La reforma al sistema de partidos políticos en Ecuador es un tema pendiente que está en debate y debe ser aprobado. El Consejo Nacional Electoral (CNE) señala que hasta abril de 2022 en el país están registrados 268 partidos y movimientos políticos y que para las elecciones 2023 seccionales (prefectos y viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, miembros de las juntas parroquiales rurales e integrantes del CPCCS para el periodo 2023-2027), el número crecerá junto con el número de candidatos, que se estima podría superar los 80.000.
El reto del ciudadano es seleccionar a los candidatos con mejores propuestas, en medio de miles de ellos. En términos democráticos, el ciudadano debe poder ejercer un voto informado, pero realmente, con tantos postulantes, resulta imposible realizar un voto consciente. Esto baja la calidad de la representación y de la democracia. Este ha sido un problema histórico del sistema electoral ecuatoriano.
Multiplicación de partidos, democracia débil
El crecimiento descontrolado de partidos y movimientos políticos está ligado al derecho a participación política garantizado por la Constitución y por el Código de la Democracia, pero en la práctica está mal entendido, porque más partidos no significa mejores candidatos ni mejor representación de autoridades electas. Esto, a la larga, termina deslegitimando los procesos electorales, disminuye la confianza de la gente en el sistema político, desmotiva participación de los ciudadanos en las elecciones y debilita la credibilidad del sistema.
La actual autoridad electoral ecuatoriana ha aprobado reformas electorales que han mejorado el Código a la Democracia introduciendo debates obligatorios para candidatos, votación en lista cerrada, muevo método de asignación de escaños, tipificación de la violencia política, entre los más importantes. Pero sigue en deuda una reforma integral al sistema de partidos políticos, que desde el regreso a la democracia no se ha actualizado para mejorar la participación y calidad de los partidos.
Cambiar el sistema político
En ese contexto, Participación Ciudadana, organización no gubernamental pionera desde hace 20 años en promover la observación electoral y el fortalecimiento del sistema democrático en Ecuador, planteó una propuesta de reforma al sistema de partidos políticos del Código de la Democracia. Se trata de un conjunto de temas que buscan fortalecer a los partidos desde sus estructuras internas, para formar cuadros políticos y dejar atrás el riesgo de caer en clásicos liderazgos caudillistas que ganan las elecciones y saltan los escándalos corrupción.
Participación Ciudadana, junto al Grupo Promotor, conformado por expertos en temas electorales, propone reglas claras para que los partidos y movimientos políticos puedan formar jóvenes, profesionalizarlos en la política y a mediano plazo contar con mejores candidatos para dejar de lado la improvisación o tener candidatos sin experiencia o formación política.
Un tema medular es garantizar la participación efectiva de la mujer, frenar la violencia política en su contra y que al menos el 20% del fondo partidario, financiado por el Estado, sea destinado a la promoción y capacitación de candidatas mujeres y de los grupos prioritarios.
Los caminos de la reforma
Participación Ciudadana ha planteado 12 reformas que se están discutiendo en la opinión pública. En el primer trimestre del 2022 ha socializado la propuesta, por separado, con distintos sectores: periodistas, CNE, representantes de los partidos políticos y el propio presidente Guillermo Lasso.
La organización está procesando los aportes de las reuniones con diversos sectores, a fin de contar con una propuesta de consenso que pueda ser apadrinada por el CNE o, a su vez, que el Ejecutivo sume el tema en una propuesta de consulta popular encaminada para 2023. De no progresar estas opciones, el otro camino disponible es la recolección de firmas para impulsar la reforma desde sociedad civil y eventualmente entrar en vigencia en las elecciones de 2025.
Propuestas para reformar el Código de la Democracia
El alcance territorial: Los partidos políticos deberán ser nacionales, ideológicos, programáticos y serán quienes presenten candidatos a dignidades de presidente, vicepresidente y asambleístas nacionales y provinciales. Mientras que los movimientos políticos serán exclusivamente provinciales. De este modo, disminuirán automáticamente el número de organizaciones y candidatos.
Umbral de creación: Se plantea que los partidos políticos tengan un registro permanente de por lo menos el 0,3% de los empadronados a nivel nacional, unos 40.000 afiliados activos. Actualmente se exigen fichas de afiliación correspondientes al 1,5%.
Para la inscripción de partidos y movimientos políticos se deberá contar con un registro de afiliados. Se prevé la eliminación de los adherentes ocasionales y permanentes, dejando la única figura de los afiliados. Se deberá contar con padrones actualizados de todos los afiliados a nivel nacional y provincial y estos se usarán en las elecciones internas.
Garantizar y respetar la alternabilidad: A los directivos se les prohibirá la reelección por más de dos períodos.
Tener actividades permanentes, como capacitaciones y talleres. La organización que no demuestre actividad en tres años antes de una elección no podrá participar en los comicios.
Suprimir votaciones por distrito para los asambleístas provinciales, pero estas se mantienen para las elecciones secciónales (de prefectos, alcaldes, concejales).
Ampliar las causas de extinción de partidos y movimientos a tres: inactividad, que su candidato presidencial haya obtenido al menos del 1% de votos del padrón y que no reporten al CNE sobre el número de afiliados cada dos años.
Publicidad oficial: mejores controles para fortalecer el cumplimiento de la veda electoral y las prohibiciones de publicidad durante la campaña y que la publicidad oficial solo sea por excepción, garantizando equidad entre candidatos.
Que el CNE no organice conteo rápido y que se concentre en el conteo oficial y la transmisión respectiva de resultados.
Fortalecer la participación de mujeres, jóvenes y grupos de atención prioritaria, que el 20% del fondo partidario se destine a capacitación y formación de sus afiliados.
