Cuando ocurre alguna desgracia en el mundo, por regla general, al cabo de poco tiempo se le recrimina a la Unión Europea, acusándola de haber fallado en algo. En el caso del coronavirus, inicialmente se acusó a los países miembros de no haber consensuado sus medidas contra la propagación de la infección; a continuación, surgió la controversia sobre la presunta falta de solidaridad. El expresidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, incluso llegó a advertir que la pandemia representaba un peligro mortal para la Unión.
¿No nos estaremos pasando un poco? Para analizar el papel que la Unión Europea puede jugar en esta crisis global hay que empezar por admitir que Bruselas prácticamente carece de competencias en materia de política sanitaria. No es titular de centros de salud ni de hospitales ni de laboratorios de ensayo. No tiene ni policía de fronteras propia capaz de imponer la prohibición de entrada a la UE que ella misma acaba de decretar.
La UE no es ningún Estado y la Comisión no es un Gobierno. Por lo tanto, no tiene sentido plantearles exigencias que solo un Estado nacional clásico puede satisfacer. Desde este punto de vista fue adecuado que inicialmente cada país procediera por su cuenta contra esta nueva enfermedad. Cuando se produce un foco de infección en el norte de Italia, es razonable reducir la vida pública en esta zona y que la vecina Austria cierre sus fronteras. Pero no es necesario que un país a gran distancia geográfica, poco afectado y con una bajísima densidad de población como Suecia asuma estas mismas medidas inmediatamente. Y no hace falta que para decidirlo se pierda un tiempo precioso convocando al Consejo en Bruselas.
Esto no quiere decir que la UE sea irrelevante en la lucha contra la pandemia y sus consecuencias. Tiene importantes competencias en materia de política económica. Y las ha utilizado de forma rápida y adecuada. La flexibilización de las normas que rigen los subsidios estatales permite a los Estados miembros prestar una ayuda eficaz a sus empresas. La suspensión de las reglas presupuestarias facilita la obtención de los recursos necesarios para ello. También hay toda una serie de iniciativas de menor calado, pero muy útiles, como la compra conjunta de equipos de protección o la participación en el desarrollo de una vacuna o de tratamientos. Tampoco hay que olvidar que enfermos de COVID-19 de Italia y Francia fueron trasladados para su tratamiento a Alemania y a otros países. Una verdadera muestra de solidaridad en un tiempo de crisis, en el que las camas de UCI son un bien muy escaso.
Es una respuesta bastante satisfactoria teniendo en cuenta que se trata de una unión de 27 miembros y de una situación sin precedentes. Otros países que se vanaglorian de su grandeza y de su independencia no dan muestras de saber hacerlo mucho mejor. Pese a ello, Italia, Francia y España han vuelto a plantear, una vez más, el debate sobre la mutualización de la deuda. No parece viable a gran escala, en forma de corona o eurobonos. Pero la Comisión ha propuesto un fondo común de desempleo parcial avalado por fondos comunitarios. Estará dotado de 100.000 millones de euros, lo que no es poco, por mucho que en la crisis del euro las cantidades aportadas fueran aun más importantes.
No es fácil encontrar motivos objetivos que justifiquen esta medida. Incluso la endeudadísima Italia no encuentra por ahora obstáculo alguno a la hora de acceder a los mercados financieros. En esta misma semana se le han concedido varios préstamos a un tipo de interés muy por debajo del nivel de la crisis del euro. Por supuesto, ello se debe a la ayuda del Banco Central Europeo, pero no es previsible que esta ayuda se agote en un futuro próximo.
Es difícil no tener la impresión de que se trata de sacar provecho de estas horas bajas. El presidente francés Macron ha afirmado que lo que importa en este momento histórico no son cifras, sino muestras inequívocas de solidaridad europea. Este mensaje probablemente tenga buena acogida en Francia y en Italia, donde se sueña con la comunitarización de la deuda desde hace mucho tiempo. En Alemania o en los Países Bajos ocurriría lo contrario. Si sus contribuyentes volviesen a temer tener que financiar la deuda de otros países, ello socavaría la legitimidad de la UE. Y proporcionaría nueva munición a los populistas de derechas.
Hay que admitir que la realidad es esta: hace años que en la UE no hay consenso sobre la progresión de la integración, el brexit está muy lejos de estar solucionado, en el este de Europa el Estado de derecho se está desmoronando. Es una situación en la que Europa no se puede permitir una política de gestos simbólicos que sobrepasen sus capacidades. Las graves consecuencias de la pandemia se pueden combatir con los mecanismos financieros existentes, así como a través del nuevo presupuesto comunitario que se está negociando en estos momentos.
Artículo original publicado en Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung el 4 de abril de 2020.
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