Que esta parte de América tiene complicaciones sociales, políticas y económicas no es nada nuevo. Sin embargo, en las primeras semanas del nuevo año las sacudidas fueron intensas. El 8 de enero en Brasilia nos descolocó la toma de los edificios de los tres poderes del Estado brasileño por millares de adeptos al expresidente Bolsonaro. Días después, una marcha campesina rodeó Lima exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. La Cumbre de la Celac antes, durante y después estuvo eclipsada por la ideologización del espacio y las respuestas del uruguayo Luis Lacalle Pou, en mayor medida, y de presidente de Paraguay Mario Abdo Benítez en un tono más bajo, pero ambas interpelando la ausencia de un debido respeto a los derechos humanos y a los principios básicos de la democracia.
En lo atinente al Paraguay, el gobierno argentino pretende limitar la navegabilidad de la hidrovía por el río Paraná que comunica a ambos países. Por último, el Departamento del Tesoro del gobierno de Joe Biden aplicó duras sanciones económicas y financieras al expresidente Horacio Cartes y al actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.
En tan solo tres semanas de enero los sucesos citados conmocionaron a la región e impactaron en el Paraguay; especialmente, por razones obvias, las medidas adoptadas por la administración Biden a las autoridades paraguayas citadas. No obstante, todas de algún modo tuvieron su correlato en nuestro país. Pasamos a explicar.
Paraguay y el intento de golpe en Brasil
La toma de la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia tuvo reverberación en el Paraguay por varias razones. Primero, porque Paraguay tiene elecciones generales el próximo 30 de abril para elegir nuevos integrantes del Poder Ejecutivo y del Congreso, y uno de los temas clave en el debate público es la revisión del Tratado de Itaipú con Brasil. El tratado tiene fecha de vencimiento en agosto de este año. Brasil, como con casi todos sus vecinos, es el principal socio comercial del Paraguay. En vísperas de una trascendente negociación en la hidroeléctrica compartida por ambos países, la gobernabilidad del presidente Lula es particularmente relevante toda vez que, sin duda, impactará en la agenda bilateral.
Segundo, porque la eventualidad de un Lula con escaso margen de gestión política, sin mayoría en el Congreso y con una oposición radicalizada y fanática que crea incertidumbre en términos de presión social y política en el futuro de Brasil, pesaría en el vínculo binacional. Por último, sectores de la política paraguaya simpatizan con Bolsonaro y no es impensable que estos sectores, de ganar protagonismo en las próximas elecciones de abril, perturben, de algún modo, el éxito de la negociación bilateral o dificulten la marcha de esta.
El intercambio en la Celac
La Cumbre de la Celac, si bien no tuvo gran resonancia continental, exhibió que los enfrentamientos de corte ideológico no le hacen bien al sistema democrático, en una región que no se caracteriza por la calidad de su democracia y el respeto a la institucionalidad republicana. Por el contrario, existen repetidos indicadores de que en muchos países a las mayorías populares no les desagrada el autoritarismo. Y eso, en sociedades como la paraguaya, que hace poco más de tres décadas superó con dificultades su pasado dictatorial, despierta un alerta para tener en cuenta.
De igual forma, esta reunión de la Celac fue aprovechada por los presidentes de Argentina y Brasil, Alberto Fernández y Lula Da Silva, para anunciar la idea controvertida de una moneda común entre los dos países con extensión al Mercosur. Es difícil digerir este proyecto, no porque pueda ser imposible crear una moneda de transacción, sino porque existen problemas mucho más importantes en el bloque regional como, por ejemplo, el incumplimiento del artículo 1 del Tratado de Asunción en lo relativo a los pasos fronterizos. La libre circulación personas, bienes y servicios es hasta ahora una norma incumplida. En consecuencia, avanzar hacia una moneda común, que requiere una coordinación de políticas económicas y financieras entre los países, al margen de la estabilidad entre estas, es apenas un discurso que habla sobre un hecho posible en décadas futuras.
«Peaje» argentino al Paraguay
En este enero convulsionado por las medidas y acciones descritas, se inscribe también la decisión del gobierno argentino de aplicar una suerte de peaje a la circulación de embarcaciones paraguayas por la hidrovía del río Paraná, en abierta violación a tratados y acuerdos regionales que regulan y protegen la libre navegación en los ríos internacionales. Es un abuso de derecho que nos recuerdan las imposiciones de tiempos coloniales. Si queremos una integración seria y creíble deben cesar estas barreras paraarancelarias que estancan al Mercosur en la irrelevancia e impiden su avance hacia los objetivos fundacionales.
Sanciones a Horacio Cartes
Por último, las duras sanciones aplicadas por el gobierno de Joe Biden al expresidente Horacio Cartes y al actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, por casos de corrupción, dañan la imagen internacional del país. Esto ofrece al mundo múltiples y efectivas razones para no atraer inversiones extranjeras directas y envía señales negativas de inseguridad jurídica que ya están impactando en los inversores radicados en el país y en aquellos que tienen proyectos en desarrollo de ejecución o que están pensado promover nuevos emprendimientos en el Paraguay.
Por encima de los motivos y causas que impulsaron las decisiones del gobierno americano, mucho tiene que ver en esto la enorme fragilidad de nuestro sistema de justicia, que es el más débil y rezagado de los poderes del Estado en la construcción republicana iniciada hace poco más de tres décadas de transición a la democracia.
En lugares donde la justicia independiente es precaria, la democracia está en serios problemas. En la hora actual, se hace necesario que jueces y fiscales del Paraguay asuman acabadamente los roles que la Constitución y las leyes indican. Su buen desempeño evitará o reducirá la influencia del crecimiento de los poderes fácticos como la corrupción, que asedian la consolidación del proceso democrático.
.
