Cuarenta y ocho años de dictadura militar de la familia Somoza no le parecieron suficientes a Daniel Ortega, que ha instaurado en Nicaragua un régimen autoritario sostenido sobre la represión y la encarcelación de sus opositores políticos. No queda nada de aquella Revolución sandinista que terminó con el somocismo en 1979. No hay una sola voz sensata en el continente que justifique el proceder del gobernante que una vez fue capaz de compartir mesa con Sergio Ramírez, Violeta Chamorro o Alfonso Robelo Callejas, en la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional que recibió la encomienda de pilotar la transición post-Somoza.
Control absoluto
El presidente nicaragüense tiene a su favor a los magistrados en el Consejo Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y una bancada mayoritaria en la Asamblea Nacional que aprueba todas las leyes que presenta. Además, controla el aparato gubernamental. Sólo le quedaba extender su poder hasta el nivel local, para consolidar su deriva autoritaria.
La socióloga Elvira Cuadra Lira, investigadora asociada del Centro de Investigación de la Comunicación y del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas de Nicaragua, se refiere al tema en un artículo publicado en Diálogo Político sobre las elecciones para elegir gobiernos municipales.
A pesar de la coacción del régimen a los ciudadanos, los niveles de abstención fueron muy altos. Periodistas y ciudadanos que vencieron con valentía a la censura mostraban imágenes de centros de votación vacíos y simpatizantes del gobierno visitando casas para convencer a la gente de acudir a votar. Así evidenciaban el amplio rechazo a Ortega incluso entre sus propios partidarios.
Control de gobiernos municipales
Sin embargo, las 153 alcaldías del país quedaron en manos del partido de Ortega. Un resultado que no parece extraño, teniendo en cuenta el contexto opresor. En efecto, tanto los representantes de la Organización de las Naciones Unidas en la región como los portavoces de la Unión Europea no se mostraron sorprendidos y manifestaron abiertamente su rechazo.
Desde 2008, Ortega ha ido controlando prácticamente todos los gobiernos municipales a través de procesos electorales fraudulentos. Esto ha convertido a las alcaldías en aparatos ejecutores de las decisiones adoptadas desde la presidencia. También, como explica Elvira Cuadra en su artículo, en instrumentos de sus prácticas clientelistas antes del estallido social de 2018. Y, más recientemente, en centros de operación de las fuerzas represivas gubernamentales. Tremendo panorama el de la administración más cercana al ciudadano en Nicaragua.
La construcción de un autoritarismo
«La deriva autoritaria de Ortega se podría decir que inició aún antes de regresar a la presidencia en el año 2007», puntualiza Elvira Cuadra. Según la socióloga, un hito en ese recorrido autoritario lo marca el periodo entre 1998 y el año 2000, cuando se materializa un acuerdo político entre Ortega y el entonces presidente Arnoldo Alemán, principal líder de las fuerzas liberales en Nicaragua, que en términos prácticos «significó una reforma a la ley electoral que disminuyó el porcentaje de voto requerido para llegar a la presidencia en primera vuelta, así como el control de los diferentes poderes del Estado».
Cuadra agrega que, una vez en la presidencia, hubo otro momento clave en este proceso:
«En el año 2014, cuando Ortega reforma la Constitución, reforma leyes importantes del sector de la defensa y la seguridad, que cambian la naturaleza del régimen político por uno de carácter autoritario y construye además un marco jurídico que le da forma a ese régimen autoritario y dinástico».
Prácticamente nadie de los que acompañaron la Revolución sandinista se encuentran junto a Ortega en la actualidad. Por el contrario, han adoptado una posición crítica y forman parte de la oposición. Es el caso, por ejemplo, de Sergio Ramírez, que fue vicepresidente de Nicaragua en esa época, un reconocido escritor que desde la literatura ha revelado la situación del país.
Persecución y encarcelamiento de las voces críticas
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, conformado por organizaciones de derechos humanos, familiares de presos políticos, excarcelados políticos, abogados defensores de presos políticos y activistas territoriales y digitales, registra un total de 209 presos políticos desde abril de 2018. La noción de persona presa política de la que parte este Mecanismo se deriva del abuso de poder, uso del derecho penal y de la administración de justicia por parte del Estado como herramienta de persecución política.
Elvira Cuadra explica que entre quienes están encarcelados hay un número importante de personas que hacían activismo político o eran líderes en sus comunidades en sus localidades:
«Hay un grupo de poco más de cincuenta que estaban en posiciones relevantes como, por ejemplo, jóvenes líderes estudiantiles, personas de centros de pensamiento, siete personas que tenían la intención de candidatearse para las elecciones presidenciales del 2021, defensores de derechos humanos, periodistas, académicos, intelectuales, etc.»
Rechazo de la comunidad internacional
Es imposible construir ningún país si sus mejores hombres y mujeres están encerrados en la cárcel. Cuadra señala que la mayoría de ellos están sometidos a torturas, tratos crueles, denigrantes, igual que sus familiares, que también están viviendo esa situación. «Y una buena parte de ellos han sido juzgados y condenados por delitos que fueron construidos por Ortega para condenarlos. Sus familiares, al igual que organizaciones internacionales de derechos humanos y diversos actores de la comunidad internacional han realizado diferentes acciones para su liberación. Sin embargo, no hay ninguna voluntad del régimen para que eso se haga efectivo», sostiene la socióloga.
Frente a la situación de esas 209 personas presas en Nicaragua por sus ideas políticas, incluyendo en la lista a miembros de la Iglesia católica como monseñor Álvarez, surgen interrogantes: ¿por qué un régimen como el de Ortega está tan fuera del foco de la comunidad internacional? ¿Por qué se permiten sus desmanes y la opresión a su pueblo?
Analiza Cuadra:
«La prolongación de la crisis sociopolítica en Nicaragua ha generado una especie de agotamiento del tema en la agenda pública internacional. Y eso ha llevado a que vaya pasando a segundo plano, sobre todo frente a acontecimientos más actuales y de relevancia que están ocurriendo en América Latina y en el resto del mundo»
Aislamiento internacional
Según la académica, esa es una de las razones por las cuales Nicaragua ya no aparece de manera tan relevante en los medios de comunicación. «A Ortega eso le conviene, porque le da el espacio político para mantener su represión dentro de Nicaragua, para mantener la vigilancia sobre los ciudadanos y sostenerse siempre en el poder. Además, él ha seguido una política de aislamiento de la comunidad internacional y la ausencia de noticias sobre Nicaragua favorece ese propósito», concluye Cuadra.
Ortega ha construido un sistema autoritario y de partido único en Nicaragua. Un proceso que se ha acelerado en los últimos cinco años. La sociedad nicaragüense está permanentemente bajo control, bajo vigilancia, y no se permite ninguna clase de disidencia. Ortega controla los poderes del Estado y las decisiones están completamente centralizadas en la pareja presidencial. Frente a este escenario, Elvira Cuadra no duda en sentenciar que el gobierno de Ortega es «uno de los regímenes más autoritarios de América Latina».
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