Justicia que tarda NO es justicia

Es hora de empezar a corregir los procesos por violaciones a derechos humanos por masacres, asesinatos y violaciones sexuales que, en muchos casos, siguen sin sentencia.

La urgencia de la reforma de justicia se evidenció a partir de los audios que reflejan lo que estaba ahí: linchamientos, «chapa tu choro», «roba pero hace obra», hechos y frases que revelan una crisis de corrupción, inseguridad jurídica y física que son manifestaciones de impunidad, donde personas con el poder para hacerlo están por encima de la ley, que se vende, se compra o se canjea incluso por entradas al Mundial.

Pero hay más evidencia de lo mal que estamos y es hora de empezar a corregir los procesos por violaciones a derechos humanos por masacres, asesinatos y violaciones sexuales que, en muchos casos, siguen sin sentencia. Esto se suma a que el avance en encontrar desaparecidos solo se daba en el marco de un proceso penal. Con esos plazos nunca encontraríamos a los más de 20.000 civiles, policías y militares que nos faltan. Eso es injusto.

Es el claro ejemplo del caso Soras. Más de 100 campesinos fueron asesinadosa machetazos y pedradas por el terrorista Quispe Palomino, masacre reivindicada por la cúpula de Sendero con pruebas encontradas con el nefasto Abimael Guzmán en su captura. Pero 34 años después no se hace justicia y los plazos permitieron la liberación de terroristas que deberían estar cumpliendo una cadena perpetua que aún no se dicta.

Algunos restos se entregaron a sus familiares, otros siguen pendientes y los padres, hermanos o hijos han fallecido sin dejar una muestra de ADN que permita algún día su identificación. Muchos de ellos nunca supieron que se publicó la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas y que hoy el Estado está obligado a buscar los restos de sus seres queridos por razones humanitarias, así que no saben que pueden intentar cerrar su duelo, terminar su búsqueda, aun cuando no exista un proceso judicial.

Otro ejemplo es Mamá Angélica, mujer ayacuchana que nos enseñó el amor en su máxima expresión, entregando su vida a la búsqueda de su hijo Arquímedes, desaparecido en 1983. En esta búsqueda la acompañaron otras madres, esposas, hijos que, mientras buscaban a sus seres queridos, alimentaban a los cientos de huérfanos que nos dejó este doloroso periodo y que el Estado abandonó, en su mayor parte. Mamá Angélica cumplió el 28 de agosto un año de fallecida, murió a las pocas semanas de conocer la sentencia que daría pasos importantes en la búsqueda de justicia, pero no le devolvería los restos de su hijo para enterrarlos.

Estos ejemplos demuestran que la justicia tarda algunas veces tanto… que borra la memoria. Sin las muestras de ADN será más difícil identificar los restos. Por eso saludamos y felicitamos la aprobación de la Ley de Banco Genético que reúne o reunirá a miles de familias peruanas.

Confiamos en que el Congreso entenderá su espíritu humanitario, así debería ser porque la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en la que se enmarca, fue aprobada por una amplia mayoría, con el voto a favor de los que hoy son la primera fuerza.

Corresponde al Ejecutivo materializar su voluntad política en la asignación de presupuesto, para implementar tanto la ley de búsqueda como la de banco genético, voluntad que no se ve cuando dan una ley, sino cuando se asigna el dinero para que esta funcione. Es simbólico, sin duda, que se anuncie ad portas del Día de los Desaparecidos; toca esperar cuánto recurso se establece para ver cuánto se avanza.

¿Qué tal si hacemos política de verdad, esa que es sinónimo de servicio, que se ejerce con honor y responsabilidad, reformamos la justicia y buscamos a nuestros muertos, que siguen perdidos en miles de fosas clandestinas?

Después de todo, la capacidad de enterrar a nuestros muertos como proceso evolutivo es un dato científico, como señala Jean François Mattei en el Genoma humano: «Como consecuencia del proceso evolutivo, el ser humano alcanza el estado de un ser consciente de sí mismo, consciente de la muerte». En este caso, además de justo, es indispensable como parte de nuestra memoria colectiva, para no condenar a nuestros pueblos a repetir la historia.

 

Nota publicada en La República, de Lima, el 2 de septiembre de 2018.