El círculo cercano a la expresidenta sabía a priori que la presentación de este y otros proyectos de ley tenía que ver más con dejar la imagen de una Michelle Bachelet gobernando hasta el último día, tratando de concretar su programa, que con generar cambios reales.
Cinco días antes de concluir su Gobierno, Bachelet firmó un proyecto de ley para crear una nueva Constitución. Sumado a ello, días previos al 11 de marzo presentó otros proyectos de ley que eran relevantes para su sector. Distintos actores de la coalición oficialista criticaron duramente esta línea de acción, y entre otros argumentos llamaron a no personalizar lo realizado por la coalición de Gobierno llamada Nueva Mayoría. Sin dudas, llama la atención qué motivó a la expresidenta a realizarlo, entendiendo que no existían espacios legislativos para que tuvieran un resultado exitoso.
Pero hay puntos clave que deben analizarse, que pueden orientarnos a las respuestas que tratamos de encontrar.
No existió un debate previo entre los partidos políticos oficialistas o sus parlamentarios, en el diseño del proyecto. Los partidos oficialistas dijeron públicamente que no fueron invitados a trabajar en la construcción del proyecto; lo que es más delicado, que no supieron del contenido antes de su firma. Históricamente, las diferentes gestiones han tenido un trabajo detallado y exhaustivo, que se cataloga como trabajo prelegislativo, para generar un trámite en las Cámaras más eficiente. Lamentablemente, como fue la tónica en otros proyectos de ley, este no tuvo un tratamiento previo.
La nueva Constitución fue uno de los tres pilares programáticos en la campaña de Michelle Bachelet el año 2013; los otros dos fueron educación y una reforma tributaria para financiar la gratuidad. El proceso para diseñar una nueva Carta Fundamental se basó en un trabajo participativo, donde las personas se autoconvocaban a reuniones que se podían realizar en cualquier lugar, llamados cabildos ciudadanos (CC). Los participantes debían enviar los resultados de este diálogo a través de internet al portal habilitado para ello. Surgieron distintos problemas en la sistematización de la información otorgada, respecto de su calidad y veracidad. Otro punto altamente criticado fue el sesgo socioeconómico, ya que el 25 % de los CC fueron realizados en las comunas con mayor nivel de ingresos y de la Región Metropolitana, elitizando la discusión.
Los resultados de los diferentes CC estuvieron a mediados de 2017 y, hasta ese entonces, la expresidenta no tomó decisión alguna sobre qué hacer con la información consolidada. En su momento, dijo que estudiaría la viabilidad de enviar un proyecto, que la fórmula la decidiera el próximo Gobierno. Esta inactividad llamó la atención en distintos momentos, ya que se trataba de una propuesta pilar para el Gobierno.
Este tema tampoco parece, por el momento, ser relevante para la ciudadanía. Las dos últimas encuestas de opinión pública del Centro de Estudios Públicos, ante la pregunta «¿cuáles son los tres problemas a los que debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar el Gobierno?», apenas el 2 % dijeron que debería ser la reforma constitucional en octubre, y un 5 % en agosto de 2017.
Entonces, ¿qué motivó a Michelle Bachelet a enviar el 5 de marzo el proyecto sobre nueva Constitución? Pareciera que los estrategas de su Gobierno diseñaron un plan de comunicaciones para afrontar las últimas semanas, con el objetivo principal de generar un «legado» de su figura como presidenta. En sus líneas de acción se encontraba no solo viajar por gran parte del país —visitando seis de nuestras quince regiones—, sino además presentar mensajes presidenciales en temas de alta importancia que generarían debate.
El círculo cercano a la expresidenta sabía a priori que realizar estas acciones tenía que ver mucho más con dejar la imagen de una Michelle Bachelet gobernando hasta el último día, tratando de concretar su programa, que con generar cambios reales en estos temas. A contrapunto, no tomó decisiones acerca de dos temas que tenían repercusiones inmediatas y estuvieron en agenda por meses, como es el cierre del penal Punta Peuco —donde se encuentran parte de los procesados por violaciones a los derechos humanos en el régimen cívico militar de Pinochet—, que en su momento dijo que cerraría. Así como también la solicitud de renuncia del director general de Carabineros, quien encabezó la institución policial durante los más graves casos de corrupción, con una cifra multimillonaria. Tal vez esta decisión estratégica tuvo relación con la negativa extensa de su coalición a defender el legado de Bachelet, o con la carencia de liderazgos para la elección presidencial de 2022, cuando ya muchos piensan en su retorno. Los partidos de la excoalición gobernante se encuentran en un estado crítico, y es tierra fértil para una nueva aventura electoral. En suma, pareciera esto una acción enmarcada en una estrategia política no sincerada para consolidar lo hecho por la expresidenta.
Ignacio Imas Arenas | @imasarenas
Cientista político. Magíster en Comunicación. Consultor
