratado de Montevideo de 1933 y su Protocolo de Buenos Aires de 1936, en el que Estados Unidos accedió a reconocer explícitamente este precepto. Este también figura en la Carta de la OEA, fundada en 1948, y guió notoriamente la política exterior de algunos países de la región, como la de México a partir de 1930, bajo el nombre doctrina Estrada.
Sin embargo, también la idea de la democracia y su defensa a nivel regional es un motivo que se puede rastrear hasta el siglo XIX en América Latina. Ejemplos tempranos de ello son el chileno Pedro Félix Vicuña y el argentino Juan Bautista Alberdi. A principios del siglo XX, el político ecuatoriano Carlos R. Tovar, en clara contradicción con lo que después se llamaría doctrina Estrada, había hecho un llamamiento a no reconocer los gobiernos de facto, surgidos de actos de fuerza contra el poder constitucionalmente establecido, para así defender la legitimidad democrática. Unas décadas después, terminando la Segunda Guerra Mundial y sentándose las bases de lo que hoy es la OEA, fueron representantes de Guatemala y —precisamente— de Uruguay y Venezuela quienes abogaron por una política de no reconocimiento de los gobiernos no democráticos e incluso por interpretar la ruptura del orden democrático en un país de la región como amenaza regional. En Venezuela, esta posición iba asociada con el nombre de su entonces presidente Rómulo Betancourt, quien volvería a este cargo, con el mismo concepto, en 1959.
Durante el apogeo de las dictaduras militares, esta política perdió fuerza, pero solo para resurgir a partir de los años ochenta y, todavía más, desde los noventa. En 1991, la Asamblea General de la OEA creó en Santiago de Chile un mecanismo regional de reacción ante una ruptura del orden constitucional democrático en un país miembro, afirmando que «la democracia representativa es la forma de gobierno de la región». Un año después, con el Protocolo de Washington, los integrantes de la OEA (con excepción de México) establecieron que tal ruptura podía llevar incluso a la suspensión de un país de la organización. En 2001, se aprobó la Carta Democrática Interamericana. Su primer artículo reza: «Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla». El documento va más allá de los de la década anterior y habilita la acción regional no solamente para casos de ruptura repentina del orden democrático, sino también para situaciones de socavamiento paulatino de este desde el propio gobierno. Constatado tal escenario y frustradas las gestiones diplomáticas, la organización no solo puede tomar, sino que «tomará la decisión de suspender» al Estado afectado de sus derechos de participación.
En los últimos tres decenios hubo múltiples casos en los que se discutió aplicar todas estas nuevas herramientas. Por ejemplo, la OEA actuó con relativa unanimidad al suspender a Honduras luego del derrocamiento del presidente Zelaya en 2009 y al declarar que no se reconocería ningún gobierno surgido de ese acontecimiento, con Venezuela al frente de los que demandaban decisiones contundentes y también con Uruguay, en ese momento, con más ánimos de tipificar gobiernos. En muchas otras instancias, las posturas fueron más divergentes, dificultando la actuación regional, sobre todo en aquellos casos en que la presunta amenaza contra el orden democrático provenía del propio gobierno. Sirva como ejemplo la reacción —o falta de ella— ante diferentes pasos emprendidos por el entonces presidente peruano Alberto Fujimori.
La reciente discusión en torno al acto de asunción en Caracas tiene de todo, menos de novedoso. Es, eso sí, un ejemplo de libro de un tema que ha ocupado la diplomacia de la región muchas veces antes, con sus diferentes posiciones de principio y todo un abanico de intereses políticos y económicos —a veces explícitos, a veces más opacos— que moldean la postura de cada gobierno.