El martes 2 de septiembre comenzó el juicio por la trama golpista perpetrada por Jair Bolsonaro y otros miembros de su gobierno en enero de 2023, tras la derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Se espera que, aún esta semana, todos los acusados sean condenados por intento de golpe de Estado.
Es un juicio sin precedentes en la historia de Brasil: un expresidente de la República y militares de las más altas patentes de las Fuerzas Armadas, juzgados por el Tribunal Supremo Federal (STF) por intentar subvertir el orden democrático del país que debían defender (y no intentar destruir). El juicio es la etapa final de un largo proceso, ramificado en varias líneas de investigación, elaborado a lo largo de los últimos dos años y medio.
Todo comenzó con los ataques al Palacio del Planalto (sede de la Presidencia de la República), al Congreso Nacional y a la sede del Tribunal Supremo Federal el 8 de enero de 2023. La Policía Federal, la Fiscalía General de la República y el STF buscaron todas las conexiones golpistas. Según las investigaciones, hay pruebas de que el plan comenzó a elaborarse con antelación. Años antes, Bolsonaro ya deslegitimaba las urnas electrónicas, fundamentales para la democracia brasileña, sin haber presentado nunca pruebas concretas de posibles fraudes.
Debido proceso
El proceso judicial cumplió con todas las etapas, dentro del orden esperado para un Estado democrático de derecho. Además, por supuesto, dio voz a todos los involucrados para que presentaran sus alegatos y defensas. La narrativa de “censura” y “pérdida de la libertad de expresión” por parte de la extrema derecha pierde sentido cuando se analizan cuidadosamente todas las etapas, elaboradas de la forma más cuidadosa posible, con el fin de evitar que pudieran surgir cuestionamientos. El arresto domiciliario de Bolsonaro fue únicamente una forma de evitar que siguiera incumpliendo las medidas impuestas por la justicia. Al fin y al cabo, quien no debe, no teme.
El voto es, sin duda alguna, una herramienta para destituir a los autoritarios del poder, pero no siempre es la mejor forma de frenarlos. La solución principal pasa siempre por el fortalecimiento de las instituciones democráticas liberales y, para ello, también hay que respetarlas. En Brasil, el STF crece para intentar frenar los impulsos golpistas de la extrema derecha. El mayor ejemplo vendrá del respeto de las demás instituciones respecto a las decisiones dictadas por el STF.
El Poder Ejecutivo, actualmente dirigido por el Partido de los Trabajadores, obviamente no lamentará el eventual encarcelamiento de Bolsonaro (más bien al contrario). Por otro lado, hay expectativas sobre el comportamiento de ciertos líderes del Congreso Nacional en relación con el resultado final del juicio.
Sin embargo, independientemente de la postura que adopten los actores políticos más inmediatos, hay que entender que lo que está en juego no es la suerte personal de Jair Bolsonaro o de sus aliados. El juicio que comienza representa una encrucijada histórica para la democracia brasileña. O bien el país establece claramente que no hay lugar para aventuras golpistas, o bien abre una peligrosa brecha para que nuevos actores, en futuros momentos de crisis, se sientan autorizados a repetir los mismos métodos. En otras palabras, no se trata de castigar a Bolsonaro, sino de dar una respuesta clara a la sociedad brasileña y a la comunidad internacional de que el Estado democrático de derecho es sólido, resistente y no tolera rupturas.
La Justicia educa
A lo largo de los últimos años, la democracia brasileña se puso a prueba de manera intensa. Desde las manifestaciones de 2013, que dieron inicio a una fase de prolongada inestabilidad política, Brasil ha vivido un ciclo de polarización constante. Pasó por el proceso de destitución de Dilma Rousseff en 2016, el encarcelamiento y posterior liberación de Lula, y la propia elección de Bolsonaro en 2018, marcada por la radicalización del discurso político. El intento de golpe de Estado de 2023 y los actos terroristas del 8 de enero de 2023 han sido, hasta ahora, el punto culminante de este proceso.
En este sentido, el juicio también se conecta con una dimensión pedagógica de la Justicia. Muestra a la población que las reglas no pueden relativizarse, que la democracia no es un juego de conveniencia y que los líderes políticos tienen responsabilidades proporcionales al poder que ejercen. Esta dimensión simbólica es tan o más importante que la consecuencia inmediata de una condena o absolución.
Desde el punto de vista internacional, el impacto también es evidente. El mundo sigue con atención lo que sucede en Brasil. El ascenso de líderes autoritarios es un fenómeno global y las estrategias para contenerlos varían según las particularidades de cada país. En el caso brasileño, la firme conducción de las instituciones, en especial del STF, envía un mensaje de que la democracia puede reaccionar y defenderse. Recientemente, la revista The Economist señaló que el proceso judicial contra Bolsonaro —y su eventual encarcelamiento— sería un ejemplo para Estados Unidos.
¿Qué lecciones deja el caso?
Es evidente que este proceso no está exento de riesgos. La condena de Bolsonaro reforzará aún más la narrativa de persecución que él y sus seguidores construyen hacen años. Dicha narrativa puede movilizar a una parte significativa de la sociedad en torno al mito del “líder injustamente tratado”. En la práctica, esto prolonga su relevancia política incluso fuera del poder institucional. En este sentido, el reto es equilibrar la justicia con la prudencia, de modo que se castigue sin convertir al acusado en mártir.
Otro punto importante a destacar es la necesidad de reformas institucionales que fortalezcan aún más la democracia brasileña. El juicio puede ser un hito, pero por sí solo no resuelve los problemas estructurales del sistema político nacional. Cuestiones como la desinformación en las redes sociales, la financiación de grupos antidemocráticos, la opacidad en torno a las relaciones entre los militares y la política, y la propia fragilidad de la educación cívica en Brasil, deben estar en la agenda. No basta con castigar a los golpistas de ayer. Es necesario crear mecanismos que dificulten la aparición de nuevos golpistas mañana.
En el Congreso Nacional, la reacción al juicio será un termómetro importante. Si los líderes de centro y centroderecha, que a menudo coquetearon con Bolsonaro por conveniencia, se mantienen neutrales o incluso silenciosos. La democracia brasileña aún necesita madurar en términos de compromiso institucional.
En última instancia, el juicio contra Jair Bolsonaro y sus aliados será recordado como un punto de inflexión. Al igual que la Constitución de 1988 simbolizó el inicio de una nueva era democrática en Brasil, este proceso podría certificar que, tras 35 años, la democracia brasileña ya es lo suficientemente madura como para defenderse de sus enemigos internos. Si esto ocurre, el país dará un paso de gigante hacia la consolidación de un sistema político en el que el poder nunca más se considerará una licencia para subvertir las reglas del juego.
