No han sido pocas las veces que en el Paraguay los resultados de comicios han sido puestos en duda. Partidos como Patria Querida y varias organizaciones ciudadanas pelean por una modificación del Código Electoral Paraguayo que establezca el desbloqueo de las listas de candidatos a cargos colegiados.
En las elecciones generales de abril de 2018, por ejemplo, los candidatos de la Alianza Ganar, el conglomerado de partidos de centroizquierda que compitió con el Partido Colorado por la primera magistratura, no reconoció —ni lo ha hecho oficialmente hasta el día de hoy— los resultados que dieron como ganador al colorado Mario Abdo Benítez. Las encuestas previas a los comicios dieron hasta 20 puntos de ventaja a Benítez por sobre su contendor, Efraín Alegre. Sin embargo, Abdo ganó por una diferencia menor a 100.000 votos, lo que no solo contribuyó al desprestigio de las empresas encuestadoras, sino que además puso en tela de juicio todo el proceso electoral.
Un poco de historia
Durante los primeros 20 años de la transición democrática, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, única institución encargada del juzgamiento de las elecciones en el país, había logrado cierto nivel de confianza ciudadana en cuanto a su rol jurisdiccional, especialmente en el año 2011, cuando los ministros del TSJE anunciaron la derrota del hegemónico Partido Colorado ante la Alianza que llevó al exobispo Fernando Lugo al poder. Fue el propio ministro colorado del Tribunal, Juan Manuel Morales, quien dio a conocer el triunfo de Lugo.
Sin embargo, luego de esas elecciones hubo un recambio de personas en el TSJE. Algunos de los ministros que habían asumido luego de la promulgación de la Constitución de 1992, que estableció el tribunal juzgador de elecciones, estaban en retirada. Además, investigaciones periodísticas habían dejado al descubierto innumerables casos sospechosos de corrupción, como protección a planilleros (personas que cobran salarios públicos sin ejercer función alguna), licitaciones amañadas y una serie de situaciones que configuraban un mal desempeño de funciones, aunque ninguno de los intentos por juzgar políticamente a los ministros del TSJE pudo prosperar en las Cámaras legislativas.
El TSJE está conformado sobre la base del mutuo control, es decir, cada partido político tiene su cupo de representación en el Tribunal. Un esquema ideal para el mantenimiento del tradicional bipartidismo que fue prácticamente hegemónico durante el siglo pasado, anulando de hecho el nacimiento de cualquier tercer espacio. Esta situación ha dado lugar a un sinnúmero de manipulaciones y abusos de poder que tienen como objetivo real mantener sin amenazas a las dos principales fuerzas políticas: la Asociación Nacional Republicana (ANR) y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en el poder.
Pero este estado de cosas ha ido en franco deterioro. Los ciudadanos han buscado afanosamente otros mecanismos de representación y espacios donde desarrollar ideas políticas mucho más renovadoras. El Frente Guazú se ha conformado en base a ideas de izquierda, bajo el liderazgo de Fernando Lugo; el PDP, partido de centroizquierda, liderado por un matrimonio de políticos veteranos; el Partido Patria Querida, de centroderecha, que habiendo perdido su representación legislativa en 2013 volvió sin embargo con fuerza en las últimas elecciones. Ninguno de estos sectores tiene representación en el organismo juzgador.
Debido a ello es que, desde hace 17 años, partidos como Patria Querida y varias organizaciones ciudadanas pelean por una modificación del Código Electoral Paraguayo que establezca el desbloqueo de las listas de candidatos a cargos colegiados. Hasta ahora, el Código establece que las elecciones se realizarán con listas cerradas y bloqueadas, es decir que, al votar, el ciudadano elige la lista y todos sus componentes, sin posibilidad de marcar a un candidato de su preferencia.
Con la modificación ya aprobada por ambas Cámaras legislativas, se busca dar un primer paso para disminuir la crisis de representación que hasta ahora deja a un enorme sector de la población paraguaya sin presencia real en las Cámaras legislativas y en los demás cargos colegiados (juntas municipales y departamentales). La modificación consiste en la posibilidad de dar un voto preferente a un candidato dentro de listas cerradas. Esto daría al menos una posibilidad de elegir un candidato que realmente llegara a la ciudadanía y no sería solo una imposición del partido político. Muchos son los detractores del sistema; señalan que esta no es más que una modificación de fachada que no tendrá una real incidencia ni cumplirá el objetivo de mejorar la calidad de la representación. Pero los paraguayos, especialmente los jóvenes —que son la inmensa mayoría del padrón nacional—, no se resignan a seguir con el esquema casi decimonónico que consagra el bipartidismo en detrimento de las demás corrientes de pensamiento que, por cierto, están cada vez más diversificadas en la sociedad paraguaya.
