La postura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante los hechos que se desarrollan en Venezuela demuestra una clara inclinación hacia regímenes y valores ajenos a la democracia, al equilibrio de poderes y a los derechos humanos.
Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Evo Morales, el 1 de diciembre de 2018 en México | Foto: Twitter @DiazCanelB
En pocas horas, la indignación, la solidaridad y las expresiones de repudio frente a un régimen que en su desesperación elige inmolarse en el asilamiento y, con él, arrastrar a las llamas a un pueblo, se propagaron en redes sociales, noticieros, cuentas de Twitter y otros medios.
Junto a esas manifestaciones de apoyo, los rostros de Juan Guaidó y de los indígenas que fueron perseguidos y golpeados, así como las declaraciones de elementos de las fuerzas armadas venezolanas que renegaban del gobierno de Maduro, escribían una nueva página en una historia que, sin final claro aún, ha contado con protagonistas cruciales: Henrique Capriles, María Corina Machado, Julio Borges, Leopoldo López, Lilián Tintori, Antonio Ledezma y millones de mujeres y hombres que, desde el país o desde el exilio, tomaron en sus manos la defensa de la democracia, de la legalidad y de la pluralidad.
Hoy, y salvo posiciones extremas de ceguera, complicidad o conveniencia, al mundo no le queda duda de que más de veinte años de chavismo han traído consigo la casi total y sistemática destrucción de las instituciones, la economía y el entramado social de un país; hoy, además, son cada vez menos los gobiernos que no han expresado su respaldo a un proceso que detenga la usurpación del poder y convoque a elecciones libres.
Maduro y los suyos se encuentran cada vez más solos: como el animal acosado, lanzan embistes que reflejan el tamaño de su desesperación. Pero cuentan, no obstante, con el apoyo de esas naciones que han hecho del autoritarismo —democrático o dictatorial— una forma de perpetrar a un solo grupo en el poder. Ahí están, entre otros, Rusia, China, Cuba, Bolivia y, como nuevo aliado, el gobierno de López Obrador en México.
Desde el 23 de enero pasado, el mandatario mexicano se negó a reconocer a Guaidó como presidente interino. En cambio, a través del canciller Marcelo Ebrard, señaló su preocupación «por los derechos humanos y las libertades» e hizo un llamado a un diálogo que terminó en la presentación del Mecanismo Montevideo a principios de febrero, un infructuoso y abandonado hasta por Uruguay intento de depositar la confianza de una transición en quienes solo buscan aferrarse a como dé lugar al poder.
La justificación que las autoridades mexicanas han esgrimido para sostener hasta el día de hoy su postura tiene un nombre: la doctrina Estrada, un resabio de ambigüedades que, con notorias excepciones —ante las dictaduras de Franco en España y de Pinochet en Chile—, se utilizó en el pasado para mantenerse al margen de conflictos internacionales.
Así, detrás de la trinchera cómoda de los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de controversias y respeto a los derechos humanos que sostiene esa doctrina, se encontraba evitar que el propio gobierno del país fuese cuestionado por la simulación democrática distintiva del régimen encabezado durante más de setenta años por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Durante el siglo XXI y a partir de la alternancia democrática en México, esa postura poco a poco fue cediendo y dejada a un lado para asumir un papel mucho más protagónico en la región; por lo que refiere a Venezuela, tuvo su más destacada actuación en el impulso a la creación del llamado Grupo de Lima.
Hoy, sin embargo, se vuelve a apelar a una serie de justificaciones que cada vez son y serán menos efectivas para ocultar el hecho de que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador es cómplice del régimen asesino de Nicolás Maduro.
Y esa complicidad es a causa de un silencio que calla cuando hay que denunciar, que da la espalda cuando de manera cotidiana se atropellan los derechos humanos, que exige dejar de lado conveniencias o afinidades ideológicas tanto del partido del presidente —Morena— como de sus aliados, para poner en primer lugar la solidaridad frente a la realidad dolorosa y urgente de millones de venezolanos.
El mensaje que México arroja es uno y conciso: se da la espalda a las democracias occidentales y sus valores, y se voltea hacia alternativas que solo tienen en común una vía que termina en diversas formas de autoritarismo. Es pertinente y necesario entender, además, que esa ha sido de igual forma la ruta que hoy sigue la administración de López Obrador.