“México será el país más democrático del planeta”, ha afirmado en diversos foros la presidenta Claudia Sheinbaum. El 15 de septiembre de 2024, dos semanas antes de que tomara posesión del cargo, su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aprobó una reforma constitucional para que todas las personas juzgadoras sean electas por voto popular directo (federales y locales).
Bolivia sería el país más cercano a este caso. Sin embargo, la elección de jueces se limita a los del Tribunal Constitucional. Estados Unidos también elige sus jueces locales, aunque en algunos estados.
¿Democratizar la justicia?
El expresidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que este cambio democratizaría la justicia. Sin embargo, lo que hace es desmantelar la carrera judicial, socavar su independencia y poner a México de camino a un autoritarismo competitivo.
¿Por qué lo anterior no es una advertencia alarmista? Esta reforma ha cesado de sus funciones a más de 1700 personas juzgadoras en el ámbito federal. Entre estos, se incluyen 8 de 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para poner en las manos del partido de gobierno la selección de candidaturas que competirán por los más de 850 cargos de elección para juez, magistrado o ministro. Se disputarán en esta primera elección judicial el próximo 01 de junio de 2025.
En menos de nueve meses Morena desmanteló el Poder Judicial. A pesar de tener problemas de diversa índole, se había consolidado como la institución más profesional y políticamente independiente del sistema de justicia en México. Particularmente, si se le compara con la Fiscalía General de la República o las administraciones estatales que en su mayoría dependen del Ejecutivo. Más aún respecto a las defensorías públicas, las policías o los centros penitenciarios, instituciones que se caracterizan por una marcada ausencia de profesionalización.
Dinamitar la independencia
¿Cuál es la motivación para transformar de manera tan radical al poder judicial? López Obrador dijo en reiteradas ocasiones en su conferencia matutina, conocida popularmente como La Mañanera, que “los jueces son corruptos”. Agregaba: “El poder judicial sirve a intereses creados y conservadores” y “los jueces no le rinden cuentas y están en contra del pueblo”. En sintonía con otros líderes autoritarios de América Latina como Nayib Bukele, Hugo Chávez o Daniel Ortega, AMLO argumentó que el poder judicial impedía a su gobierno realizar la voluntad y el mandato del pueblo al ponerle límites a las políticas que buscaba implementar.
El presidente elaboraba este tipo de declaraciones por lo general cuando un juez o la SCJN declaraban suspendidos sus decretos. O bien declaraban inconstitucionales sus políticas preferidas. López Obrador y Morena comenzaron a difundir la idea de que las y los jueces deben ser electos por voto popular para que respondan al “mandato del pueblo”. En sintonía con las teorías de la erosión democrática, López Obrador no quería dar un golpe en la mesa y destituir a jueces, magistrados y ministros incómodos. Por el contrario, cubierto con un manto de legalidad, impulsó una reforma para “democratizar el poder judicial” como una respuesta al mandato del pueblo.
Esa vía de “democratización” es altamente cuestionable. Solo Morena terminó seleccionando las listas de personas candidatas a la elección judicial en un proceso poco transparente, irregular y con violaciones al texto constitucional emanado de la propia reforma. En acatamiento a suspensiones judiciales que ordenaban detener la implementación de la reforma, el comité de evaluación del Poder Judicial detuvo sus actividades y no entregó la lista de candidaturas. Sin embargo, el Senado, mediante una tómbola, seleccionó las personas candidatas a contender en la elección sin revisión alguna. En contra de lo estipulado por la Constitución cuando señala que, si un comité de evaluación no envía su lista, ésta quedará fuera del proceso.
Votos que socavan contrapesos
La lógica electoral aplicada a la selección de jueces introduce una distorsión fundamental en la función judicial. Ahora, quienes aspiran a impartir justicia deberán competir por votos en lugar de garantizar imparcialidad. De tal manera, como en cualquier otra elección, para ganar un cargo las personas candidatas tendrán incentivos para hacer promesas sobre el sentido de sus futuras sentencias. Esto compromete su independencia y generando expectativas en actores políticos y económicos que pueden presionar para que se cumplan.
Por otro lado, la baja participación estimada —entre el 8% y el 12% del padrón electoral, según el propio Instituto Nacional Electoral— debilita la legitimidad democrática del proceso y la idea de “democratizar el poder judicial”. Finalmente, en México los votos no solo se consiguen con campañas de financiamiento público, sino con financiamiento de distintos grupos, incluidos el crimen organizado. Podemos entonces esperar un incremento también en la letalidad de personas candidatas a juzgadoras.
En otras palabras, la lógica de “votar entre las balas” que hoy prevalece en México para candidaturas políticas alcanzaría también a jueces y juezas. Esto pone en riesgo no solo su vida, sino la posibilidad misma de una justicia independiente.
En manos de amateurs
Además, elegir jueces por voto popular pone en riesgo la justicia profesional. Se destituyeron personas juzgadoras con carrera judicial de entre 10 y 25 años de experiencia en promedio. Fueron sustituidas por personas que nunca han estado en un juzgado, abogados con más de cinco años de experiencia. Así, la justicia en México estará en manos de amateurs y personas con compromisos hacia sus votantes. Además, deberán superar la curva de aprendizaje en materia penal, civil, mercantil y laboral para, en seis años, ir a las urnas de nuevo a pedir el voto.
El problema central de esta reforma es que convierte a la Suprema Corte en un órgano subordinado al poder político en turno en lugar de mantener su función esencial como contrapeso institucional. Es un regreso al autoritarismo competitivo que México tuvo durante el PRI, cuando el partido podía seleccionar cada seis años (como lo hizo Morena ahora) a quienes se sientan en la Suprema Corte. Lejos de que México se convierta en “el país más democrático del planeta”, la elección de jueces por voto popular consolida el control del partido en el gobierno sobre el Poder Judicial. Esto desdibuja la separación de poderes y erosiona la democracia constitucional. Democracia no es solo voto popular y mayorías, sino derechos y libertades. Esa idea ha ido perdiendo terreno en México con el gobierno de Morena.
