México ha sido un gran defensor de los derechos humanos en foros regionales e internacionales. Pero esto contrasta con la atención y tratamiento que el Gobierno ha tenido en la frontera sur respecto a la migración centroamericana.
Migración en la frontera sur
En los últimos años, el número de personas migrantes que permanecen de manera temporal o permanente en México, así como de solicitantes de la condición de refugiado, han aumentado de manera exponencial. A pesar de que la mayoría de los migrantes provenía ya desde ese entonces del Triángulo del Norte, se prestaba poca atención mediática y gubernamental a la frontera sur, mientras las fallas estructurales de las instituciones del gobierno mexicano para solventar la situación continuaban deteriorándose.
Todo esto empeoró, como en un efecto dominó, con las políticas migratorias estadounidenses, que pretenden prevenir la llegada de migrantes y refugiados a ese país. Fue quizás durante el incremento de solicitudes de refugio de personas provenientes de Venezuela durante 2017 y 2018 cuando las fallas en las políticas públicas e instituciones mexicanas se hicieron más visibles, tales como la incapacidad de otorgar protección complementaria, resolver la situación migratoria de las personas en un periodo razonable o asegurar que su permanencia en estaciones migratorias no fuera violatoria de sus derechos humanos.
En términos legislativos, México tiene un paquete de ordenamientos jurídicos muy avanzados que anteponen la protección de los derechos humanos como pocos países. Empero, las políticas públicas, la infraestructura y la administración pública distan mucho del deber ser que proponen las leyes mexicanas. A la luz de esas condiciones, el agrandamiento de los flujos migratorios ha puesto en evidencia las sistemáticas violaciones a los derechos humanos de migrantes y refugiados, lo que ha rebasado las capacidades del gobierno mexicano.
México como tercer país seguro
Desde hace varios años, en la frontera sur, diversas organizaciones internacionales, agencias de las Naciones Unidas y gobiernos extranjeros han documentado y denunciado las violaciones graves que ocurren en el cruce con Guatemala. La administración federal en curso también había anunciado que era una prioridad el respeto a los derechos humanos de migrantes y refugiados en la frontera sur y a lo largo del país, lo que contrasta con el uso de la fuerza del Estado a través de la Guardia Nacional como auxiliar del Instituto Nacional de Migración (INM) en las fronteras. Y, a pesar de nuevos lineamientos y guías para la protección de los derechos humanos emanados de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de los cambios en las dirigencias del INM y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), con perfiles mucho más capacitados, lo cierto es que las violaciones no han cesado y que, dado el aumento del número de migrantes y solicitantes de la condición de refugiado que permanecen en México, podría decirse que el problema solo ha empeorado.
El incremento del flujo migratorio hacia nuestro país tiene varias causas, pero sin duda el vaivén de convertir a México en un tercer país seguro ha tenido un impacto importantísimo en el asentamiento de migrantes en el territorio nacional. De acuerdo con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, un tercer país seguro surge cuando una nación niega la solicitud de refugio a una persona y la remite a otro, donde considera que se le puede brindar la misma atención. La principal condición para ser un país seguro es la capacidad de garantizar al solicitante que no va a ser retornado a su lugar de origen, además de poder otorgarle vivienda, educación, servicios de salud y seguridad social, empleo e incluso una posible reunificación familiar. Además de que México no cumple con esas condiciones, el trato que sufren las personas en las estaciones migratorias del sur indica que es un país inseguro para los migrantes.
El contraste de la diplomacia mexicana
Luego del avance del régimen talibán y la retirada de tropas estadounidenses en Afganistán, la solidaridad internacional con el pueblo afgano ha sido un hecho celebrable y por supuesto mejorable también. México no se ha quedado atrás con las muestras de solidaridad y ha puesto a su cuerpo diplomático a disposición de las personas afganas en vulnerabilidad. El mismo canciller, Marcelo Ebrard, ha declarado que se les otorgarán las facilidades para tener el futuro que ellos decidan, que podrán resolver sus trámites migratorios y se les brindarán opciones para su desarrollo personal.
Tal solidaridad es y será siempre aplaudible y loable. En el caso mexicano, se harán cumplir las leyes y eso siempre será positivo. No obstante, México tiene una gran deuda con otra población, la centroamericana, la cual no recibe ni las mínimas garantías para resguardar su vida e integridad. Más bien, se acentúa la evidencia de un trato diferenciado y discriminatorio.
Así, nuestro país sigue mostrando dos caras: por un lado, es facilitador de los Pactos Internacionales de Migración y de Refugio y brinda asistencia humanitaria a quienes lo necesitan. Por el otro, aparece como una nación incapaz de atender lo que ocurre en sus fronteras, amedrentando a las personas que vienen en busca de una mejor vida, cuando el gobierno debería procurar el mismo grado de diligencia para todos los que buscan escapar de la violencia y que huyen, pues es la vida misma la que peligra.
Publicación original y fuentes: en página web de la Fundación Konrad Adenauer de México, 3 de septiembre de 2021.
