Cuando el 20 de noviembre de 1975 Carlos Arias Navarro, entonces presidente del Gobierno español, anunció en televisión pública la muerte del general Francisco Franco, se marcó el fin de casi cuatro décadas de dictadura militar surgida de la brutal Guerra Civil. En aquel día histórico, los españoles se debatían entre el luto profundo y la celebración en las calles.
Hoy, cincuenta años después de la muerte del dictador, la gestión del legado de un pasado represivo y, en particular, la atención a las víctimas de violaciones de derechos humanos sigue siendo un tema altamente controvertido en la sociedad y la política española.
Golpe, guerra y represión
Durante la Guerra Civil —iniciada por un golpe militar el 18 de julio de 1936 por generales antidemocráticos y anticomunistas contra el gobierno democraticamente elegido de la Segunda República— ambos bandos cometieron graves violaciones. La victoria de las tropas franquistas el 1 de abril de 1939 marcó el inicio de la dictadura. La represión bajo el régimen de Franco fue sistemática e institucionalizada y continuó tras la guerra.
Entre 1936 y 1945 se produjo una persecución masiva de opositores políticos mediante juicios sumarísimos y ejecuciones. Después de la guerra, la campaña de “depuración” se prolongó con métodos como asesinatos extrajudiciales, detenciones arbitrarias y encarcelamientos masivos en campos de concentración, prisiones y batallones de trabajo forzado.
El objetivo principal no era solo la eliminación física, sino también la exclusión del poder de todo lo relacionado con la Segunda República y la erradicación de las ideas liberales, democráticas, socialistas y comunistas. Así, se llevaron a cabo purgas de funcionarios, se restringieron severamente los derechos civiles y políticos como la libertad de prensa y de reunión, se prohibieron los partidos políticos y se confiscaron sus bienes. Además, el régimen impuso una narrativa oficial de exaltación propia y construyó la imagen de Franco como salvador de la nación.
La transición española, ¿un modelo?
La muerte de Franco fue un catalizador de reformas dentro de la continuidad institucional. Entre el gobierno, representantes del antiguo régimen y fuerzas de la oposición se acordó una “ruptura pactada” con el sistema político anterior que se realizó dentro del marco legal franquista. El rey Juan Carlos, designado por Franco como su sucesor, llamó a la reconciliación entre los españoles y anunció su apoyo a las reformas democráticas.
En 1976 nombró a Adolfo Suárez, procedente de las élites franquistas pero con espíritu reformista, como presidente del Gobierno. Ese mismo año se propuso la Ley para la Reforma Política, aprobada por las Cortes franquistas y refrendada en referéndum popular con más del 95 % de apoyo. Esta ley abrió el camino para el regreso y la promoción de grupos políticos y sociales perseguidos por el franquismo. Se concedieron leyes de amnistías, incluyendo al mismo tiempo a presos politicos como funcionarios del régimen.
Aunque el proceso fue visto con ambigüedad por los partidos democráticos tradicionales y los nacionalistas moderados del País Vasco y Cataluña, finalmente participaron conscientes de que las élites franquistas seguían controlando el poder militar y civil. Esto otorgó legitimidad adicional a la democratización.
Las elecciones a un nuevo parlamento democrático y representativo se celebraron en junio de 1977, y posteriormente comenzó la redacción de una nueva Constitución. La Constitución de 1978 se construyó sobre un consenso respaldado por una amplia mayoría debido al referéndum con un apoyo de 87,8% de los 15,8 millones de votantes, convirtiendo a España en una monarquía parlamentaria.
Pacto de silencio
La reconciliación nacional, acompañada del consenso de dejar el pasado atrás y no reabrir heridas —el llamado pacto de silencio para no poner en riesgo la Transición— fue considerada una prioridad por todas las fuerzas democráticas, la iglesia católica y otros actores sociales. Durante muchos años, el discurso dominante presentó la Transición y el consenso sociopolítico por la paz y la reconciliación nacional como algo positivo y como modelo para otros países.
Sin embargo, desde finales de la década de 1990 se han multiplicado las críticas del precio que se pagó por la democratización y la estabilidad, ya que el consenso se logró silenciando el pasado y convirtiendo los crímenes de Franco en un tabú.
El acuerdo informal entre las élites políticas para dejar el pasado atrás empezó a generar debates académicos, algunos incluso hablando de un pacto de olvido, un proceso activo de ignorancia colectiva. Criticando que la amnistía, celebrada entonces como pacto de reconciliación, trajo consigo una amnesia colectiva que impidió un verdadero ajuste de cuentas social y político con el pasado, constituyendo un déficit de la democracia española actual.
Las dificultades de España para afrontar su pasado
Desde comienzos del nuevo siglo, España ha pasado del consenso político basado en el “perdón y olvido” hacia esfuerzos de justicia reparadora y restitución. Este proceso cobró fuerza en los años 2000, impulsado por organizaciones civiles lideradas por nietos y nietas de víctimas del franquismo que promovían exhumaciones de fosas comunes.
Tras años de bloqueo durante el gobierno del Partido Popular, la administración del PSOE en 2004 reabrió el asunto, culminando en la Ley de Memoria Histórica de 2007. Este marco propuso medidas simbólicas y materiales, pero no satisfizo las demandas de las asociaciones de víctimas, al no cuestionar la ley de amnistía ni permitir justicia penal.
En octubre de 2019 las autoridades exhumaron los restos de Franco del mausoleo del Valle de los Caídos donde estaba enterrado junto a miles de víctimas de la Guerra Civil. El acto, un espactaculo público transmitido en directo, fue alabado por algunos como un paso necesario. A la vez, fue criticado por otros como un gesto populista del gobierno del presidente Pedro Sánchez (PSOE) y una reactivación innecesaria de conflictos superados.
En octubre de 2022 se aprobó una nueva Ley de Memoria Democrática que sustituyó la de 2007. Entre otras disposiciones, declaró ilegales el régimen franquista y sus tribunales, anulando todas sus condenas. El Estado asumió la búsqueda de desaparecidos y creó una base de datos de ADN. Estableció una Fiscalía para investigar violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos. Y, finalmente, introdujo sanciones por enaltecimiento del franquismo. Además, se convocó un concurso internacional para resignificar el mausoleo franquista renombrado a Valle de Cuelgamuros, donde aún reposan más de 33.000 cuerpos de ambos bandos, para convertirlo en un lugar de memoria.
Entre politización y polarización
Aunque en las últimas décadas la sociedad civil ha logrado que la cuestión de la dictadura se incluya en la agenda política y, tras años de falta de voluntad política, se han aprobado leyes importantes, España sigue enfrentando grandes retos para afrontar su propia historia.
La politización de este proceso, que es un compromiso estratégico de algunos partidos, suele tener el efecto contrario. Profundiza la división y aumenta la polarización social. Para avanzar hacia una verdadera reconciliación, es necesario dar un paso claro hacia la despolitización del pasado, acompañado del reconocimiento de las violaciones de derechos humanos y de las víctimas por parte de actores políticos y élites sociales de todas las tendencias.
