En este artículo nos referimos a una forma particular de participación, la electoral. Entendemos por tal «el número o el porcentaje de ciudadanos que acudieron a votar en elecciones de carácter político. Este dato puede ser trabajado tanto en el nivel agregado, utilizando los resultados de las votaciones, como en el nivel de datos individuales, a través de estudios de encuesta» (Pérez Barat, 2006). Que la participación electoral es importante lo dicen diferentes teorías de casi todas las escuelas de pensamiento sociales. Allí donde hay democracia, allí donde los regímenes son estables y con elecciones regulares, y allí donde se crean nuevas instituciones políticas (como es el caso uruguayo), en todas las situaciones la participación electoral es observada para encontrar y situar aspectos concretos e importantes de la vida en una comunidad política.

Debido a que algunos ciudadanos se relacionan con el Gobierno solamente a nivel local, es probable que formen sus impresiones acerca de la democracia a partir de estas experiencias. Por lo tanto, una proporción considerable de los ciudadanos puede basarse en sus interacciones con el nivel local de gobierno a la hora de formular sus opiniones sobre la democracia y las instituciones democráticas.

En Uruguay, en febrero de 2010 se aprobó la ley 18567 (de Descentralización Política y Participación Ciudadana) que habilitó la creación del tercer nivel de gobierno. Esto permitió que surgieran 89 municipios en todo el país, que aumentaron a 112 en 2015.

Por ello, las investigaciones sobre este nuevo nivel de gobierno, y particularmente sobre la participación electoral a nivel municipal, son incipientes y en general descriptivas. Es poco lo que se conoce sobre cuáles han sido sus resultados. A pesar de ello, la primera evidencia al respecto indica que, al menos según los alcaldes, la creación de los municipios aumentó la participación ciudadana y la cercanía con la gente (Queirolo y Boidi, 2013).

La primera elección municipal, en 2010, arrojó resultados llamativos por los elevados niveles de voto en blanco y anulado que contrastaron con el promedio histórico —tanto a nivel nacional como departamental— que ha oscilado en el entorno del 3% (Magri y Freigedo, 2010; Freigedo y Lorenzoni, 2011). En los novísimos escenarios municipales la suma de ambos alcanzó guarismos sorprendentes: 64 % en el caso de Montevideo, con un promedio de 50 % en todo el país. En general se observó un menor índice de votos en blanco y anulados (entre 8 y 20 %) en los departamentos menos poblados y que presentaban menor índice de desarrollo humano (IDH) para el año 2010.

Para decirlo de una manera muy simple, en la primera elección municipal de la historia de Uruguay los niveles de voto en blanco y anulados fueron sorprendentemente elevados, sobre todo en comparación con los de la elección departamental y nacional en esos mismos territorios. Pero, además, en los lugares de mayor concentración demográfica y mayores niveles de modernización, la participación fue menor, contradiciendo varios supuestos teóricos sobre la participación electoral.

Luego de realizadas las segundas elecciones, en 2015, algunas de las luces rojas encendidas luego de 2010 parecen haber sido más el resultado del apresuramiento por evaluar a partir de una sola instancia medible, que fruto del resultado mismo. Dados los resultados registrados en 2015, la participación electoral en la mayoría de los municipios no solo parece gozar de buena salud, sino que ha generado mayores atractivos que la propia instancia departamental, algo por cierto insospechado cuando observamos lo ocurrido en 2010. Pero, y aquí aparece uno de los mayores desafíos a responder por los cientistas sociales, ambas instancias han generado un cúmulo de elementos que contradicen algunas de las teorías con las que contamos para explicar la participación electoral.