El 22 de noviembre de 2024, la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por Daniel Ortega y Rosario Murillo aprobó en primera legislatura un conjunto de reformas a la Constitución Política. Fueron anunciadas como reformas parciales. Pero en realidad se trata de una nueva constitución que trastoca los pilares de la democracia y el Estado de Derecho. Establece un régimen totalitario y dinástico en Nicaragua.
Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, el procedimiento utilizado es arbitrario e ilegal porque se trata de una reforma total. Requiere de una Asamblea Constituyente elegida por el voto ciudadano. Además, se modifican más de cien artículos referidos a aspectos de fondo como la naturaleza del régimen político, el modelo de Estado y derechos ciudadanos fundamentales.
Transformaciones previas del régimen
Daniel Ortega y Rosario Murillo han realizado varios intentos por legalizar su proyecto político autoritario y dinástico. Ahora terminaron de concretarlo con una normativa a la medida elevada a rango constitucional. La arquitectura jurídica que encontraron cuando llegaron al poder en 2007 no les permitía el espacio legal que requerían para sus planes autoritarios. Ahora, se aplicaron a aprobar nuevas normativas, reformar leyes y la Constitución tanto hasta construir un andamiaje legal que sirva a sus propósitos.
Entre 2010 y 2014 aprobaron un conjunto de reformas y nuevas leyes que prefiguraban la conformación de un régimen autoritario. Es el caso de la aprobación de leyes relacionadas con la defensa y seguridad en 2010. También, la reforma al Código Militar y la aprobación de una nueva ley de policía en 2014. Estableció la subordinación directa de estas instituciones a la figura presidencial y eliminó uno de los pilares de la democracia: la supervisión y control civil sobre los aparatos militares y policiales. Además, aprobaron el Código de la Familia ese mismo año que legalizaba los Gabinetes de la Familia, uno de los principales dispositivos de vigilancia sobre la población.
La práctica ha sido actuar de hecho y luego legalizar las arbitrariedades. Ocurrió en 2009 cuando Ortega presionó a la Corte Suprema de Justicia para que emitiera una resolución que le permitiera reelegirse en la presidencia a pesar de que un artículo en la Constitución lo prohibía explícitamente. El asunto quedó resuelto definitivamente en 2014 cuando el parlamento, ya bajo su control, reformó la Constitución para establecer la elección presidencial indefinida y concentrar mayor poder en el Ejecutivo.
En 2020 y 2021 se realizaron dos reformas. La más importante de ellas, el establecimiento de la cadena perpetua como pena a los delitos o crímenes de odio. Estableció un precedente para conculcar después derechos ciudadanos fundamentales. En 2023 la Asamblea Nacional realizó cinco modificaciones más a la Carta Magna. Endureció la persecución en contra de los opositores, modificar la naturaleza civil de la policía y restarle funciones al poder judicial.
Del Estado policial al Estado totalitario
Con las masivas protestas de 2018, Ortega impuso un Estado policial de facto sobre la población nicaragüense. Pero desde finales del 2020, se ha dado a la tarea de “institucionalizarlo” a través de dos mecanismos. Uno, reformando y aprobando nuevas leyes que restringen derechos ciudadanos y legalizan el control y persecución. Por ejemplo, la Ley Especial de Ciberdelitos, la Ley de Agentes Extranjeros, la reforma de la Ley General de Regulación y Control de los Organismos sin Fines de Lucro. Además, ha reorganizado numerosas instituciones estatales como el Ministerio de Gobernación, ahora Ministerio del Interior, e intervenido a otros poderes del Estado como el poder judicial y la Corte Suprema de Justicia, para alinearlos al marco jurídico que ha venido construyendo.
Todo ese andamiaje legal e institucional legalizó el Estado policial. No contentos con eso, Ortega y Murillo ahora decidieron darle visos de legalidad a numerosas y graves arbitrariedades. Ya venían cometiendo esto con esa supuesta reforma a la Constitución. De manera que ya no se trata solamente de un Estado policial, sino uno abiertamente totalitario.
El Estado totalitario
Con las reformas cambian la naturaleza del régimen político y el Estado. Establecen que el Estado se basa en “valores cristianos, ideales socialistas” y prácticas solidarias. Destruye la independencia de los otros poderes estatales. Coloca a la Presidencia como coordinadora del parlamento, el poder judicial, el órgano electoral, la administración pública y fiscalización, los gobiernos municipales y regionales, y los entes autónomos. Obliga a los partidos políticos a asumir en sus estatutos los principios fundamentales establecidos. A ser revolucionarios y socialistas, eliminando el principio de pluralismo democrático.
Crean la figura de copresidenta, un cargo a la medida de Rosario Murillo, la actual vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega. Esto asegura su poder y autoridad. Además, establecen que cada copresidente puede designar vicepresidentes pero no especifican el número o funciones. Adicionalmente, extienden el período presidencial de cinco a seis años.
Establecen la llamada democracia directa para el ejercicio de la ciudadanía. Declaran que la soberanía reside en el pueblo, pero que el “poder del pueblo” será ejercido por la presidencia. También dejan sentadas las bases para que la presidencia pueda disponer estados de excepción con suspensión de derechos y garantías por causas relacionadas con la seguridad nacional, situaciones económicas y catástrofes.
Quien gana y quién pierde
Las reformas aprobadas por el parlamento abarcan muchos aspectos más que requieren análisis posteriores y detallados. Por ejemplo, las afectaciones a la autonomía y gestión de los gobiernos municipales y regionales. También, los derechos laborales. Así como la elevación a rango constitucional de la potestad para hacer concesiones en favor de la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua.
Es indudable que esta jugada política trastoca completamente la naturaleza del sistema político y del Estado en Nicaragua. Además, restringe o anula derechos fundamentales, legalizando un régimen totalitario y demoliendo los cimientos normativos de un Estado democrático. La pregunta que surge es: por qué hacerlo ahora y de esa forma si en la práctica ya estaban actuando como tal. Quedó demostrado con los informes de organismos internacionales de derechos humanos.
Una parte de la respuesta se encuentra en las ambiciones y prisas de Rosario Murillo para eliminar cualquier tipo de obstáculos, fortalecer su poder y autoridad, y asegurar la eventual sucesión dinástica que se avecina. También se pretende asegurar el control del poder en manos de la familia. Es evidente que en los cargos de vicepresidentes serán designados los hijos más cercanos de la pareja.
En esta reconfiguración dinástica, Daniel Ortega es uno de los perdedores porque se ha acrecentado el poder de Rosario Murillo. Pierde también Nicaragua y pierde la democracia latinoamericana porque, quiérase o no, las tentaciones autocráticas presentes en la región han vuelto sus ojos y arqueados sus cejas para aprender nuevas argucias que pueden poner en práctica.
