El año 2025 evoca varios hitos importantes de la historia mundial y democracia. A nivel global, se conmemora el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, con la rendición total de la Wehrmacht el 8 de mayo. En agosto, se cumplirán 80 años desde que Estados Unidos lanzó las primeras bombas nucleares sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. En Alemania, en enero se conmemoró el 80º aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Y el 3 de octubre se celebrará el 35º aniversario de la reunificación alemana. En noviembre, España recordará los 50 años desde la muerte del dictador militar Francisco Franco. El fallecimiento marcó el inicio de la transición hacia la democracia tras casi cuatro décadas de régimen autoritario.
En América Latina, en febrero se cumplieron 40 años del fin de la dictadura cívico-militar en Uruguay. Un mes después, en marzo de 1985, cayó el régimen dictatorial en Brasil. Chile conmemora 35 años del fin de la dictadura militar de Pinochet, que concluyó en 1990. Asimismo, se cumplen 50 años de la fundación de la Operación Cóndor. Fue una campaña de represión y terrorismo de Estado bajo las dictaduras, liderada por los servicios de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
En general, muchos conflictos actuales —internos, regionales o internacionales— están profundamente vinculados con la historia de un país y las memorias de las partes implicadas. La conmemoración de todos estos acontecimientos debería tener, como uno de sus objetivos fundamentales, el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas y sus familias. Detrás del recordatorio, sobre lo que los seres humanos son capaces de infligir a otros, se busca evitar que el pasado se repita. Bajo el lema “nunca más” la meta a largo plazo es lograr la reconciliación en o entre sociedades.
Memorias en disputa
El tratamiento de un pasado violento y los debates sobre la cultura del recuerdo no se producen en el vacío. Influyen en las estrategias políticas de los gobiernos. La política toma decisiones sobre qué hechos, y cómo y cuándo, se recuerdan, sin ser inmune a la instrumentalización de la historia. La memoria colectiva influye en los acontecimientos políticos. Las interpretaciones del pasado afectan a las identidades y concepciones de las élites políticas. Por ejemplo, las declaraciones de figuras públicas incorporan ciertos acontecimientos a la conciencia nacional mientras silencian u omiten otros.
Los políticos recurren con frecuencia a argumentos históricos, incluso a la mitología del pasado, para movilizar a través de la memoria, como instrumento político. Utilizar acontecimientos históricos puede tener un efecto positivo al crear un motivo común para la construcción nacional. La memoria puede ofrecer motivaciones éticas y morales para las acciones de la sociedad civil, los medios de comunicación u otros actores no estatales.
Por otra parte, esto puede actuar como catalizador de conflictos, nacionales e internacionales. Existe una modificación e instrumentalización de la historia para asegurar el poder, desviar la atención de problemas internos y reforzar un patriotismo basado en una memoria histórica selectiva. Asimismo, los líderes políticos pueden utilizar la memoria del pasado para movilizar apoyo popular o justificar hostilidades hacia otros grupos.
Como consecuencia, la politización de la memoria histórica crea relatos conflictivos, lo que dificulta la reconciliación. Es fundamental entender que no existe un único relato maestro y que el desacuerdo forma parte esencial de muchos “pasados controvertidos“. Un verdadero debate histórico debe parecerse a una democracia, donde se escuchen todas las voces. Así como la mayoría no debe oprimir a la minoría, los relatos dominantes no deben excluir visiones menos populares.
¿Cómo abordar el pasado?
No solo el relato del pasado está en disputa, sino también las formas de abordarlo y los instrumentos para lograr una posible reconciliación.
Con los Tribunales de Núremberg tras la Segunda Guerra Mundial comenzó a responderse a crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y violaciones masivas de derechos humanos, apoyándose en diversos mecanismos judiciales y no judiciales. Este proceso, conocido como justicia transicional, se fundamenta en el derecho internacional de los derechos humanos. Las Naciones Unidas definen la justicia transicional como “toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas, servir a la justicia y lograr la reconciliación”. Las políticas de justicia transicional deben basarse en cinco pilares: verdad, justicia, reparación, memorialización y garantías de no repetición.
