En Perú, el porcentaje de indígenas es más alto que en cualquier otro país de Sudamérica, con excepción de Bolivia. Sin embargo, los pueblos originarios siguen estando muy poco representados en las instituciones políticas del país.
La cantidad de personas de origen indígena en Perú no está clara. El censo del año 2007 arrojó el resultado de 15,7 % de la población, mientras el Instituto Indigenista Interamericano parte de 38,4%. La discrepancia enorme entre ambas cifras expresa el problema central de la representación de los pueblos indígenas en Perú. Porque, ¿cómo se puede representar políticamente en forma adecuada un grupo de habitantes si ni siquiera se conoce su tamaño?
En el censo de 2017, cuyos resultados finales todavía no están disponibles, se preguntó por primera vez por la autoidentificación de los ciudadanos. El cuestionario contenía las posibilidades de marcar un origen indígena o afroperuano. Sin embargo, hay que partir de la base de que, debido a la discriminación sufrida durante años, muchas personas temen identificarse como indígenas y prefieren marcar la opción de mestizo.
La protección de la población indígena estuvo prevista en la Constitución de 1920. El Estado reconoce allí explícitamente la existencia de los pueblos indígenas y se compromete a promover la cultura y el desarrollo de estos pueblos en diálogo con ellos. Con esto se les reconocen los mismos derechos que a los demás ciudadanos. Lo que faltaba era la definición exacta de la palabra indígena. La Constitución actual de 1993 habla de campesinos (habitantes del campo) y nativos (habitantes originales).
Desde 1979 se promulgaron leyes que garantizaban en forma completa el derecho al voto a la población indígena. Esto se refiere ante todo al derecho ilimitado al voto de los analfabetos. Sin embargo, el derecho al voto no significa que los implicados tengan siempre la posibilidad de hacerlo realmente. Porque no todos los habitantes del Perú tienen un documento de identidad. Esto se da no exclusivamente pero sí especialmente en la población indígena. A esto se suma el hecho que los centros de votación se encuentran a gran distancia de pueblos alejados y son además difícilmente alcanzables. Estas distancias no solamente geográficas sino también emocionales y de pensamiento llevan a que el discurso público preste solamente una atención marginal a los pueblos indígenas.
La cuota indígena
Una ley de 2006 compromete a comunidades y gobiernos regionales a una cuota electoral para representantes de pueblos originarios: 15% de los cargos políticos deben ser ocupados por indígenas (campesinos y nativos). Esta cuota no se cumple en forma consecuente. En el Congreso de la República no existe una cuota equivalente, por lo que la proporción de representantes indígenas es tradicionalmente muy baja. En este momento, de 130 congresistas solamente una se declara abiertamente indígena.
Si bien es actualmente la única, Tania Pariona, de la facción de izquierda Nuevo Perú, no es la primera representante indígena. Para el período 2001-2006 fue elegida la aymara Paulina Arpasi, en 2006-2011 los indígenas Hilaria Supa Huamán y María Sumire fueron parte del Congreso en representación de la Unión por el Perú, así como en 2011-2016 lo fue el awajún Eduardo Nayap. La cotidianeidad parlamentaria no fue fácil para estos diputados indígenas. Arpasi, cuya lengua materna es el aymara y no el español, fue objeto de ataques y burlas por sus errores gramaticales. Huamán y Sumire fueron impedidos de dar sus alocuciones en quechua con la excusa de que el idioma oficial del Congreso es el español. Sin embargo, de acuerdo con la Constitución peruana de 1993, el quechua y el aymara son idiomas oficiales en la administración pública junto con el español.
Las mujeres indígenas no solamente están enfrentadas a mayores dificultades para participar en política. En un informe del 2013 las Naciones Unidas hablaron de una discriminación triple contra ellas por su condición de indígenas, pobres y mujeres.
A pesar de esto, desde 2006 existe en el Congreso una Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Los 31 miembros de esta comisión, que pertenecen a todo el espectro político, se comprometieron a trabajar por la protección de la multiculturalidad y etnicidad del Perú, así como de su diversidad biológica. La protección de los pueblos indígenas es, por lo tanto, solo una parte de las atribuciones de esta comisión. A pesar de esto, la comisión se convirtió en una especie de vocero de los intereses indígenas en el Congreso. La agenda de trabajo de la comisión se compromete a respetar y proteger los intereses de los pueblos y comunidades de afroperuanos, y habitantes de la región andina y amazónica, promoviendo salud, educación y justicia. De los proyectos de ley de la comisión presentados durante este período legislativo ante todo fueron promulgados los que se relacionan con la protección del ambiente. La población indígena es la que sufre en forma particular las consecuencias del cambio climático, la contaminación de los ríos y del suelo, así como la tala de los bosques.
