Se armó un festín de contratos y coimas, en un ambiente político de autoritario control total de la estructura estatal y una abundante disponibilidad de recursos económicos. Pero llegó a tal la desmesura que, pese a todos los recaudos para favorecer el encubrimiento y la impunidad, fue imposible detener la investigación y las sanciones.
Desde el inicio del gobierno de la que calificaron con la alegoría de revolución de «ciudadanos» de corazones ardientes y manos limpias, el presidente Correa empezó un cuidadoso armaje constitucional, legal y administrativo para contratar, pagar sin controles y no rendir cuentas efectivas ni a las autoridades de control, judiciales y administrativas, y menos a la opinión pública. Reformas legales y decisiones políticas que crearon condiciones estructurales para la corrupción.
Impelido por la urgencia de realizar obras de infraestructura y gasto clientelar, justificó romper los controles del uso del dinero fiscal, para contratar y ejecutar presupuestos rápidamente. Durante los primeros meses de gobierno recurrió a abundantes declaratorias de estado de emergencia (figura constitucional que crea un estado de excepción de libertades individuales y control de cuentas por guerra o catástrofes naturales). Obras grandes y pequeñas se contrataron directamente, sin concursos o controles previos.
Se reformaron las leyes de contratación pública, para que las declaratorias de emergencia fueran competencia de cada entidad y así excepcionar los contratos de concursos. Se emitió una llamada Ley de Comunicación que amordazó a los medios de comunicación que autocensuraron su página editorial y abandonaron la investigación de corrupción. Convirtieron al contralor (juez de cuentas), quien fue ya sentenciado por corrupción, en pieza crucial de encubrimiento. La facultad fiscalizadora del Parlamento fue anulada por el encubrimiento activo de asambleístas abyectos «al proyecto» que archivaron toda denuncia. Se introdujeron informes de procedibilidad para abrir denuncias por peculado, para represar su avance. Y se tomó control total de jueces y fiscales para que fueran los denunciantes quienes recibieran sanciones por «denuncia maliciosa». Los veedores de los contratos suscritos con el hermano de Correa fueron sentenciados a prisión, por afirmar que estos fueron conocidos por el presidente; los periodistas que coescribieron un libro (El Gran Hermano), en el que documentaron el tráfico de influencias para jugosos contratos en favor de Fabricio Correa, fueron sentenciados por difamación. Lo propio hicieron con el periodista Fernando Villavicencio y el exasambleísta Kléver Jiménez, que portan sendos grilletes electrónicos como medida alterna a la detención preventiva mientras ventilan procesos judiciales incoados en su contra por difamación. Ellos han documentado y denunciado actos multimillonarios de corrupción en el área petrolera.
Correa encargó a su amigo de la infancia Jorge Glas, como ministro plenipotenciario y luego como vicepresidente, el control centralizado de toda la contratación con recursos fiscales en carreteras, petróleo, generación eléctrica y reconstrucción por daños producidos por la naturaleza. En todas las áreas se pusieron en vigencia las normas legales creadas para excluir de controles a la contratación. Las contrapartes privadas fueron escogidas directamente, sin concurso. Glas operó con la sensación de impunidad que ofrecen las que he calificado como condiciones estructurales para la corrupción, por el control judicial y por la anulación de toda forma de fiscalización política o administrativa.
Se armó un festín de contratos y coimas en este ambiente político de autoritario control total de la estructura estatal y una abundante disponibilidad de recursos económicos por los altos precios del petróleo, elevadas recaudaciones tributarias y una descomunal deuda pública que bordea el 60 % del PIB, cinco veces más alta que el saldo de deuda al inicio del correísmo. No obstante que se ha destapado la corrupción en la contratación con la empresa Odebrecht, faltan por auditarse alrededor del 93 % de los recursos comprometidos con otras compañías constructoras, principalmente chinas. No hay precedente tan vergonzoso para el Ecuador que un vicepresidente preso, que se niega a renunciar, alrededor de doce exministros enjuiciados o presos, el contralor sentenciado y prófugo.
La corrupción llegó a tal desmesura que, pese a todos los recaudos para favorecer el encubrimiento y la impunidad, fue imposible detener investigación y sanciones, aunque débiles aún, debido a la presión de la opinión pública, a la incansable acción de periodistas que activaron portales digitales para exponer denuncias y opinión sin riesgo de sanciones económicas pero con elevados riesgos de integridad personal. Así se ha forzado a que el inaugurado gobierno de Lenin Moreno, copartícipe del correísmo, muestre un talante diferente frente al trabajo de los medios de comunicación y en relación con la administración de justicia. Pero, sin duda, fue la información originada en las investigaciones realizadas por fiscales brasileños y por el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo que otorgó herramientas para forzar la investigación interna. Habría sido injustificado y tenebroso que el fiscal general, quien fue asesor personal y confeso devoto del expresidente Correa, con la contundente información obtenida de asistencias penales transnacionales, se negara a indiciar al vicepresidente Glas.
El golpe político a Correa ha sido devastador, en el enfrentamiento con su sucesor Lenin Moreno por el control del poder y del movimiento político. Moreno ha aprovechado el escándalo en torno a Glas para crear contraste y elevar su popularidad entre el anticorreísmo, denunciando la corrupción en el gobierno de Correa. Pero no ha avanzado más que en la contratación con Odebrecht, pues de hacerlo podría golpear a sus aliados, anteriores funcionarios del correísmo, quienes ya han recibido acusaciones. La consulta convocada por el presidente Moreno concluirá con la intención de Correa de regresar al poder, lo que reduce la influencia de este y abre la posibilidad, que ya anticipó, de que las investigaciones suban de grado y se demuestre que el control total que ejerció durante su presidencia le pasará no solamente descrédito político sino penal.
Diego Ordóñez Guerrero | @diegoordonezg
Abogado y analista político
