El pasado viernes 27 de octubre en torno a las 15.30 hora española, el Parlament declaraba la independencia de Cataluña con 70 votos a favor después de que diputados del PP, el PSOE y Ciudadanos abandonaran la sala. Así culminaba esta gran secuencia de acontecimientos que puso la cuestión catalana en primera plana de los periódicos de todo el mundo y con la que el independentismo exaltado quiso dibujarse como la víctima y señalar a España como el agresor. Sin embargo, los últimos acontecimientos están dejando claro cuáles son sus verdaderas intenciones.
Primero fue el desacato a las leyes de los días 6 y 7 de septiembre cuando se aprobó la ley del referéndum haciendo caso omiso a lo que dictaba la Constitución. Luego vino la famosa consulta popular del 1-O celebrada sin legalidad alguna, bajo el único amparo de las ansias secesionistas que, siguiendo su propia metanarrativa, situaba al Estado español como el cruel dictador. La prensa internacional colmaba sus portadas de imágenes desoladoras provenientes de Cataluña en las que se cuestionaba la práctica de la democracia española y la convertían en una especie de dictadura cruel ante los ojos del mundo. Con esto, pudimos ser testigos durante días de una gran campaña de desinformación y manipulación de datos que aupaba la causa secesionista como una de esas grandes luchas históricas por la liberación de un pueblo de su tiránico opresor. Después, el 10 de octubre, llegó el vago discurso de Puigdemont ante el pleno del Parlament en el que ni aclaraba ni desmentía si proclamaba o no independiente a Cataluña. Y finalmente, el viernes 27, tras otra de esas votaciones transparentes por las que se está caracterizando este proceso, llegó la declaración unilateral de independencia.
Esa misma tarde, Rajoy anunció la ejecución del artículo 155, del que ya se había hablado tanto estos últimos días y que hace una semana el PP, el PSOE y Ciudadanos acordaron aplicar ante la crisis de Cataluña. Así, Puigdemont y sus consejeros han sido destituidos de sus cargos y el Gobierno español ha asumido las competencias de administración de la comunidad autónoma. De la misma manera, Rajoy ha convocado a elecciones autonómicas para el próximo 21 de diciembre, fecha que ya se había tanteado y que Puigdemont se había negado a establecer.
La comunidad internacional pronto se hizo eco de la noticia y fueron varios los mandatarios extranjeros que mostraron públicamente su apoyo a Rajoy ante esta crisis institucional. La Unión Europea se expresó al respecto y anunció que no reconocía la independencia de Cataluña. «Para la Unión nada cambia. España sigue siendo nuestro único interlocutor», declaró Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo (organismo que representa a los Estados miembros). Por su parte, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, lanzó un comunicado en el que anunciaba que «nadie en la Unión Europea va a reconocer esa declaración». Con gestos como estos, la comunidad internacional dejaba claro que estaba del lado de España y que apoyaría al Gobierno para volver a establecer la legalidad y la democracia en Cataluña. Así, se dejaron atrás aquellos días en los que nuestro país era tachado de dictatorial y antidemocrático en el extranjero debido a las argucias independentistas en la creación de esa campaña moral que inundó el mundo con las imágenes del 1-O. Además, ante esta situación de incertidumbre, varias empresas como Bimbo, Grupo Planeta, Gas Natural y CaixaBank, entre otras, han decidido mover su domicilio social fuera de Cataluña y trasladarse a otras ciudades de España. La cifra de compañías que han abandonado la región ya supera las 1800.
Con todas sus tácticas, Puigdemont, la CUP y ese nacionalismo exaltado que solo incita al odio por fin han sacado a la luz sus verdaderas intenciones. Toda esa propaganda moral de engaño mediante la cual atribuían al Gobierno español características que en realidad eran las suyas propias solo les ha servido para dejar claro que ellos no son la víctima de esta historia. El domingo, cientos de miles de personas se manifestaron en Barcelona para mostrar su apoyo al 155 y a las próximas elecciones autonómicas. «Votarem» (votaremos), entonaban los presentes al unísono. Esta vez sí, en las urnas, los catalanes podrán decidir democráticamente a los dirigentes que gobernarán la región. Será la prueba de fuego para los defensores del independentismo catalán, para demostrar si en verdad gozan de tanta popularidad como pretendían demostrar con sus tácticas anticonstitucionales en el referéndum del 1 de octubre.
Se vienen grandes desafíos para el Ejecutivo español. No será fácil gobernar la comunidad autónoma desde Madrid ni volver a restaurar la legalidad en suelo catalán. Es hora de que todos los españoles unidos trabajemos por volver a instaurar el orden y la democracia en Cataluña y devolver a nuestro país la reputación de la que nunca le deberíamos haber despojado. España es un país que debería regocijarse por su inmenso folclore y variedad cultural en vez de condenarse por ello. Y ya es hora de demostrárselo al mundo.
Nota del editor: Al momento de publicar este artículo, el expresidente Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros de la Generalitat se encuentran en Bélgica en situación de libertad con medidas cautelares, y comparecerán el 17 de noviembre ante la Cámara del Consejo de Bruselas, en cumplimiento de la euroorden remitida por la justicia española que busca la transferencia a España de todos ellos para ser juzgados por rebelión, sedición y otros delitos.
Castellar Granados | @castegranados
Estudiante de Relaciones Internacionales y Traducción e Interpretación, Universidad Pontificia Comillas. Exbecaria de la Fundación Konrad Adenauer, oficina Montevideo (2017)
