La fuerte debilidad institucional presente en Perú ha impedido visualizar problemas tan evidentes como el cambio climático. En este contexto, la nueva Ley Marco de Cambio Climático representa un halo de esperanza para cumplir de forma eficiente y eficaz con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París y por las contribuciones nacionales presentadas ante la secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas.
Si la intención es enfrentar el cambio climático, necesitamos considerarlo una realidad sustentada en datos. El Ministerio del Ambiente (MINAM) ha presentado cifras que muestran, por ejemplo, que el 67% de los desastres en el Perú están relacionados con fenómenos climáticos o que 5,5 millones de peruanos están expuestos a precipitaciones muy intensas.
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La nueva Ley Marco de Cambio Climático en Perú marca un hito a nivel de Latinoamérica, al ser la primera de su tipo entre los 193 países que suscribieron el Acuerdo de París. Tiene entre sus principales ejes fortalecer el rol de ente rector del MINAM, permitiéndole articular con los diferentes organismos responsables de políticas públicas que incluyan la variable climática. Asimismo, la elaboración del análisis de riesgo climático y vulnerabilidad de las inversiones públicas y privadas sujetas al Sistema Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), de tal forma que sean más sostenibles, lo cual implica el involucramiento de los gobiernos regionales, que deberán incluir estrategias ambientales cuando ejecuten sus proyectos. Del mismo modo, prevé la creación de una comisión multisectorial de alto nivel que definirá el rumbo de la acción climática del Perú.
Finalmente, este dispositivo normativo permitirá cumplir con la reducción de gases de efecto invernadero (GEI), que proceden principalmente de la deforestación de la Amazonía, que en 2017 perdió una superficie boscosa de alrededor de 143.000 hectáreas, equivalente a unos 200.000 campos de fútbol, talados en su mayoría para hacer cultivos a gran escala y minería ilegal en ríos.
Sobre el particular, se suscitan algunas interrogantes: ¿el Estado considerará como prioritario efectivizar los planes y estrategias referidas a la mitigación y adaptación de cambio climático? ¿Acaso la sociedad civil podrá exigir el cumplimiento jurídico de este dispositivo legal basándose en la inercia estatal por luchar contra el cambio climático? Lo cierto es que ahora contamos con una nueva norma jurídica y, sobre todo, una herramienta de exigibilidad legal, en especial, para las poblaciones más vulnerables.
Kathleen Zegarra | @Kath_zegdel
Abogada especialista en políticas públicas. Miembro del Instituto de Estudios Social Cristianos (IESC), de Lima, Perú. Consultora en desarrollo sostenible y cambio climático. Docente universitaria.