Vásquez Carruthers, en un análisis sobre el oportunismo político, afirma que la politización de la justicia transicional es una constante. “Una realidad apenas presente en la literatura contemporánea: la justicia transicional es una herramienta política y, como tal, será utilizada por quienes ostentan el poder para aumentarlo”, sostiene. El oportunismo político determina qué medidas se toman, qué forma de justicia se persigue (o no). Cada decisión refleja un juego de poder. Además, la falta de voluntad política es uno de los principales obstáculos para el éxito de la justicia transicional.
Justicia transicional captada por la política
¿Qué actores instrumentan la cultura de la memoria? ¿Qué influencia política ejercen?
En Europa, algunos países muestran tendencias preocupantes hacia la renacionalización de la memoria. Esto conduce a un regulación estatal y legal de los recuerdos, e incluso a la negación de realidades históricas. En Polonia, el partido Ley y Justicia, de derecha nacionalista, impulsó en 2018 una ley que penaliza acusar a la nación de complicidad en los crímenes nazis, incluyendo el Holocausto,. Además, prohíbe el uso de expresiones como “campos de exterminio polacos”. Esto, pese al consenso académico de que ciertos sectores polacos colaboraron con los ocupantes nazis.
En España, casi 50 años después de la muerte del exdictador Franco, el país aún lucha por asumir su pasado autocrático. Partidos de izquierda y derecha se disputan la interpretación de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Gobiernos de izquierda han promovido leyes de memoria histórica, como la retirada de simbología franquista, mientras que gobiernos de derecha han paralizado estos esfuerzos. Las calles y plazas de ciudades y pueblos cambian de nombre con frecuencia según el partido que gobierna al momento en cada localidad o comunidad autónoma.
La memoria en Latinoamérica
En América Latina, las memorias del pasado también se convierten en un arma política. En Brasil, la película Aún estoy aquí, que denuncia los crímenes de la última dictadura ganó recientemente el Oscar a mejor película extranjera. Mientras el presidente Lula da Silva la elogió como un “orgullo nacional”, el expresidente Bolsonaro la criticó como propaganda política que muestra solo “una parte” de la historia y demoniza a los militares.
En Argentina, con el gobierno de Javier Milei se reavivó el debate sobre la “memoria completa” de la dictadura. El 24 de marzo, Día de la Memoria, la Casa Rosada publicó un video acusando al Kirchnerismo de inventar un relato histórico, sobre los años de la dictadura con el fin de un proyecto político. Lo cierto es que la política de cooptación de los gobiernos Kirchner llegó hasta organizaciones de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo. Sus proyectos populares se convirtieron en programas estatales de gran magnitud y presupuesto, procesados por estar implicados en corrupción.
En Uruguay, con la llegada del presidente Orsi en marzo, se celebraron 40 años de democracia ininterrumpida. La izquierda política se presenta notoriamente como el verdadero defensor de la memoria y de los derechos de las víctimas de la más reciente dictadura militar. Sin embargo, desde el retorno a la democracia nueve gobiernos de diferentes partidos políticos trabajaron por construir una sociedad libre y democrática lo que incluyó procesos de abordar el pasado. Así mismo, durante el gobierno de Batlle del Partido Colorado, apoyado por el Partido Nacional, se inició con un amplio consenso social y político la Comisión para la Paz a partir de la cual se creó posteriormente la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.
La memoria como herramienta de legitimación democrática
Es evidente que una visión objetiva y no politizada de la historia es utópica. Sin embargo, una fuerte politización de la memoria histórica obstaculiza la reconciliación con el pasado. Conduce a una fragmentación de la sociedad en lugar de ser un instrumento de integración y fortalecimiento de la democracia, que se basa en su historia y no en la negación aquella.
Los mecanismos de la justicia transicional no deben ser vistos por la política como un instrumento para perseguir intereses partidistas o el desencadenante para venganzas ideológicas. Deben ser vistos como una oportunidad para fortalecer un orden liberal y democrático basado en el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos. En última instancia, el objetivo de la política de memoria debería ser combinar el tratamiento del pasado con una perspectiva orientada al futuro, con posibilidades positivas de configurar el futuro, independientemente de la orientación política ideológica.
