El manejo de la crisis del COVID-19 por el presidente Jair Bolsonaro añade un desafío extra a la actual crisis de salud: la polarización se agrava en el país más poblado de Latinoamérica. No entre derecha e izquierda, sino la falsa dicotomía entre salud y economía, que abre un debate entre los números de más de 45.000 infectados por coronavirus, más de 2.900 fallecidos y 13 millones de desempleados (datos al 22 de abril).
En el escenario internacional, la crisis del coronavirus ha unido a gobiernos y ciudadanos frente a la enfermedad. No en vano líderes de todo el mundo han elevado sus índices de aprobación en la opinión pública tras los respectivos manejos de crisis en sus países.
Sin embargo, Brasil sigue a contramano: en la novena economía del mundo, Bolsonaro se ha estancado en el 30% de apoyo desde finales de 2019, con críticas al aislamiento, participación en manifestaciones y la dimisión de su ministro de Salud, que ha dejado el cargo con más de doble de aprobación que el presidente.
Los gobiernos estaduales de derecha y de izquierda han asumido más visibilidad y autonomía, el Poder Judicial y el Congreso se han dispuesto a limitar las prerrogativas de la Presidencia que no respeten las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). De parlamentarios a gobernadores, además de movimientos sociales conservadores que lo apoyaron en su elección en 2018, lo están abandonando y criticando sus acciones.
No obstante, pese al creciente aislamiento del presidente en el medio político, ningún líder en Brasil disfruta actualmente del mismo apoyo, lealtad y movilización constante como Bolsonaro. El último 19 de abril, día conmemorativo del Ejército en Brasil, se llevaron a cabo manifestaciones peatonales y motorizadas en las principales capitales del país en apoyo al presidente brasileño.
Convocadas por las redes sociales, y basadas en la narrativa de que la Presidencia es víctima de una gran colusión entre los poderes Legislativo y Judicial y la prensa, las manifestaciones de apoyo se han radicalizado. Las protestas iniciales a favor del régimen, solicitando el fin del aislamiento social, se vieron envueltas por peticiones minoritarias diversas, que incluyen la intervención militar, el cese del Congreso Nacional y del Supremo Tribunal Federal y la vuelta del Acto Institucional n.º 5 (AI-5) [1], con el objetivo de ampliar los poderes del Poder Ejecutivo federal.
Por supuesto, la Constitución brasileña prevé una respuesta jurídica para actos de este tipo. La apología de la dictadura es un crimen en este país y, como tal, no puede ser acogida como libertad de expresión —como la ha caracterizado Bolsonaro ante la prensa—. Además, la presencia del presidente en actos contra el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal puede ser caracterizada como un crimen de responsabilidad. O sea, una acción ilegal cometida por un agente político, toda vez que atenta contra la Constitución y el libre ejercicio de los poderes Legislativo y Judicial.
Al público extranjero puede sonarle rara la existencia de protestas a favor del régimen militar en una democracia consolidada. Bolsonaro y sus asesores más cercanos logran convertir cualquier tema en una guerra ideológica, lo que resulta en una movilización constante de sus seguidores. Además, a diferencia de sus vecinos latinoamericanos, Brasil no ha trabajado en la construcción de la memoria sobre la dictadura. No existen museos de la memoria, manifestaciones para recordar a los desaparecidos del régimen ni punición para los crímenes cometidos entre 1964 y 1985.
Actualmente, aún hay que prestar atención al sistema de salud brasileño, que sigue amenazado, desde los estados del norte de la federación hasta el sur. Se puede suponer que Brasil, en comparación con Alemania y otros países europeos, está semanas atrás en la diseminación del COVID-19. Además, como la población brasileña es joven, puede creerse que el curso de la enfermedad en muchos pacientes será leve y el virus, en muchos casos, no se detectará. Por último, la baja capacidad de testeo —una de las peores del mundo— agrega el desafío de enfrentar la subvaloración de casos positivos.
Aún no se puede predecir cuándo finalizará la crisis del coronavirus en Brasil. El colapso potencial del sector de salud y los impactos sociales y económicos tras la pandemia son la espada de Damocles que pende sobre el gobierno. Sin embargo, Bolsonaro, que pudo haber sorprendido con un fuerte liderazgo para enfrentar la mayor crisis de nuestra generación, le ha agregado la crisis política a la ecuación.
Nota:
[1] El AI-5 fue un decreto que caracterizó al período más duro de la dictadura militar brasileña (1964-1985), garantizando el poder de excepción a la Presidencia para decretar el receso del Congreso Nacional, la intervención de estados y municipios, revocar mandatos parlamentarios y de ministros del Poder Judicial.
