El Estado de derecho ha declinado globalmente por quinto año consecutivo. De acuerdo con la medición anual del Índice del Estado de Derecho 2022 del World Justice Project (WJP), la adherencia al Estado de derecho cayó en 61 % de los 140 países y jurisdicciones en los que WJP recoge datos anualmente. Y, desafortunadamente, América Latina no fue la excepción.
A partir de una definición comprehensiva del Estado de derecho basada en cuatro principios derivados de estándares internacionales, WJP operacionaliza el Estado de derecho en ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de la corrupción, un gobierno abierto, el respeto de los derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Estos puntajes se promedian para obtener un puntaje general de adherencia al Estado de derecho en cada país.
Estos factores se miden mediante más de 550 preguntas y variables en encuestas en más de 154.000 hogares y por 3.600 expertos legales. El Índice del Estado de Derecho se construye así con las percepciones y experiencias de los ciudadanos y profesionales del derecho en el día a día en los países encuestados cada año.
Dos tercios de los 140 países en el mundo continuaron disminuyendo sus puntajes en el 2022, del mismo modo que en el 2021. En América Latina y el Caribe, 21 de los 32 países declinaron su puntuación este año. Y de esos 21 países, 16 de ellos también presentaron un declive en el 2021.
Puntajes y clasificaciones para América Latina y el Caribe en el Índice de Estado de Derecho de 2022
Entre los mejores puntajes, Uruguay ostenta el primer lugar en la región, y ocupa el puesto 25 en la clasificación mundial, seguido por Costa Rica (29) y Chile (33). Los países que reportaron un mayor aumento en su puntaje este año son Honduras y Belice. En concreto, ambos mejoraron su desempeño con respecto al factor que mide los límites al poder gubernamental, en coincidencia con las recientes elecciones y cambios de gobierno.
Lastimosamente, Venezuela ocupa el último lugar del Índice del Estado de Derecho. Asimismo, los países de la región con los puntajes más bajos son Nicaragua (133) y Haití (136). También resulta preocupante que El Salvador haya descendido 7 puestos en el Índice de este año, junto con Colombia y Brasil que descendieron 5 y 4 puestos respectivamente. Tanto Nicaragua como El Salvador, y en menor medida Brasil, han experimentado una profundización de tendencias autoritarias de sus líderes en los últimos años.
El rol de la inestabilidad y la inseguridad
Por su parte, en los casos de Haití y Colombia, se presentaron disminuciones en sus puntajes en el factor de orden y seguridad, debido a las situaciones de inestabilidad e inseguridad que usualmente enfrentan por los altos índices de crimen y el conflicto armado, este último en el caso colombiano. Paradójicamente, el factor de orden y seguridad fue el único de los ochos factores en los que un poco más de la mitad de los países mejoraron marginalmente sus puntajes.
Aunque la caída de este año en el Estado de derecho fue menos extendida que el año pasado, esta describe una tendencia preocupante. Ello no solo se debe al declive generalizado del Estado de derecho de los últimos años, sino también al aumento de tendencias autoritarias. Estas tendencias se agudizaron durante la pandemia cuando los gobiernos se extralimitaron en sus poderes ejecutivos, y restringieron libertades cívicas.
Desde 2015, el Estado de derecho ha disminuido en el 64 % de los países del Índice. Esto ha sido impulsado principalmente por tendencias autoritarias, contrapesos y controles a los poderes gubernamentales más débiles, menor rendición de cuentas y una erosión de los derechos fundamentales. Para América Latina, 74 % de los países han sufrido un deterioro en el Estado de derecho, mientras que solo cinco países (26 %) han mejorado en sus puntajes desde 2015. Venezuela y Nicaragua son los que más se han deteriorado en la región en ese período, principalmente por la falta de límites a los poderes gubernamentales y las restricciones a los derechos fundamentales.
Perspectivas
Ahora bien, cuando miramos en profundidad los 44 indicadores, o subfactores que alimentan los puntajes de los ocho factores del Índice, notamos con mucha preocupación el deterioro de los derechos fundamentales. Los subfactores del Índice sobre la libertad de opinión y expresión y la libertad de asamblea y asociación han disminuido en más del 80 % de los países desde el 2015. De manera similar, los indicadores de los límites al poder gubernamental —en particular, el indicador que mide si la transición de poderes ocurre conforme la ley— han disminuido en dos tercios de los países estudiados desde el 2015.
En conclusión, la caída del Estado de derecho, el aumento del autoritarismo y los límites a los derechos fundamentales son tendencias preocupantes que se observan tanto a nivel global como en América Latina y el Caribe.
Estos hallazgos sirven como una invitación a reflexionar sobre la ejecución de las leyes, los roles de los poderes Legislativo y Judicial, la eficiencia de los pesos y contrapesos al poder Ejecutivo y la protección a los derechos humanos en el mundo y particularmente en América Latina.
Mira aquí la presentación del Índice de Estado de Derecho que DP realizó junto a Agenda Estado de Derecho y el WJP.
