Este jueves 17 abril se ha hecho público el informe (casi) completo del fiscal especial Robert Mueller sobre la trama rusa.
El Departamento de Justicia ha publicado una versión editada de las casi 400 páginas que componen la investigación que durante dos años realizó el fiscal especial y en la que no se hallaron pruebas de que el actual presidente de Estados Unidos o su equipo de campaña hubiesen conspirado con Moscú durante las elecciones presidenciales del 2016, con el fin de favorecer la victoria del republicano. La decisión de publicar el informe (y/o editarlo en sus partes más sensibles, alegando motivos de seguridad nacional) recayó sobre el fiscal general William Barr, quien en una carta enviada al Congreso hace algunas semanas resumía los resultados de la investigación, queriendo dar por zanjada así una discusión que ha mantenido en vilo a la familia política y a los medios de comunicación de Estados Unidos por dos largos años.
Por su parte, los demócratas han venido exigiendo la publicación del informe en su totalidad, alegando que la investigación no se pronunciaba sobre la posible obstrucción de la justicia que hubiese podido cometer Donald Trump. Los medios de comunicación más influyentes y la oposición demócrata argumentan que, en último término, es al público a quien le corresponde hacerse una opinión sobre la investigación, que es la sociedad la que debe determinar si la conspiración rusa tuvo lugar o no (pues la narrativa de su injerencia en las elecciones los mismos medios se han encargado de que ya nadie la ponga en duda).
En este asunto político, como en casi todos los otros problemas que competen a la actualidad norteamericana, la sociedad se encuentra enconadamente dividida. Para el presidente norteamericano y sus medios de comunicación aliados, las conclusiones del informe lo exoneraron por completo, amén de reafirmarlo en su idea de la caza de brujas a la que ha sido sometido. Para los demócratas y los medios de comunicación más influyentes del ala liberal (Washington Post, New York Times, etc.) la batalla aún no está perdida y cuando menos resulta alarmante la injerencia de un gobierno extranjero en los procesos democráticos del país.
Para quien observa los asuntos de un país que le son extranjeros, la trama rusa y la persistencia con la que se ha hablado de ello en la prensa (no ha pasado una semana sin que se relataran hasta los últimos pormenores del avance la investigación, sus posibles conclusiones y los usos o consecuencias que traería consigo) apuntan hacia otra dirección: la incapacidad de la clase política (demócratas y republicanos por partes iguales) de explicarse la victoria presidencial de Donald Trump (y su más que plausible reelección). Y no es que el impacto de su victoria sea de tal magnitud que a dos años de las elecciones aún se sientan los ecos del cachetazo, o que él mismo se encargue de recordárnoslo a golpe de exacerbados tuits cada día… es que la élite política y mediática no se ha detenido a pensar siquiera en ello y han recurrido, en cambio, a la siempre asequible narrativa del enemigo externo para explicar los fenómenos problemáticos que vive un país: «(el) Rusiagate se convirtió en una conveniente explicación de reemplazo que absolvía a un establishment político incompetente por su complicidad en lo que sucedió en 2016, y no solo por el hecho de no verlo venir».
El problema de recurrir al Rusiagate para desviar la atención de lo que está pasando realmente (Trump, su retórica de odio y violencia y la atmósfera de posverdad que hoy parece infestarlo todo, los cuales son síntoma y no causa de problemas de fondo) y dirigirla hacia lo que se querría que sucediese (por ejemplo, el sueño húmedo del impeachment por parte del ala más radical liberal) no son simples e ingenuas taras de los medios de comunicación, sino que tienen consecuencias graves —más allá del desprestigio y la desconfianza, de por sí preocupante— hacia el cuarto poder entre la población norteamericana.
Para Stephen F. Cohen, profesor de la Universidad de Nueva York y experto en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, el Rusiagate ha minado la confianza en la legitimidad de las elecciones democráticas norteamericanas en general y en el sistema político bipartita en particular, pues finalmente una potencia extranjera es capaz de influir y manejar a su antojo el proceso fundacional de toda democracia, sus elecciones (y sus campañas políticas): «Los costos reales del Rusiagate no son los 25 o 40 millones de dólares que se calcula se han gastado en la investigación de Mueller, sino el daño corrosivo que ha causado a las instituciones de la democracia estadounidense, un daño realizado no por un supuesto eje Trump-Putin, sino por quienes han perpetrado la trama rusa». [1]
Recurrir al agente extranjero, los bárbaros que esperan a las puertas de nuestra civilización, para «explicar» por qué llegamos donde estamos, es un recurso político sin ideología. La xenofobia es aquí rusófoba, [2] pero otras veces —y en otras democracias— ha sido antisemita, gringa o islamofóbica. Es una amenaza inventada que nos exculpa en todo caso de mirarnos al espejo y encontrar que muchas de las causas de nuestros males son los propios demonios que hemos convocado y dejado escampar a sus anchas.
Notas
[1] Publicado el 27 de marzo de este año en el portal The Nation, acá el texto del profesor Cohen sobre los costes políticos de la trama rusa, del que extraigo la cita anotada.
[2] Yasha Levin es un periodista norteamericano de origen ruso y ha seguido críticamente el tema de la trama rusa en algunos de sus textos de opinión, como por ejemplo este sobre el racismo respetable que liberales y demócratas han alentado con el Rusiagate.