También fuera del Congreso existen organizaciones sin fines de lucro de y en pro de los indígenas, como, por ejemplo, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP). AIDESEP trabaja a nivel nacional mediante una serie de programas para la protección de territorios, educación, acceso a la medicina y la promoción de una economía indígena estable. El programa regional de la asociación, ARPI, apoya a los pueblos de las regiones amazónicas centrales en la utilización sustentable de sus recursos naturales y la protección de los derechos humanos. Otras organizaciones promueven intereses indígenas a nivel local.
Escaso éxito de los partidos indígenas
La creación de partidos indígenas tuvo un éxito limitado en el Perú. El Movimiento Indígena de la Amazonía Peruana (MIAP) fue un partido político fundado por el pueblo ashaninka en 1995. En las elecciones comunales consiguió mandatos pero la falta de experiencia y de conocimientos fue un impedimento para un ejercicio eficiente del gobierno. En aquel momento, solamente 2,5 % de los indígenas tenían acceso a la formación universitaria y más de la mitad interrumpía los estudios escolares, medios o universitarios. El MIAP no estuvo en condiciones de enfrentar a políticos experimentados y el partido se disolvió unos años más tarde.
Los indígenas peruanos sufren lamentablemente la marginación de los procesos políticos. La falta de capacitación en los sistemas de conocimiento occidentales perjudica sus posibilidades de representarse, como lo muestra el ejemplo del MIAP. La ausencia o la mala representación empujan a los indígenas fuera del sistema, lo que a su vez reduce las posibilidades de una buena enseñanza intercultural y bilingüe. Por esta razón son tan necesarias las inversiones estatales que apunten a la participación social y, ante todo, a la enseñanza y desarrollo de la infraestructura. Esto también vale para la infraestructura digital. La calidad de las conexiones de internet en las áreas andinas y montañosas principalmente habitadas por indígenas es muy deficitaria. También tiene sus lados sombríos la vinculación de los grupos indígenas a la modernidad. Los idiomas originarios, las tradiciones y las formas de vida están en peligro de extinción. Frecuentemente los indígenas terminan viviendo en los llamados pueblos jóvenes, eufemismo para calificar los barrios pobres en las afueras de las ciudades.
El medioambiente tampoco debería ser dejado de lado. Los planes del gobierno de construir una carretera hacia la ciudad de Iquitos, hasta ahora solamente accesible por aire o por río, traerían ventajas a la población local. Pero activistas ambientales temen que los trabajos de construcción acarreen consecuencias catastróficas para la fauna y la flora, lo que tendría consecuencias negativas para la población indígena.
Los indígenas peruanos deben también combatir otra estigmatización. Durante la época del terrorismo, en los años ochenta y noventa, el grupo terrorista Sendero Luminoso se estableció en varios territorios indígenas, especialmente de los asháninka, donde incitó a la población local a la lucha armada contra el Estado. Personas que se oponían a las concepciones totalitarias y maoístas de Sendero Luminoso eran castigadas brutalmente con tortura y asesinato. Mientras la población indígena sufrió especialmente bajo el terror, los grupos indígenas eran vistos por ciertos círculos de las élites peruanas como cercanos a los terroristas. Estos prejuicios seguramente no constituyen condiciones favorables para la voluntad política de integrar a los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisión política.
Finalmente, se constata que las posibilidades de participación política de los pueblos indígenas están contempladas en la Constitución. Las leyes de cuota indígena sirven para la protección de sus derechos y deberían garantizar un cierto grado de participación política. Sin embargo, en la práctica los indígenas peruanos sufren de marginación y discriminación. El acceso a la enseñanza y la participación tanto pasiva como activa de los procesos electorales no son obvios.
Elecciones regionales y municipales 2018 como desafío
Para cambiar esto se necesita la voluntad y la acción política estratégica a largo plazo. Lamentablemente esto es difícilmente posible dada la cambiante coyuntura política peruana, los frecuentes cambios en los puestos ministeriales y la inestabilidad política general. La participación política de los pueblos indígenas es vista en el mejor de los casos como secundaria en tiempos de escándalos de corrupción relacionados con la empresa Odebrecht y de la constante amenaza de destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Para el 7 de octubre de 2018 están previstas las próximas elecciones regionales y municipales, en las que serán designadas casi 13.000 autoridades, que tendrán influencia sobre las condiciones de vida de las poblaciones indígenas. En este sentido, los partidos y movimientos políticos están llamados a tener en cuenta especialmente los intereses de la población indígena en sus programas electorales y garantizar la participación política de políticos indígenas.
Sebastian Grundberger
Representante en Perú de la Fundación Konrad Adenauer
Flora Luise Hallmann
Estudiante de Filología Inglesa y Ciencia Política en la Georg-August-Universität Göttingen
Traducción de Manfred Steffen. Coordinador de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer, oficina Montevideo
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